Moncloa retoca la LEC al dictado de Junts "para no ponerle fácil al Supremo ir contra la amnistía"

En la semana en la que estaba previsto que Pablo Llarena, instructor del caso del procés en el Tribunal Supremo, decidiera sobre la aplicabilidad o no de la amnistía a Puigdemont, el Gobierno muestra su disposición a seguir cumpliendo sus acuerdos con los partidos independentistas.

Y lo hace reincidiendo en una práctica ya declarada inconstitucional en varias ocasiones, la de colar en leyes y decretos otras disposiciones legales que nada tienen que ver con el texto original. Como ocurrió la semana pasada, también, en la Ley de Paridad.

El acuerdo por el que Moncloa aceptó suprimir este artículo tiene casi seis meses de antigüedad, y se cumple, ahora, a escondidas.

El pasado 10 de enero, en una mañana frenética, Pedro Sánchez se encaminaba a su primera gran derrota parlamentaria en la legislatura recién iniciada. Los siete diputados de Puigdemont en el Congreso habían confirmado que no apoyarían la convalidación de tres decretos que eran perentorios para el Gobierno.

Finalmente, se llegó a un pacto in extremis, y los parlamentarios del partido de derecha independentista, simplemente, no apretaron ningún botón. Dos decretos pasaron el corte, pero uno decayó, el del subsidio de desempleo, por el voto negativo de los (entonces) cinco diputados de Podemos.

El acuerdo incluía varios puntos. Uno de ellos, la cesión a la Generalitat de Cataluña de "todas las políticas de inmigración". Por ejemplo, eso está provocando ahora que el Govern en funciones de Pere Aragonès esté poniendo trabas a la aceptación del reparto de los miles de menores no acompañados llegados a las costas canarias.

Derogar mientras apruebas

Otro punto, "fundamental" para Junts, era la derogación del artículo 43 bis de la LEC... que aún no estaba ni en vigor, porque iba dentro de uno de los decretos que se iban a convalidar en aquella sesión.

Concretamente, en el RDL 6/2023 de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquel era un texto ómnibus que, en sus 170 folios, fue bautizado por Junts como "decreto macedonia", y se negó a votarlo alegando que no se había "consultado ni negociado" con ellos.

Pero, sobre todo, Puigdemont dio orden desde Waterloo de hacerlo caer porque en esa norma se introducía este nuevo artículo 43 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil que "entorpecía la aplicabilidad de la amnistía".

Pero, ¿en qué sentido?

Según el texto, ahora derogado, "el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Y que cuando una prejudicial presentada por otro juzgado esté "directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal", el titular del juzgado puede "suspender motivadamente el procedimiento" sin más.

Y eso, ¿qué importancia tiene?

La realidad es que si se plantea una cuestión prejudicial, el procedimiento "se para siempre y en todo caso", tal como explican a este diario fuentes jurídicas. Esto es así porque de tal manera está recogido en el reglamento del TJUE, que es preeminente. "Da igual que lo diga o no una norma nacional", añaden estas fuentes. De hecho, daría igual, incluso, si la norma nacional dijera que no se suspende, porque sería inaplicable al ir en contra del Derecho de la Unión.

O lo que es lo mismo, que el derecho comunitario prevalece sobre el español. De modo que la introducción en la LEC de este artículo no aportaba nada más que aclaración y transparencia. ¿O no sólo?

Los fondos UE como excusa

Si el 6/2023 era un real decreto para el cumplimiento de los compromisos del PRTR español con la Comisión Europea, ¿por qué se introdujo esa "aclaración" sobre las prejudiciales que tanto molestaba a Puigdemont?

Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esa disposición era imprescindible para cumplir con la Comisión Europea. Es decir, que formaba parte del pacto alcanzado con Bruselas para recibir los 10.000 millones de euros del cuarto desembolso de Bruselas... ese pago recién aprobado, con un año de retraso y con un descuento de 158 millones por otros incumplimientos.

Sin embargo, el mismo Bolaños justificó esa misma tarde del 10 de enero aquella cesión a Junts alegando que la derogación acordada "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país".

Y que donde había dicho digo un mes antes, ahora podía decir diego. "El compromiso alcanzado con Bruselas es convalidar un real decreto que tiene casi 200 folios, no una disposición concreta". Y que eliminarla, aseguró, "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales", porque así lo marca la jurisprudencia del TJUE y del Supremo.

"En un decreto ley tan amplio, tan extenso, tan ambicioso", añadió presumiendo de las medidas de "digitalización, modernización y agilización" que incluía la norma, "una simple controversia sobre un artículo que realmente no cambiaba nada, pues no tenía demasiado sentido".

Desde el entorno de Puigdemont, este jueves, se celebra el cumplimiento de Moncloa, aunque sea con retraso, de "un acuerdo que estaba pendiente desde enero". Porque "por precaución, mejor no dar ninguna agarradera a los jueces", apunta uno de los redactores de la Ley de Amnistía.