El Gobierno pactará con el PP el reparto de menas de Canarias al margen de Junts e incluirá a Cataluña

Aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo todavía no ha dado luz verde al pacto, que tiene que pasar por el Congreso, parece inclinado a acabar haciéndolo, siempre y cuando el Ejecutivo logre convencer a las CCAA gobernadas por los populares. Además, fuentes del PP señalan que incluir a Cataluña en la redistribución de los menores es condición sine qua non para votar a favor del reparto en la Cámara Baja.

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y el PP, alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo central para reformar la Ley de Extranjería. La meta final es obligar a las comunidades autónomas a participar en la redistribución y así reducir el insostenible número de migrantes menores que hay en la región insular.

La legislación actual establece que los menores migrantes no acompañados son responsabilidad de la comunidad autónoma a la que llegan. De ahí la propuesta de reforma que ha puesto encima de la mesa Canarias, en la que han participado los ministerios de Inclusión, Infancia y Hacienda, capitaneados por el de Política Territorial.

A día de hoy, los servicios de atención a estas personas están colapsados en Canarias. En total, el Ejecutivo encabezado por Fernando Clavijo tiene que gestionar la atención de unos 6.000 menores. Una cifra que incluso podría crecer este verano. Coincidiendo con la mejora de las condiciones climáticas, se suele disparar la llegada de migrantes por mar. 

El presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunieron este martes y miércoles con todos los grupos del Congreso para sondear el apoyo a la reforma. Sólo Vox se ha negado en rotundo a apoyarla. Junts, mientras tanto, ha dicho que votará a favor únicamente en caso de que se excluya a Cataluña del reparto.

Traspaso de competencias

La formación de Carles Puigdemont, en pleno endurecimiento de su discurso migratorio, considera que es incoherente que el Gobierno de España imponga el número de menores migrantes que tienen que ir a parar a Cataluña, a la vez que se están traspasando las competencias de migración.

Pero desde el Gobierno hacen oídos sordos a esta advertencia. "Junts tiene los votos que tiene", aseguran fuentes del Ejecutivo. "Lo importante es que la reforma la apoye el PP. Además de ser el principal grupo parlamentario en el Congreso, gobierna en la mayor parte de las comunidades autónomas y es imprescindible que estas colaboren", añaden.

Para convencer al PP, se va a celebrar una conferencia sectorial en Canarias la semana que viene o la próxima. La intención es conseguir el sí del principal grupo de la Cámara para aprobar la reforma. En todo momento, en Génova 13 se han abierto a apoyar la reforma legal, siempre y cuando sus barones acepten el reparto que fije el Gobierno de manera multilateral. 

Lo que el Ejecutivo todavía no ha decidido es si los cambios en la Ley de Extranjería para dar salida al embrollo canario vendrán recogidos en una proposición de ley de los grupos políticos o en un decreto del Gobierno. En ambos casos, es indispensable el respaldo del Congreso. 

Garantías jurídicas

No obstante, en Moncloa se decantan por una iniciativa legislativa en las Cortes. Según estiman, es la fórmula que más garantías jurídicas aporta, aunque el Gobierno autonómico de Canarias prefiere el decreto ley, porque inicialmente puede entrar en vigor sin los apoyos, aunque luego tendría que ser refrendado por el Congreso.

En estos días, el Ejecutivo está elevando la presión sobre el PP para que se decante y brinde su sí. "Esto no se puede hacer sin el apoyo de las comunidades. Los partidos políticos se van a definir en lo votado en las Cortes", dijo Ángel Víctor Torres este jueves. "En pocas semanas sabremos qué votan los partidos, qué deciden y cómo explican ese voto", añadió.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dijo también que el PP tiene "una responsabilidad superior" y pidió al partido de Alberto Núñez Feijóo "coherencia" y que vote lo que ya había aprobado el PP de Canarias como miembro del gobierno autonómico.

Al margen de la negociación entre el Gobierno y las CCAA, que decantará la decisión final del PP en las Cortes, hay otro factor más en este asunto: Vox no sólo ha rechazado apoyar cualquier reparto de migrantes menores procedentes de Canarias, sino que además ha amenazado con romper los gobiernos autonómicos de coalición con el PP si la bancada popular vota a favor de la reforma de la ley de extranjería que regula dicho reparto. 

En este juego de chantajes, el PP también hace oídos sordos a las amenazas de Santiago Abascal y asegura que hará lo que decidan sus presidentes autonómicos. De entrada, el principal partido de la oposición está a favor de reducir la carga de migrantes menores que pone en jaque a las islas Canarias. Si, además, el Ejecutivo logra convencer a sus barones, la ley saldrá adelante con el voto a favor del PP.