El "método Bolaños" y las gestiones internas de Feijóo: así se desatascó el acuerdo sobre el CGPJ

El presidente del Gobierno ejecutaba un plan elaborado en la Moncloa para intentar la renovación del CGPJ aprovechando las circunstancias propicias para empujar al PP, sobre todo, el impulso del trabajo ya realizado con la Comisión Europea de mediadora.

Además, llegaban el verano y la tregua electoral justo después de las elecciones europeas, y persistía la necesidad de acuerdos para otras instituciones: Banco de España, CNMV, RTVE...

El contexto objetivo era favorable, aunque el subjetivo no lo era tanto, porque el PP disfrutaba de su triunfo en las europeas y el PSOE intentaba mostrar capacidad de resistencia en las urnas.

Según lo que se escuchó en aquel Pleno del día 12, se trataba de que "la ultraderecha" y "los bildutarras" se pusieran de acuerdo para cerrar cinco años y medio de bloqueo institucional.

Todo estaba previsto, salvo que el ejecutor del plan e interlocutor con el PP, el ministro Félix Bolaños, fuera operado de urgencia a las dos de esa madrugada por una apendicitis. Aún así, el ministro cumplió su parte desde el hospital y escribió un WhatsApp al vicesecretario del PP, Esteban González Pons, con un escueto mensaje: "Tenemos que vernos".

Efectivamente, sin tiempo para la recuperación, se vieron en secreto unos días después en algún lugar cerca del Congreso y acordaron intentarlo de nuevo. De hecho, repitieron esas reuniones en varias ocasiones en Madrid hasta cerrar el acuerdo el martes en Bruselas.

Bolaños informaba sólo a Sánchez y Pons a Feijóo, para evitar filtraciones. En los últimos meses ambas partes sí habían recabado propuestas de nombres de candidatos. El PSOE los pidió, por ejemplo, al diputado de Sumar Enrique Santiago y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el PP a asociaciones judiciales y de fiscales.

En esos días también intercambiaron múltiples mensajes con propuestas concretas, textos rectificados y una cierta complicidad.

La base de la negociación estaba ya establecida en conversaciones anteriores. Por ejemplo, respecto a la lista de candidatos manejada en el intento frustrado de 2022 sólo ha habido cinco o seis cambios. Es decir, se partió de la idea trabajada ya en tiempos de Pablo Casado y Teodoro García Egea de dejar en manos del futuro CGPJ la propuesta sobre una hipotética modificación del sistema de elección.

El párrafo clave

Estaba pactada la fórmula desde entonces, pero no la redacción exacta. Quedaba como gran escollo -al que han dedicado horas- la redacción concreta de ese párrafo referido al sistema de elección, porque como es sabido, el PSOE no renuncia a la elección parlamentaria y el PP quiere aplicar el mantra que repite machaconamente de que "los jueces elijan a los jueces".

Para desbloquearlo, según fuentes de ambas partes, se terminó aplicando lo que conocen ya como "método Bolaños", que podría definirse como una redacción lo suficientemente ambigua como para que quepan varias opciones y, por tanto, las dos partes puedan vender su relato de triunfo. "Se ha peleado cada coma, pero nadie puede decir que haya ganado o que haya perdido el otro", explican fuentes de la negociación.

El "método Bolaños" fue utilizado ya en los pactos de investidura con Junts y ERC, y antes en la mesa de diálogo con los independentistas en la anterior legislatura. Entonces se buscaron redacciones amplias para asuntos delicados como las comisiones de investigación en el Congreso y el llamado lawfare, sobre los que cada negociador podía pregonar su triunfo y, de alguna forma, se aplazan las cuestiones más delicadas.

En este caso, se encarga el informe al nuevo CGPJ, aunque el PSOE descarta totalmente apoyar un sistema de elección mayoritariamente corporativa, dando por hecho que la mitad del nuevo Consejo, la progresista, tampoco va a apoyar ese cambio. Y el PP puede sostener, con la literalidad del acuerdo, que se va a estudiar o abordar el cambio del modelo.

El viernes, el Gobierno confirmó que "el PP iba en serio" y al inicio del fin de semana siguieron los contactos, que sirvieron para que las dos partes dieran esos días ya por hecho el acuerdo. Este se terminó de cerrar el lunes. Ese día por la tarde se contactó con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para concertar el encuentro del martes, ya con todo acordado, incluso la forma de comunicarlo.

Para llegar al acuerdo, socialistas y populares han llevado a cabo un trabajo intenso fuera de la estricta negociación. Especialmente, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, según admite el Gobierno y confirma el PP. De hecho, en la Moncloa vieron muy posible el acuerdo cuando detectaron esas gestiones.

Por ejemplo, desde el PP han movilizado a las asociaciones de jueces más próximas e hicieron que la sala de Gobierno del Tribunal Supremo hiciera público el lunes un comunicado pidiendo la renovación. El PP explica que detectaron hartazgo en la carrera judicial por lo que supone de freno a sus expectativas profesionales.

Feijóo hizo el trabajo venciendo resistencias en su partido, de hecho, el mismo lunes aun una destacada dirigente del PP se pronunció en contra del acuerdo en una reunión en Génova, sin saber cómo habían avanzado los acuerdos. También con el entorno mediático del PP, lo que fuentes de la negociación llaman "los federicos", y que incluye a diferentes medios que acogieron finalmente el acuerdo con satisfacción.

Reforma o informe

Fuentes del PP estiman que ha sido fundamental la participación de Europea. Los socialistas matizan que, en gran medida, esa mediación ha servido para ayudar a Feijóo a levantar el bloqueo y convencer a "los suyos".

Bolaños y Pons mantuvieron tres reuniones en Bruselas desde enero a marzo ante el comisario Didier Reynders, hasta que éste les dijo algo así como "no vengan hasta que no me traigan algo".

El 27 de marzo estaba prevista otra reunión, coincidiendo con la Semana Santa, pero el PP la suspendió en el último momento. Los populares lo explican por la celebración de tres elecciones diferentes y el Gobierno, por cierto malestar del entonces comisario, que preveía desplazarse a Madrid.

Para entonces, el acuerdo estaba en un 85%, según explica una de las partes, pero la negociación se frenó hasta el 12 de junio. Bolaños y Pons hablaron esporádicamente, pero no sobre el CGPJ.

Para los populares, finalmente, ha sido determinante que el Gobierno tuviera que aceptar que Europa controlara la negociación y garantizara el cumplimiento de los resultados.

El Gobierno da por hecho que, tras este acuerdo, la Comisión Europea hará público el 23 de julio su informe sobre derechos en España y dirá que "todo está ok".

Para el Ejecutivo, el cambio de Feijóo ha venido por la presión de los propios jueces, sobre todo, tras conocerse el ultimátum de Sánchez con la amenaza de un cambio de ley, y también por haber apreciado que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y principal adalid del bloqueo, está ahora en una situación de relativa debilidad política, dentro y fuera del partido. Fuentes de la dirección del PP ratifican este último extremo.

Respecto a la cláusula sobre la propuesta que debe hacer el nuevo Consejo sobre el nuevo sistema de elección, el Gobierno subraya que el Congreso y el Senado tendrán la última palabra. De hecho, es posible que lo que haga sea un informe y no una reforma legal articulada, y eso será precisamente lo quedaban hacer los partidos en las Cortes.

Cauce abierto PP-PSOE

El Gobierno resta importancia a las discrepancias sobre el alcance del acuerdo y remiten a la negociación que entonces debe llevarse a cabo. La literalidad, explican, no obliga a cambio alguno, y Europa siempre ha exigido participación directa de los jueces, pero puede llevarse a cabo incrementando su capacidad de propuesta. Esta última posibilidad podría estar, incluso, en la propuesta del CGPJ, que precisa un gran consenso entre los dos sectores.

Y el PP augura un nuevo debate en 2025, una vez que el CGPJ se pronuncie, y siempre y cuando siga la legislatura.

Todas las fuentes del Gobierno niegan que haya cambiado la legislatura o que se plantee otra orientación u otros socios. Aunque sí habrá durante el mes de julio anuncios de acuerdos con el PP sobre nombramientos en otras instituciones. No estuvieron sobre la mesa dentro de la negociación entre Bolaños y Pons, pero no cerrar el pacto sobre el CGPJ hubiera hecho imposible que el PP participara, por ejemplo, en la renovación del Banco de España.

Queda, además, un cauce de diálogo abierto entre PSOE y PP, a través de Bolaños y Pons, con una relación personal muy estrecha.

Los socialistas hablan de "aspavientos" de algunos de sus socios para dejar claro que mantienen la capacidad de decidir la marcha de la legislatura.

En el caso de Sumar, Moncloa ratifica que Yolanda Díaz fue informada y que a través de Enrique Santiago propusieron candidatos. Entienden que, de nuevo, la presencia y acción de Podemos a su izquierda y sin presencia en el Gobierno, condicionan a Sumar a buscar permanentemente cómo no aparecer como subordinados al PSOE, sobre todo en momento de horas bajas de Yolanda Díaz.

Los socialistas sí admiten un cierto desgaste entre algunos sectores de la izquierda al no haber querido ir a un cambio de mayorías para la renovación, que hubiera tenido apoyos parlamentarios suficientes pero roces seguros con la Comisión Europea, que ya vetó esta opción en 2022.

El plan B de reforma legal para el caso de que no hubiera habido acuerdo ya estaba redactado y listo para ser presentado. Ahora queda en un cajón porque ya es innecesario.

Ambas partes niegan haber acordado nombre alguno para la Presidencia del Consejo, cuya elección es competencia exclusiva de los vocales, pero siempre han recibido indicaciones de los partidos sobre a quién debían votar en su sesión constitutiva.