PNV y Junts se resisten a la reducción de jornada de Yolanda Díaz y obligan a Moncloa al pacto con CEOE

Entiende la parte socialista del Gobierno que la propuesta estrella del sector de Sumar, incluida en el acuerdo de coalición de ambos partidos, puede encontrar reticencias entre sus socios de PNV y Junts.

Por eso, Moncloa quiere que antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros como proyecto de ley y enviado al Parlamento para su tramitación, cuente con apoyo de los agentes sociales, es decir, de sindicatos y empresarios. Díaz han decidido intentarlo de nuevo con los empresarios, retrasando la aprobación y, en paralelo, buscar ya el respaldo futuro de Junts y PNV.

De hecho, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró ayer que "el diálogo y el consenso es el camino más adecuado" para llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos mayoritarios que permita lograr el objetivo de reducir la jornada laboral.

Yolanda Díaz dio un ultimátum a los empresarios para sentarse a negociar antes del día 1 de julio con la amenaza de que, en caso contrario, el Gobierno tramitaría una propuesta pactada sólo con los sindicatos. Sin embargo, la vicepresidenta ha prolongado el plazo hasta el próximo lunes y ha anunciado que hará una propuesta concreta. No está claro si los representantes de los sindicatos se sentarán ese día en la mesa de negociación.

La propuesta de la vicepresidenta es reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 38,5 en lo que resta de 2024. Esa cifra se rebajará a 37,5 horas sin merma salarial en 2025.

Por el momento, Junts y PNV, los dos partidos del bloque de investidura que no pueden caracterizarse de izquierdas, no rechazan expresamente la reducción de jornada, pero han mostrado dudas y, en todo caso, han dado a entender que quieren un acuerdo previo con los empresarios y que pedirán condiciones para su aplicación y medidas paralelas para mejorar la productividad.

Moncloa cree posible superar esas reticencias, pero entiende que la mejor manera sería cumplir la condición del acuerdo social que sus socios defienden. Es decir, con pacto entre empresarios y sindicatos se pondría mucho más difícil votar en contra, como ya ocurrió con la reforma laboral en 2021 que llegó al Congreso con acuerdo social.

Las 'prisas' de Díaz

Fuentes socialistas ven demasiada prisa en la vicepresidenta y prefieren asegurar antes los apoyos. Temen que la vicepresidenta acelere en este asunto por su delicada situación política tras sus pésimos resultados electorales y precisar cuanto antes de un acuerdo y un éxito reconocido como propio.

Yolanda Díaz tiene previsto volcarse también ahora en asegurarse el apoyo de los socios parlamentarios y evitar el riesgo de una derrota en el Congreso. Necesita asegurarse el respaldo futuro del PNV y de Junts por si no logra el acuerdo con los agentes sociales.

Ya ha contactado con los nacionalistas vascos y tiene a su favor la vicepresidenta que hace poco cedió a su gran deivindicación sobre la prevalencia de los convenios autonómicos. Además, mantiene línea directa desde hace casi un año con Carles Puigdemont, líder de los independentistas catalanes.

Hay un antecedente, aunque con sus peculiaridades. El pasado mes de marzo se aprobó en el Congreso una proposición no de ley presentada por Sumar que instaba al Gobierno a promover la reducción de jornada e incluía la referencia al acuerdo social. Fue aprobada con las abstenciones del PP y de Junts, pero con críticas del PNV, que votó finalmente en contra.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal aseguró en ese debate: "Debiéramos estar trabajando más en medidas para avanzar en productividad, teniendo en cuenta que el sistema económico y productivo es muy heterogéneo, y los sectores obedecen a particularidades muy distintas en cuanto a cómo funciona el trabajo, para hacer posibles más y mejores reducciones de jornada, y en modificar también aquellas medidas que, efectivamente, son para crear más tiempo para dedicarse a la familia".

Fuentes del Gobierno explican que los nacionalistas vascos exigen que se fije una transitoriedad clara para diferentes sectores y que la reducción de jornada se complemente con medidas que ayuden a mejorar la productividad.

Y se acogen a que el PNV no rechaza la medida, es más, los nacionalistas explican que la medida no tendría casi impacto en el País Vasco porque ya "hay convenios colectivos con una jornada de 37,5 horas" y "en el caso del funcionariado, la jornada es de 35 horas".

Respecto a Junts, no se conoce un rechazo o un apoyo expreso a la medida, El diputado Josep Maria Cervera pidió en ese debate al Gobierno que negocie con ellos y anunció: "Vamos a defender la singularidad de Cataluña y la de sus sectores, la de los trabajadores, los autónomos, las pymes, y lo haremos donde haga falta y lo haremos mientras sigamos trabajando para convertirnos en el Estado independiente que Cataluña se merece".

Podemos es crítico con la propuesta de Yolanda Díaz, por evidentes razones políticas y porque entiende que la norma debería ser más ambiciosa y reducir aún más la jornada. Aun así, el Gobierno cree que los diputados de Ione Belarra no se opondrán si se tramita la reforma legal, entre otras cosas para que su voto no coincida con el de Vox.