El Gobierno ve torcerse el pacto sobre el reparto de menas al endurecer el PP su mensaje en inmigración

Si el viernes pasado Alberto Núñez Feijóo aseguraba la "solidaridad" de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, esta semana acusaba al Gobierno de provocar un "efecto llamada" con sus políticas, mientras que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, pedía este jueves usar los barcos de las Fuerzas Armadas como elemento disuasorio.

Estos signos han encendido las alarmas en el Ejecutivo. "Estamos viendo ahora que en el PP están muy incómodos con el debate de Canarias", asegura una fuente de Moncloa. "Tienen que aclarar la posición, porque el PP de Canarias está de acuerdo, pero no está consiguiendo imponerse al resto del partido", añaden.

El Gobierno central y el canario llegaron a un acuerdo para una reforma de la Ley de Extranjería que, de aprobarse, obligaría a las comunidades autónomas a participar en el reparto de menores migrantes no acompañados, que según la normativa vigente son responsabilidad del territorio al que llegan.

El objetivo de Moncloa es tramitar esa reforma como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados antes de que llegue agosto y la situación en Canarias puede complicarse aún más por la mejora del tiempo y la consecuente mayor llegada de migrantes. Sin embargo, en el Ejecutivo asumen que sólo pueden sacar adelante la norma con el apoyo del PP.

Aunque algunos socios de Pedro Sánchez como el PNV o ERC podrían apoyar la reforma, Junts ya ha dejado claro que no. "Junts no va a apoyarla de ninguna manera viendo el discurso sobre inmigración que tienen", aseguran las fuentes. Y sin Junts, al Gobierno no le dan los números.

Además, hay cierto sentido de responsabilidad en el intento de contar con los populares, ya que gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas y aseguran desde Moncloa que sin su colaboración "no se llega a ningún sitio".

La postura del PP

Según explican fuentes del PP, la dirección del partido no va a imponer ninguna decisión orgánica a los gobiernos autonómicos.

En Génova mantienen que el Gobierno central es el que tiene la responsabilidad de negociar con las comunidades de manera individual y tratar de convencerlas.

Pero lo cierto es que, ahora mismo, hay diferencias entre las distintas comunidades. Mientras que los gobiernos de Canarias (donde el PP está en coalición con Coalición Canaria), Ceuta y Melilla quieren alcanzar un pacto cuanto antes, otras, Madrid o Andalucía quieren negociar antes las condiciones.

Por su parte, Vox ha amenazado al PP con romper las coaliciones en las autonomías donde gobiernan juntos si respaldan el pacto de los menas.

La amenaza no ha cambiado aparentemente el criterio del PP. El martes, Feijóo aseguró en una entrevista en Onda Cero que si bien había que poner "límites" al reparto, los populares iban a "cumplir" con sus obligaciones "hasta el máximo disponible". "A partir del máximo disponible nadie puede dar lo que no tiene y, por tanto, no se le puede exigir a una comunidad que haga cosas que no puede atender", añadió.

Desde Moncloa interpretan que el debate es ideológico y no logístico. El Gobierno se ha comprometido a aportar fondos para solucionar la situación de las comunidades autónomas que reciban migrantes. "No va a ser un problema económico", dicen tajantes las fuentes.

La siguiente fecha marcada en rojo en el calendario es el próximo 10 de julio, el miércoles que viene, cuando tendrá lugar la Conferencia Sectorial para abordar el pacto. Tendrá lugar en Tenerife y, ahí, se reunirán las consejerías de las distintas comunidades autónomas para abordar la cuestión.

"La situación actual en Canarias es insostenible", reconocen desde el Gobierno. La cifra de menores migrantes no acompañados es de unas 6.000 personas, muy por encima de la capacidad de acogida de los centros del archipiélago. "Si no llegamos a un acuerdo ya, no nos podemos imaginar cómo estará la situación después del verano", reflexionan desde el Ejecutivo.