Miriam González propone un "código ético" para miembros del Gobierno: evitaría otro 'caso Begoña'

La abogada Miriam González Durántez (Valladolid, 1968) propone un código ético que sí funciona y que, de hecho, hubiese evitado al Gobierno tragos como el caso Begoña. Lo sabe porque lo vivió en sus carnes cuando su marido, el liberal Nick Clegg, fue nombrado viceprimer ministro del Reino Unido. Estuvo cinco días sometida a constantes estudios, controles y exámenes para comprobar que no había conflictos de intereses entre ella y el cargo de su marido.

Existen códigos éticos y de conducta específicos para el Gobierno en países como Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Bélgica. Portugal tiene algo parecido y la Comisión Europea lo tiene para sus mandatarios. 
En España, por lo que sea, no ha calado. Se aprobó uno en 2005, pero acabó derogándose diez años después sin lograr tener mayor impacto. 

Este martes, las asociaciones Hay Derecho y España Mejor, con González a las riendas, lanzan su propio "Código Ético del Gobierno", como ella misma lo denomina, basándose en todos los demás y adaptándolos a nuestro país. Empezó a escribirlo durante los cinco días de reflexión de Sánchez, los cuales se podría haber ahorrado de contar con él. 

Sobre todo, la idea es establecer unos "estándares exigentes de conducta" para todos los miembros del Consejo de Ministros, incluidos presidente y vicepresidentes, así como a sus asesores y familiares. Como nota al margen, más en el Gobierno actual, también afectaría a la relación de los ministros con sus partidos, que pasarían a un segundo plano mientras mantuviesen el cargo institucional. 

Conflictos de interés

González es la primera en reconocer que un código ético sólo puede ser efectivo en la medida en que puede seguir, evaluar y controlar las acciones del Gobierno, al menos en parte. Por eso sólo afecta "a un círculo reducido de miembros" y va más allá "de sus obligaciones legales y reglamentarias".

Dicho de otro modo, que un conflicto de interés puede no ser necesariamente ilegal, pero sí debe de ser censurable. "Evitar cualquier situación susceptible de generar un
conflicto de interés o que pueda razonablemente ser percibida como tal", aclara el documento. Algo parecido a lo que ocurre con Begoña Gómez.

"Ante las acusaciones, la Oficina de Propiedad y Ética habría emitido una declaración clara garantizando que no había habido conflicto", señaló Miriam González a este diario. En España ya existe una Oficina de Conflictos de Intereses, pero el órgano no para de ser criticado por la UE y el Consejo Europeo por su falta de independencia. 

Según el documento, el Gobierno deberá someterse a órganos de control autónomos para "evitar cualquier situación" que genere o asemeje un conflicto de interés, sea o no ilegal. Esto afecta también al plano estético y la imagen no sólo de los miembros del Consejo de Ministros, sino de sus círculos personales y familiares.

Todos estarían sometidos a exámenes de compatibilidad y tendrían que rendir cuentas periódicas de sus actuaciones. González sabe de esto y de la presión mediática, que en su caso fue irrespirable, "pero va en el cargo". La vigilancia de unos pocos es una garantía para todos, viene a decir el código.

La norma también regula la relación de los ministros con sus partidos políticos. Eso quiere decir que nada de anuncios del Gobierno en actos de partido, nada de utilizar los recursos públicos con ánimo partidista y nada de confrontar entre miembros del Consejo de Ministros. Y dos palabras que aparecen hasta siete veces en las 28 páginas de código: respeto y cortesía.

Tema asesores, también reglado hasta la última coma. Cinco para cada ministro, nueve en el caso de los vicepresidentes, y todos ellos justificados y publicados en la web del Gobierno. También se publicarán sus sueldos, objetivos y competencias; y cualquier responsabilidad por su mala conducta recaerá en quien le nombró.

Pero las incompatibilidades tampoco terminan cuando acaban los mandatos. De hecho, los ministros no podrán "realizar actuaciones de lobby directa o indirectamente" durante al menos dos años. Una vez termine ese tiempo, dependerán de la autorización de una Oficina de Ética dentro de los cuatro años posteriores a dejar el cargo, cinco en el caso del presidente.

Transparencia

Esto sorprenderá a más de uno: "Si un ministro engaña deliberadamente a las Cortes Generales, deberá ofrecer su renuncia de inmediato".

La tónica general del código ético va en esta dirección, la de que si todo es transparente es difícil que las cosas salgan mal. Por ejemplo, todos los miembros del Consejo de Ministros deberán someterse periódicamente al escrutinio de los periodistas por medio de ruedas de prensa con preguntas abiertas, sin vetar a ninguno; también publicar trimestralmente sus reuniones con la prensa.

Es la misma fórmula que se aplica a casi todo. Los ministros controlan sus ministerios, pero deben rendir cuentas a la ciudadanía publicando sus reuniones oficiales y estando siempre en presencia de un funcionario. 

Incluso, González también propone una medida en la dirección de la nueva "ley de pseudomedios" que está preparando el Gobierno. En concreto, para que la publicidad institucional a los medios de comunicación se rija por métodos "transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios".