El Gobierno pagará más de 100 €/día por mena acogido y un plus a cada CCAA en función de su "esfuerzo"

El Ejecutivo aportará más de 100 euros al día por menor y un plus a cada comunidad en función de su "esfuerzo". Fuentes del Gobierno explican que el modelo a seguir es el acordado por las comunidades en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el 30 de septiembre de 2022, donde también se abordó el reparto de menores extranjeros.

Según el documento que recoge lo pactado entonces, se estableció un monto per cápita de 109,21 euros por plaza y día. También se estableció una asignación para cada comunidad según el "esfuerzo de acogida realizado para cada una".

Esa asignación territorial se mide de manera "proporcional y progresiva" teniendo en cuenta "dicho esfuerzo estructural". El dinero recibido por cada comunidad osciló entre los 250.000 y 500.000 euros, según el número de menores migrantes asignados en el reparto.

Además, según explican desde Moncloa, el número de migrantes que recibe cada comunidad autónoma se decidirá teniendo en cuenta variables como la población, la tasa de paro, el ratio de menores migrantes por población, la dispersión de la población, etcétera.

Todo esto ya se pactó en el acuerdo puntual de septiembre de 2022 y desde el Gobierno esperan que sirva para "regular de manera definitiva" una situación que se da cada año y que consideran que no se puede abordar desde cero en cada ocasión.

Actualmente, Canarias está sufriendo una situación de absoluta crisis con alrededor de 6.000 menores inmigrantes no acompañados en sus centros, absolutamente saturados, y a lo largo del verano se calcula que la cifra puede llegar a los 11.000.

Según explican desde el Gobierno, Canarias debería derivar la atención de 3.000 de esos menores que hay actualmente, la mitad. Según el plan que propondrán este miércoles a las comunidades autónomas, el reparto acordado se hará de manera escalonada en los próximos 12 meses desde que entre en vigor la ley.

En el caso de los nuevos menores que lleguen, pasarían a sus siguientes comunidades de destino en los siguientes 15 días desde su llegada a España.

Otra de las críticas que ha hecho el PP es que Junts está pidiendo que el Gobierno deje a Cataluña fuera del reparto para obtener su sí. Desde el Gobierno explican que esto es imposible, que Cataluña estará incluida, tal y como ya informó EL ESPAÑOL.

Reconocen las fuentes que intentaron sondear a los independentistas con alguna otra contrapartida y así intentar lograr su apoyo, pero que los de Junts se han mantenido en el no. Para el Gobierno, dicen, nunca ha estado encima de la mesa la posibilidad de sacar a Cataluña del reparto.

Ya lo dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Junts nos ha pedido que quede excluida Cataluña, pero ese extremo no es aceptable por el Gobierno", dijo. Por lo tanto, la única forma de conseguir sacar adelante la reforma es con el apoyo del PP, ya que sin Junts y el PP los números no le dan al Ejecutivo.

"No hay plan B"

Estos planes que desgrana el Gobierno podrían coincidir, en líneas generales, con lo que reclama el PP, que está abierto a la "solidaridad" de los territorios en los que gobierna, pero reclama más medios y financiación. Sin embargo, la interlocución entre el Gobierno y el PP es nula, ya que Moncloa sólo ha estado tratando este tema con el Gobierno canario.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, denunció este martes que "no podemos saber ni podemos decidir nuestra opinión acerca de un borrador de ley que no conocemos". Esa ha sido otra de las principales quejas del PP, que critica la opacidad y asegura desconocer qué quiere de ellos el Gobierno, más allá de dar luz verde a la obligatoriedad.

Desde Moncloa esperan que la reunión de este miércoles sirva para despejar todas esas dudas, como la de la financiación, y llevar la reforma al Congreso de los Diputados, previsiblemente como proposición de ley en el último pleno de este mes, el 23 de julio. Aunque el Gobierno de Canarias prefiere optar por la fórmula del real decreto-ley por la urgencia, en el entorno de Pedro Sánchez creen que no tiene tantas garantías jurídicas.

Además, al ir como proposición de ley, el PP podría aportar los retoques que considere necesarios a lo largo de la tramitación parlamentaria, algo que el Gobierno espera que también sirva para atraerles hacia su sí. En todo caso, dicen que en la votación será "donde todos los grupos se tendrán que retratar" y esperan que el PP no quiera asumir el coste de votar que no.

"No hay plan B, no hay mayorías alternativas y no se puede hacer otra cosa. Si el PP vota que no, Canarias tendrá un verdadero problema este verano", comentan algo resignadas las fuentes y a la espera de que el partido de Alberto Núñez Feijóo deshoje la margarita.