Actualidad política, en directo | Yolanda Díaz anuncia un acuerdo con el PSOE para derogar la ley mordaza

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado en Bruselas que la formación que ella lidera, Sumar, y el PSOE acaban de alcanzar un acuerdo sobre el paquete de ‘regeneración democrática’ que presentará este miércoles Pedro Sánchez que incluye la derogación de la denominada ‘Ley Mordaza’.

“La Ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista”, ha anunciado Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la UE que se celebra este martes en Bruselas. Una derogación que supondrá la desaparición de delitos como el de “injurias al rey”, según ha destacado la vicepresidenta.

También hay acuerdo entre el PSOE y Sumar sobre una ley de publicidad institucional que “va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública”.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso Enrique Santiago ha reclamado sanciones contra los jueces que buscan "generar titulares" con sus instrucciones penales a pesar de que no haya "nunca nada" detrás de esas investigaciones y lo ha hecho al ser preguntado sobre lo que ha trascendido de la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"Lo que hacen es degradar y desprestigiar a determinadas fuerzas políticas, siempre las mismas", ha asegurado este martes el también diputado de IU y portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, a su llegada al Congreso.

Santiago considera que lo que España necesita es volver a poner en vigor las normas relativas a la responsabilidad civil de los jueces que se eliminaron en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

En concreto, ha sugerido que se introduzcan mecanismos para regular el normal funcionamiento de las administraciones de Justicia y que permitan "reparar el buen nombre de las personas afectadas por estas guerras jurídicas". De lo contrario, ha dicho, el sistema judicial estará "muy apartado de los estándares europeos".

Según los abogados de Vox, Iustia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias, que ejercen como acusaciones populares contra la esposa del presidente de Gobierno, Barrabés aseguró ante el juez Peinado que mantuvo varias reuniones en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y que, en dos de ellas, estuvo presente Pedro Sánchez.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez tras conocerse que el empresario Carlos Barrabés mantuvo dos reuniones en Moncloa con él y con su esposa, Begoña Gómez: "Hoy España vive una etapa de degeneración política, como pudimos ver ayer, cuando supimos que un empresario declaraba que se reunió con el presidente del Gobierno y su mujer en la Moncloa".

"Con su declaración ante el juez Barrabés demostró que la Moncloa no sólo es la sede de la presidencia del Gobierno sino que también es el lugar en el que la mujer del presidente del Gobierno desarrolla una actividad privada", ha denunciado Gamarra en una entrevista en Radio Nacional.

En este sentido, ha indicado que el presidente del Gobierno "debe dar muchas explicaciones". "Por lo tanto, si mañana se quiere dar un debate de regeneración democrática en el Congreso lo primero que tiene que hacer el presidente es dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo en la Moncloa".

"Mañana veremos también cómo en el Congreso el presidente del Gobierno habla de regeneración democrática mientras que en el Senado se aprobará una moción sobre la actuación del CIS", ha anunciado.

Y ha insistido en que "en la Moncloa desfilan empresarios que patrocinan las actividades de la mujer del presidente y que tienen intereses en la propia acción del Gobierno. Lo de mañana tiene mucha más pinta de querer censurar medios de comunicación incómodos que el hecho de querer afrontar la libertad de prensa que Europa está reclamando".

En este sentido, Gamarra considera que "los valores de la transparencia y de la ejemplaridad no son los de Pedro Sánchez. Debería ser él quien hubiera hablado de lo ocurrido en la Moncloa y de las reuniones que ha mantenido su esposa con empresarios. Si no lo ha hecho es porque tiene muchas cosas que tapar".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegura que en su partido tienen "muy claro que no se está afrontando lo que hay que afrontar en materia de inmigración, que es una política migratoria seria. Y eso es algo que corresponde al Gobierno de España".

"Hay que actuar en el origen y poner freno a la avalancha migratoria que se prevé este verano", ha declarado en Radio Nacional. "Lo que tiene que declarar el Gobierno es una emergencia migratoria, lo que hay que hacer es afrontar la complejidad del problema", ha indicado. "¿Alguien ha escuchado al presidente del Gobierno o a los ministros hablar de este tema?", se ha preguntado. "Aquí no se está abordando con rigor una crisis migratoria de grandes dimensiones como la que están anunciando y que no se va a arreglar con un parche", ha insistido.

"En el PP creemos que el Gobierno debe presentar una propuesta concreta y plantear soluciones en el origen del problema" ha relatado. Nosotros somos solidarios y conscientes de la situación. Pero insisto, hay que abordar el problema en origen y hay que hablar con los países en los que comienza esta crisis, como Mauritania por ejemplo", ha rematado.

El Consejo de Ministros aprueba este martes las cifras fundamentales sobre las que elaborará los presupuestos de 2025, al fijar el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a tres años, cifras calculadas sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejora la previsión de crecimiento al 2,2 % el año próximo.

En la última actualización de previsiones macroeconómicas y fiscales que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en abril, España comprometía un déficit público del 3% del PIB a cierre de 2024 y del 2,5% del PIB para 2025, unas cifras que mantiene, según confirmó el lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta ha informado a las comunidades autónomas y corporaciones locales de que tendrán más margen fiscal en 2025, así como en los dos años siguientes, periodo en el que el esfuerzo para reducir el déficit recaerá en mayor medida en la administración central.

El Consejo de Ministros nombrará este martes a la socialista riosellana Adriana Lastra como nueva Delegada del Gobierno en Asturias, en sustitución de la mierense Delia Losa, quien renuncia al cargo "por decisión propia".

La noticia del cese trascendió el pasado martes 9 de julio. Al día siguiente, Losa afirmó que su renuncia se enmarca en "un proceso natural en el que los cargos en política tienen un principio y un fin".

Tras seis años en el cargo, Losa ha agradecido la "confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la labor de todos los funcionarios de la Delegación, así como la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Adriana Lastra en rueda de prensa en 2023. Europa Press

De Lastra, Losa recalcó su "tesón, experiencia y capacidad de trabajo". "Es una mujer que ya ha demostrado su valía política", ha dicho.

Una vez hecha pública la noticia del relevo, el Gobierno asturiano ha agradecido la "colaboración leal" de Delia Losa y ha subrayado que Adriana Lastra dará una interlocución "privilegiada" con Madrid.

Adriana Lastra inició su carrera política a los 18 años, afiliándose a las Juventudes Socialistas de Ribadesella. En 2007 fue elegida diputada en la Junta General, donde permaneció durante dos legislaturas. En 2016 obtuvo por primera vez su escaño en el Congreso y hasta hoy en día continúa siendo diputada. Fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista durante tres años.

Los candidatos pactados por el PSOE y el PP para ocupar las ocho plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reservadas para juristas de reconocido prestigio se someterán este martes al examen de idoneidad de las Comisiones de Nobramientos del Congreso y el Senado. Cada uno comparecerá en la correspondiente a la Cámara por la que será elegido y también lo harán los suplentes acordados.

En total, las Cortes Generales deben renovar los 20 vocales del Consejo, 12 de ellos habrán de ser jueces o magistrados y los otros ocho son juristas (catedráticos o profesionales del derecho). En cada cámara se eligen 10 de esos vocales (seis jueces y cuatro juristas) y para su nombramiento se requiere una mayoría cualificada de tres quintos.

Tras el acuerdo firmado por los dos grandes partidos, se abrió un plazo para que los grupos registrasen sus candidatos, pero sólo para el cupo de juristas, ya que los 12 jueces y magistrados salen de la lista que remitió en su día el CGPJ a las Cortes con los 50 candidatos propuestos por asociaciones judiciales y por avales de miembros de la carrera judicial.

En el Congreso, el PP y el PSOE han propuesto a José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consello Consultivo de Galicia; Inés Herreros Hernández, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt Jiménez, letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

La reforma judicial pactada por el PSOE y el PP en el marco de su acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da este martes un nuevo paso en su recorrido parlamentario, con la aprobación del informe de la ponecia encargada de su tramitación.

En esa reunión a puerta cerrada podrán debatirse las enmiendas parciales registradas por Sumar, el único grupo que ha hecho sugerencias de cambios. Es previsible que estas enmiendas sean rechazadas ya que socialistas y 'populares' se han comprometido a no aceptar ninguna enmienda que no esté firmada por los dos partidos.

Aún así, los de Yolanda Díaz tendrán la posibilidad de defenderlas una vez más el miércoles ya en un debate abierto de la Comisión de Justicia. Este órgano aprobará el dictamen que se elevará al Pleno del Congreso el próximo 23 de julio, para su remisión al Senado, que tiene previsto aprobarla al día siguiente.

Con esta reforma legislativa que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal los dos grandes partidos buscan poner fin a las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo CGPJ a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará este martes la petición del PP de apartar a dos magistradas de la deliberación sobre los recursos que presentaron los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros tres excargos condenados por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Según ha informado la corte de garantías, ya se ha añadido al orden del día la recusación planteada por los 'populares' contra la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán y la magistrada María Luisa Balaguer.

Desde el tribunal han precisado que la petición del PP se abordará antes de que comiencen a estudiar los recursos de amparo de Chaves, de Griñán, del exdirector general de Trabajo Juan Márquez Contreras; del exvicepresidente y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías Arévalo; y del exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña.

Fue el pasado jueves cuando el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, anunció que su partido reclamaría la abstención de tres magistrados. Dijo que solicitaría al presidente del TC que se apartase para "garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC", tal y como ya hizo cuando era magistrado del Supremo porque siendo fiscal general participó en la tramitación del asunto.