Illa, investido con el riesgo de revivir el victimismo catalán por un concierto frustrado como el Estatut

“Más que una petición de negociación fue una petición de ayuda”, explica un dirigente socialista para mostrar cómo ERC abordó las conversaciones para investir a Salvador Illa con la necesidad imperiosa de eludir una repetición electoral que les hubiera sido claramente desfavorable.

Los socialistas entendieron que los dirigentes de ERC necesitaban a toda costa un acuerdo tras su pésimo resultado en las elecciones autonómicas. Entre suicidarse seguro con nuevas elecciones o arriesgarse a evitar el suicidio con un pacto optaron por lo segundo.

Explicaron a sus interlocutores socialistas que era imposible pedir apoyo a sus bases sin un acuerdo que pudiera ser presentado como un paso sustantivo hacia el soberanismo. Un acuerdo que irritara “a la derecha política y mediática” fuera de Cataluña.

Y, a su vez, los socialistas necesitaban visualizar con la investidura de Illa el éxito de la política de Pedro Sánchez, que ha provocado un desgaste del PSOE, empezando por la ley de amnistía. "Con Illa en la Generalitat todo cobrará sentido", decían. Por eso arrancó la negociación que no se circunscribió sólo al PSC, sino que intervino el Gobierno y el propio presidente y líder socialista.

De la conjunción de esos vectores salió el acuerdo que ha permitido la investidura de Illa, celebrada este sábado con presencia de los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños, Jordi Hereu, Diana Morant y Ernest Urtasun. Illa ha prometido "unir, respetando diversidad y pluralidad. Son los planteamientos divisivos los que ponen en riesgo la unidad y convivencia. Cataluña es tierra de acogida. Nunca va en contra de nadie”.

El acuerdo que le ha permitido la investidura, básicamente, consiste en algo muy similar al concierto vasco para Cataluña, según la literalidad del documento. El PSC aceptó, además, que el detalle del acuerdo se conociera a través de ERC y que desde el Gobierno y la dirección del PSOE hubiera silencio, todo para conseguir lo que se consideraba el escollo principal: que las bases del partido independentista refrendaran el acuerdo.

El temor a ese escollo se incrementó con la fracasada consulta sobre el pacto de ERC con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando apenas habían arrancado las conversaciones para la Generalitat.

Sólo han hablado los barones socialistas y, salvo alguna excepción, lo hicieron para rechazarlo, lo que pudo incluso ayudar en esa consulta a las bases de ERC, aunque le haya creado un problema a medio plazo a Sánchez con la mayor y más visible revuelta en el PSOE desde que es presidente del Gobierno.

Ya se ha conseguido el objetivo del pacto y la investidura de Illa. Y en septiembre se iniciará el difícil proceso para cumplir el acuerdo, especialmente, en lo que se refiere al concierto económico. O el "cepillado" de dicho acuerdo.

Fuentes del Gobierno implicadas en la negociación explican que “no va a ser un concierto” y que el resultado final, en todo caso, dependerá de un pacto entre Sánchez e Illa. Añaden que el modelo no saldrá finalmente en los términos incluidos en el pacto y que, en todo caso, “lo importante no es quién recauda sino quién reparte”.

Se admite, por ejemplo, que será difícil ponerlo en marcha, porque necesita una mayoría absoluta en el Congreso para cambiar la ley que no resultará fácil conseguir. Necesitará una negociación entre socialistas, entre Sánchez e Illa para limar ese acuerdo y en algunos sectores del Gobierno y de sus socios en el Parlamento se considera que eso puede, a su vez, avivar de nuevo el victimismo y el independentismo en Cataluña.

De esos procesos de recorte de un pacto con el independentismo que termina por provocar desafección ciudadana, victimismo y rebrote del soberanismo hay precedentes próximos, según la tesis aceptadas por el propio Gobierno de Sánchez.

Así, se ha admitido como relato histórico por parte de Sánchez en la letra de los diferentes pactos que el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional en 2010 supuso una frustración en Cataluña, que impulsó luego el procés y eso mismo podría ocurrir ahora si se frustra el objetivo del concierto económico tras haber anunciado el acuerdo para ponerlo en marcha. 

Además, aquella situación se produjo con un socialista al frente de la Generalitat, José Montilla, y otro en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero. Montilla gobernó con apoyo de ERC y con CiU en la oposición hasta diciembre de 2010. Posteriormente, arrancó el procés con los sucesores de los convergentes al frente de la Generalitat. Pero según el relato firmado por Sánchez, fue en ese periodo de Montilla cuando nació el malestar social por el recorte del autogobierno que preveía inicialmente el Estatut.

Esa decepción nació y creció en tiempos de Montilla e hizo que su mandato acabara en 2010 con una victoria amplia del independentismo rearmado, de la que salió el procés independentista que estuvo activo desde las instituciones hasta el invierno de 2017.

El rearme se apoyó en gran medida en el discurso victimista del recorte de sus aspiraciones y hablaron de "choque de legitimidades" entre el Parlament, el Congreso y el Constitucional. Ahora ese choque sería entre el Parlament que ha aprobado una investidura con un acuerdo claro y el Congreso y la posición del Gobierno de Sánchez.

Por cierto que investidura de Montilla también fue fruto de un acuerdo con ERC, pese a que ahora desde el Gobierno se presenta como un hecho histórico el pacto transversal entre independentistas y constitucionalistas.

Es cierto que entonces la investidura de Montilla se produjo pese a haber una mayoría independentista y en cambio ahora Junts y ERC no suman mayoría absoluta e Illa ganó las elecciones. Pero el riesgo de frustración de expectativas existe, según admiten destacados socialistas.

Ahora el independentismo está enfrentado, débil y desnortado pero, precisamente por eso, necesita causas que defender, y la principal suele ser la del victimismo.

Ese es el enorme reto de Illa ante el Gobierno central en el que la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había asegurado antes que es inviable un concierto económico para Cataluña.

José Luis Rodríguez Zapatero alentó aquellas expectativas al decir en abril de 2011 que apoyaría en Madrid el Estatut que se aprobara en el Parlament de Cataluña. Pero él mismo participó luego en el "cepillado" del texto en el Congreso con un pacto con CiU orillando a ERC pese a que gobernaba con Montilla, y luego felicitándose de la sentencia del Constitucional.

Esta vez, Sánchez ha respaldado el acuerdo con ERC dando a entender que se aplicará, pese a que sus dirigentes regionales lo rechazan. Pero carece de mayoría en el Congreso para aprobarlo y ha abierto una gran crisis en sus socios de Sumar y en su propio partido.

De alguna forma, Sánchez puede incurrir en lo mismo que ha admitido en los textos de sus pactos respecto al Estatut y, ahora, respecto al concierto. Frustrar expectativas provoca desaliento y crecimiento de fuerzas más radicales, en este caso independentistas.

Por ejemplo, el acuerdo de investidura de Sánchez firmado con Junts el pasado mes de noviembre señala que “la sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía (…) En ese período, se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada”.

En el preámbulo de la ley de amnistía se dice que “los hechos enmarcados en el denominado proceso independentista, impulsado por las fuerzas políticas al frente de las instituciones de la Generalitat de Catalunya (President, Parlament y Govern) y apoyados por parte de la sociedad civil, así como los representantes políticos al frente de un buen número de los ayuntamientos de Catalunya, tuvieron como precedente el intenso debate sobre el futuro político de Catalunya abierto a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio”.

Y habla de “eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población”, dando por sentado que esa “desafección” procede del recorte del Estatut.

Por último, el reciente acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa señala que “parte de este camino llega hasta la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, momento en el que se produce un crecimiento significativo entre la ciudadanía de Cataluña de la voluntad de decidir democráticamente, pacífica y libremente el futuro político del país. La incapacidad de dar una respuesta democrática a esta voluntad de la ciudadanía de Cataluña provocó el actual conflicto político, y la sucesión acelerada de decisiones por parte de todos los actores implicados, sumada a la judicialización y la respuesta policial hacia el movimiento independentista, incentivó el distanciamiento entre el independentismo y el federalismo catalán”.

Concluye que, tras la sentencia del Constitucional, “una parte amplia de la ciudadanía pasa a reivindicar la plena soberanía de Cataluña y manifiesta la voluntad de decidir libre y democráticamente sobre el futuro político del país. Durante la última década, las instituciones catalanas han buscado varias vías para dar respuesta a esta demanda —la solicitud del traspaso a la Generalitat de la capacidad de convocar referendos haciendo usó del artículo 150.2 de la Constitución, la consulta del 9-N de 2014 o el referéndum del 1 de octubre de 2017— que han certificado la existencia de concepciones diferentes sobre la soberanía de Cataluña y han definido los diferentes actores del actual conflicto político”.