El PP se arriesga a afianzar la amnistía al recurrirla al TC: la ley no avala la recusación de Pumpido

Una resolución del TC que avale la constitucionalidad de la medida de gracia podría debilitar el recurso que otras instancias (como ha anunciado ya el Tribunal de Cuentas en el proceso sobre los gastos del referéndum del 1-O) tienen previsto presentar ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

Para evitar que se imponga la matemática de bloques de las resoluciones dictadas en los últimos meses (un 7-4, que ahora podría transformarse en 7-5 tras la incorporación del magistrado José María Macías, designado por el Senado), Cuca Gamarra ha anunciado que el PP tiene intención de recusar a tres de los magistrados del TC, a los que considera faltos de "imparcialidad" por sus vínculos con el PSOE.

La recusación se dirigirá contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Moncloa Laura Díez. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL ven muy improbable que salga adelante esta operación.

En primer lugar, es el propio pleno del TC el que debe resolver estas recusaciones, en tres votaciones separadas. Y en cada caso, sólo tiene la obligación de abstenerse el magistrado afectado.

De este modo, si se mantiene la actual aritmética de bloques, la llamada "mayoría progresista" podría rechazar cada recusación por un resultado de 6-5.

En segundo lugar, los motivos de incompatibilidad que podrían justificar las recusaciones son los previstos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para los tribunales ordinarios que, indican las mismas fuentes, tienen difícil encaje en los casos de Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Las causas de recusación

Esta norma establece, entre otros motivos de recusación, "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa" (artículo 219, 13ª).

Y también, "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad" (artículo 219, 16ª).

Tanto Juan Carlos Campo (que fue ministro de Justicia hasta julio de 2021) como Laura Díez (estuvo en Moncloa hasta su incorporación al TC, en enero de 2023) formaron parte en el Gobierno de Pedro Sánchez durante la anterior legislatura.

Pero no fue hasta julio de 2023 cuando el PSOE comenzó a negociar y redactar la ley de amnistía, ante la evidencia de que, tras las elecciones generales del 23-J, Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de Junts y ERC para ser investido de nuevo presidente.

Por tanto, al PP le resultaría difícil poder acreditar que Campo y Díez tuvieron una participación directa en la negociación y elaboración de la ley de amnistía como miembros del anterior Gobierno de Sánchez, antes de que esta cuestión formara parte de la agenda del Ejecutivo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial incluye otro posible motivo de recusación en su artículo 219, 15ª: "En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo".

También en el caso de que alguno de los magistrados mantenga una "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes" (219, 9ª).

Más allá de que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y los otros dos magistrados hayan mantenido en los últimos meses encuentros protocolarios en actos oficiales con miembros del actual Gobierno, el PP precisaría acreditar que su relación alcanza el grado de "amistad íntima".

O que, en cualquiera de los encuentros, los tres magistrados hayan tratado con miembros del Gobierno aspectos concretos de la redacción de la ley de amnistía. 

Aunque estos dos últimos motivos de recusación puedan parecer más justificados, hay que recordar, de nuevo, que la decisión última recaerá en el pleno del Tribunal Constitucional, donde el PP corre el riesgo de estrellarse con la mayoría de 6-5 que responde al actual equilibrio de bloques.

En caso de que el pleno del TC rechace las recusaciones y dicte una sentencia favorable a la ley de amnistía, al PP le quedaría un último cartucho, que implica una decisión política de mayor calado, similar a la que ha adoptado Vox respecto a las sentencias que del Constitucional que exoneran a los condenados por el caso ERE.

Vox anunció el pasado 31 de julio una querella por prevaricación contra Cándido Conde-Pumpido y los otros seis miembros del bloque "progresista" del Constitucional que han anulado las condenas a José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y otros dirigentes del PSOE procesados por los ERE.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena, debe resolver ahora si admite a trámite de Vox. 

Varios ministros del Gobierno, como Félix Bolaños y Óscar Puente, se han mostrado convencidos en las últimas semanas de que el TC avalará la plena constitucionalidad de la ley de amnistía, cuando deba pronunciarse al respecto.