Ábalos no recuerda por qué duplicó el pedido a la red Koldo y ve "intención política" en la auditoría

El anterior titular de Transportes ve numerosas "incorrecciones y subjetividades" en el informe que su sucesor en el cargo, Óscar Puente, encargó al servicio de Inspección del Ministerio, y cuyas conclusiones dio a conocer el viernes en el Senado.

Según el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Ábalos firmó el 20 de marzo de 2020 una orden ministerial en la que acordaba comprar cuatro millones de mascarillas, con el fin de cubrir las necesidades del personal y los usuarios de su departamento durante el estado de alarma de la pandemia.

Pero tan sólo 38 minutos después, Ábalos firmó una segunda orden ministerial (que anulaba la anterior) en la que duplicaba el pedido hasta los ocho millones de mascarillas. 

Según la auditoría interna, Ábalos habría actuado así a instancias de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, ya que su asesor en el Ministerio, Koldo García, había advertido de que "el proveedor suministraba 8 millones [de mascarillas] o nada".

De este modo, la compañía para la que Koldo actuaba como comisionista duplicó el importe de la adjudicación (aprobada el día siguiente) hasta los 20 millones de euros, pese a que incumplió en 44 días el plazo estipulado para la entrega del material sanitario.

A preguntas de EL ESPAÑOL, Ábalos ha dicho que "no recuerda" el motivo por el que firmó estas dos órdenes ministeriales sucesivas. Y alega que eran los servicios técnicos del Ministerio los que elaboraban la documentación que le presentaban para la firma.

El exsecretario de Organización del PSOE desconoce si la primera orden ministerial contenía algún tipo de "error", por lo que se decidió elaborar una segunda, en la que se ampliaba la compra de mascarillas hasta los 8 millones porque existía disponibilidad para ello en el Ministerio.

Al respecto, recuerda que era un momento de enorme incertidumbre. El Consejo de Ministros había aprobado una semana antes el primer estado de alarma, y se desconocía aún el alcance real que podría tener la pandemia. 

"Si en aquel momento hubiéramos podido comprar 20 millones de mascarillas", explica Ábalos en declaraciones a EL ESPAÑOL, "lo habríamos hecho, porque nuestra prioridad era garantizar la seguridad", tanto del personal del Ministerio como de los usuarios de los distintos servicios de transportes.

José Luis Ábalos se sincera ante EL ESPAÑOL y explica que ve una clara "intencionalidad política" en la auditoría interna encargada por su sucesor, Óscar Puente.

Tras conocer el contenido del informe, Ábalos cree que ha existido un interés político en señalarle, desde el propio Ministerio que hoy dirige Óscar Puente, como culpable de la trama de corrupción, a modo de cortafuegos, quizá para evitar que se exijan responsabilidades a más alto nivel.

Pese a que el PSOE le envió al Grupo Mixto del Congreso el pasado mes de febrero, después de que estallara el escándalo, Ábalos se ha mantenido hasta ahora leal a la disciplina del partido y ha apoyado las iniciativas del Gobierno en todas las votaciones. Al menos, hasta el momento.

El ministro Óscar Puente presentó el viernes en el Senado las principales conclusiones de la auditoría y anunció la destitución de dos altos cargos del Ministerio, el subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez y el jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por "pérdida de confianza".

Ambos están citados a declarar el próximo mes de septiembre como imputados ante el juez que investiga el caso Koldo.

Fuentes del entorno de Ábalos destacan que el informe de auditoría está firmado por la actual subdirectora de Inspección del Ministerio, Belén Roel de Lara, que durante la pandemia era jefa de gabinete del subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez, ahora destituido por el escándalo.

En aquel cargo, ella tenía precisamente responsabilidades técnicas como el seguimiento de los contratos de compra de mascarillas adjudicados. Por tanto, apunta Ábalos, sería también responsable si se produjo cierto descontrol en la recepción de este material.

"Un ministro no está en el detalle de los albaranes o de los pedidos", indica gráficamente Ábalos. Para esas labores estaba el personal técnico del Ministerio.

Por otro lado, el exministro y exnúmero 2 del PSOE recuerda que el Tribunal de Cuentas ya fiscalizó los contratos de mascarillas adjudicados por su departamento en la pandemia.

Si bien detectó algunas deficiencias técnicas en los expedientes, consideró justificada su tramitación por la vía de emergencia (que eximía de la obligación de solicitar otras ofertas) y estableció que el precio pagado estaba, en ese momento, por debajo de la media del mercado.

Por su parte, el exasesor de Ábalos Koldo García (al que la UCO señala como comisionista de la trama) ha negado rotundamente que se encontrara "a pie de pista" en el aeropuerto de Barajas para recibir el material sanitario y distribuir las mascarillas.

Según ha explicado a este diario, tan sólo acudió a Barajas en una ocasión, con motivo de la llegada del primer pedido (el 24 de marzo de 2020) para comprobar que estaban resueltos los trámites de Aduanas.  

Aprovechó su presencia para tomar algunas imágenes de las cajas de mascarillas que habían sido descargadas y envió las fotografías al departamento de prensa del Ministerio, con el fin de que informara a los medios de comunicación de la llegada del material de protección destinado al personal.

Koldo García este lunes junto a su abogado en la Comisión del Senado sobre las mascarillas. Europa Press

Koldo García ha indicado, asímismo, que durante su etapa como asesor del Ministerio en ningún momento le hicieron llegar ofertas de mascarillas que resultaran más económicas que las de la empresa Soluciones de Gestión.

Desde el entorno de Ábalos consideran que la auditoría interna encargada por el ministro Óscar Puente constituye una suerte de "investigación administrativa paralela a la judicial, lo que vulnera el derecho a la defensa de los imputados" en la causa y sus garantías de tutela judicial.

Las mismas fuentes reprochan que el Ministerio haya encargado su propio informe que contradice el elaborado por el Tribunal de Cuentas y las conclusiones de la Fiscalía, que en la causa abierta "ha descartado irregularidades en el proceso contratación".

"Siguiendo el mismo criterio" que ha aplicado ahora el Ministerio, indican, "habría que judicializar los contratos de material sanitario de todas las Administraciones", que se adjudicaron en unas condiciones especialmente difíciles.