España, segundo país en pobreza infantil de la UE pese a destinar 2.600 M en seis años para erradicarla

Así lo indican los últimos informes de las ONG Unicef (publicado en junio) y Save the Children (difundido en febrero), a partir de los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el barómetro europeo Eurostat publicado en junio eleva al 34,5% el número de niños que se encuentran en "riesgo de pobreza o de exclusión social" en España, aunque sitúa por encima de nuestro país a Rumanía (39%).

Save the Children destaca en su informe que el 16,7% de los niños españoles se encuentran en familias que tienen dificultades para afrontar pagos básicos de la vivienda como la hipoteca, el alquiler o el recibo del gas. Y el 19,9% vive en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. La carencia material y social severa ha aumentado en el último año hasta alcanzar al 12,3% de los menores.

Evolución de la pobreza infantil en España desde 2015, comparada con el objetivo que se había fijado en la Agenda 2030.

Esta última categoría abarca a las familias que no pueden permitirse tres comidas de carne, pollo o pescado a la semana, no pueden irse al menos una semana de vacaciones al año, no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, ni para sustituir los muebles viejos o rotos, entre otros indicadores.

Según el baremo utilizado por esta ONG, se considera que se encuentra bajo el umbral de la pobreza un hogar formado por dos adultos y dos menores, cuyos ingresos anuales sean inferiores a los 23.077 euros.   

Existe también un factor estadístico, ya que esta cifra se calcula a partir del 60% de la mediana de las rentas de los hogares españoles. Por tanto, si crece la renta media de las familias, también se incrementa el número de hogares que quedan por debajo de este listón.

Pero el problema se ha agravado en los tres últimos años debido a la crisis de inflación que se inició en el segundo semestre de 2021 con la subida de los precios de la energía y, a partir de 2022, debido al impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre los precios.

Pobreza países

En este período de tres años, la inflación acumulada ha crecido un 16,5% en España y el precio de los alimentos se ha disparado un 30%. Una tormenta perfecta que ha mermado la capacidad de gasto de las familias y que, especialmente si tienen hijos, ha creado severos problemas para acceder a bienes y servicios básicos.

Tan sólo en el año 2022, el precio de la energía se disparó un 40% en España, el de los combustibles un 36% y el del gas un 24%. No obstante, estas subidas se han visto atenuadas luego con las medidas del escudo social aprobado por el Gobierno (por ejemplo, con la rebaja del IVA en el gas y la excepción ibérica en la electricidad), que tienen un carácter temporal.

A los problemas de la pobreza energética se ha sumado en los últimos meses la subida de los precios de la vivienda. En su informe de 2024 sobre Derechos y calidad de vida de la infancia, el Consejo Económico y Social (CES) de España recuerda que no es aconsejable que las familias destinen más del 35% de sus ingresos a la vivienda.

Sin embargo, el encarecimiento de los alquileres y la subida de los tipos de interés (en el caso de las hipotecas) ha hecho que muchas familias superen ampliamente este umbral.

Mapa de la pobreza infantil en España, incluido en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea.

El CES señala que "la tasa de riesgo de pobreza infantil ha aumentado considerablemente" en España debido a "los costes relacionados con la vivienda, que afectan de manera significativa a los ingresos disponibles de los hogares, siendo el régimen de alquiler a precio de mercado el que mayor impacto tiene en esa variable".

Este organismo constata que España tiene "unas tasas de pobreza infantil (especialmente entre los menores de 12 años) más elevadas que en otros países con nivel de renta similar o inferior, que se mantienen a lo largo del tiempo y se cronifican en un porcentaje comparativamente alto".

Al respecto, Unicef destaca otro dato significativo: "España y Eslovenia tienen similares niveles de renta por habitante, pero Eslovenia tiene una tasa de pobreza del 10%", mientras que España supera el 28%.

De la comparativa con otros Estados de la UE, concluye que "los países que consiguieron reducir la pobreza infantil no son ni los más ricos, ni los que experimentaron un mayor crecimiento económico en la última década". 

Características de los menores que se encuentran en situación de pobreza en España, según un informe elaborado por el Alto Comisionado.

Por el contrario, advierte, los mayores retrocesos se han registrado en "algunos de los miembros más ricos de la OCDE y la UE". La erradicación de la pobreza infantil depende en mayor medida, según Unicef, de las políticas activas que adopten los gobiernos.  

Según el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea aprobado por el Gobierno en 2022, en aquel momento había en España 2,6 millones de menores en riesgo de pobreza o exclusión social.

De ellos, 906.983 eran de origen inmigrante, 944.000 se encontraban en familias monomarentales (en las que el único progenitor presente es la madre), 129.540 tenían algún tipo de discapacidad y 513.800 residían en viviendas con grandes carencias.

La cifra global incluía a 190.000 niños de etnia gitana, 9.228 menas (extranjeros sin referencia familiar), 147.00 eran hijos de inmigrantes irregulares y 35.608 se encontraban bajo la tutela de la Administración.

Tras llegar a la Moncloa en junio de 2018, Pedro Sánchez fijó como una de sus prioridades la lucha contra la pobreza infantil y nombró alta comisionada a María Luisa Carcedo, quien abandonó el cargo tan sólo tres meses después para convertirse en ministra de Sanidad.

No duró mucho más su sucesor, el sociólogo Pau Marí-Klose, quien abandonó el cargo cinco meses después de su nombramiento, para presentarse a las elecciones como candidato del PSOE por Zaragoza.  

El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil fue dirigido entonces, de forma interina, primero por Sandra León Alfonso (que es miembro de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE) y luego por Amparo González Ferrer, que abandonó el cargo en enero de 2020  para convertirse en subdirectora general de Análisis Migratorio, en el Ministerio que dirige Elma Saiz.

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ha gozado de una mayor estabilidad desde enero de 2020, cuando asumió el puesto José Gasco Gonzalo, quien antes fue diputado del PSOE y viceconsejero Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, en la etapa del lehendakari Patxi López.

Sin embargo, tras el inicio de la nueva legislatura, el Gobierno cerró el pasado mes de noviembre el Alto Comisionado, cuando las competencias de esta área fueron asumidas por la nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, representante de Sumar.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el Gobierno ha destinado más de 2.600 millones de euros a luchar contra la pobreza infantil.

De esta cifra, 1.060 millones corresponden a la partida que el Consejo de Ministros ha transferido cada año a las comunidades autónomas para financiar programas de servicios sociales como la atención de a familias con hijos en situación de pobreza severa, la ayuda a domicilio y la inserción social.

Los 1.600 millones de euros restantes corresponden al complemento de ayuda para la infancia, que se abona desde 2022 a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que tienen hijos.

Más difícil es cuantificar el impacto directo que han tenido sobre este sector de población otras medidas incluidas por el Gobierno en el escudo social, con cuantías millonarias, como el bono social térmico (200 millones de euros al año), las rebajas del IVA sobre determinados alimentos o la excepción ibérica aplicada sobre el recibo de la luz.