El plan de financiación de Feijóo descarta condonar deuda a las CCAA e incluye un fondo transitorio

Lo cierto es que las distintas comunidades en las que gobierna el PP tienen intereses divergentes a la hora de exponer las demandas para diseñar el nuevo sistema, que lleva pendiente desde 2015. Y llegar a un entendimiento, así lo admiten en Génova, no es cuestión menor. Pero eso no quita, añaden, que no sea posible. "Claro que es posible", zanjan en la cúpula.

De ahí el empeño de Feijóo en alumbrar una posición común con sus barones durante la reunión que mantendrá con ellos el próximo 6 de septiembre. Se trata de una cuestión prioritaria, pues para el curso que está a punto de comenzar el PP va a centrar buena parte de su estrategia en combatir el cupo catalán pactado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, que tanta oposición ha despertado incluso en las filas del PSOE. 

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la dirección del PP guarda en un cajón un documento que se ha ido cocinando a cámara lenta en el que figuran las líneas maestras de Feijóo para llevar a cabo una reforma del sistema de financiación. Ahora, la intención es que los barones de las doce comunidades gobernadas por el PP digan sí. 

Se trata de una propuesta que guarda similitudes con la declaración de Santiago que firmaron ocho presidentes autonómicos en 2021, en aquel el foro que convocó el propio Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Entonces, uno de los ejes prioritarios para reformar el sistema era el del "coste por servicio". 

Así lo concluyeron Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Aragón, Cantabria, Asturias y La Rioja, comunidades que priorizan criterios como la dispersión o la despoblación. En ese aspecto, el PP de Feijóo también es partidario de tener más en cuenta efectos como "la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento" a la hora de cuantificar lo que debe recibir cada territorio. 

A modo de preámbulo, el PP, en su plan sobre la financiación establece varias premisas para llevar a cabo la reforma del sistema: "Negociar siempre en el marco de la multilateralidad" y que "nadie debe perder, todos deben obtener los recursos necesarios".

Un fondo de 1.700M

Para evitar que las decisiones puedan estar sujetas a criterios políticos, la dirección popular defiende la "creación de un comité de expertos elegidos por las comunidades autónomas" en el que figuren profesionales "independientes". Ellos serían los responsables de elaborar "un calendario del proceso de negociación y su posterior aprobación". 

Mientras tanto, para el PP es imprescindible que el Gobierno dé luz verde a la "creación de un fondo transitorio", una medida que vienen reclamando desde hace tiempo las comunidades peor financiadas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. En total, reclaman que ese fondo esté dotado con 1.700 millones para poder subsanar temporalmente la falta de recursos. 

Sobre el debate de la condonación de la deuda que tienen las CCAA con el Estado, que surge a raíz del acuerdo que alcanzó el PSOE con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez para condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña, el PP cierra la puerta. "Es una cuestión menor que busca otros efectos, vinculados a cuestiones políticas". 

No obstante, matizan en Génova, eso no impide que "tal y como reclaman los expertos", se analice una "reestructuración de la deuda" de las comunidades, a fin de que una parte la conmute el Estado. O para cambiar las condiciones, por ejemplo, alargar el plazo de vencimiento. Eso sí, siempre y cuando no se lleve a cabo una negociación bilateral que acabe privilegiando a unas en detrimento de otras. 

Otro punto destacado que figura en el plan de Feijóo para reformar el sistema es realizar una suerte de auditoría del gasto público en el conjunto de las comunidades y, "teniendo en cuenta los informes de la Airef", llevar a cabo una "eliminación de duplicidades entre administraciones". De esta forma, arguye Génova, se puede incrementar la capacidad de ahorro. 

Con respecto a las entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda a las comunidades, el PP apoya que se realicen de forma anual. Actualmente, la liquidación de los recursos tributarios se lleva a cabo cada dos años. 

En materia de inversiones, el PP quiere que exista una mayor cogobernanza entre el Estado y las autonomías. Aunque, de igual manera, exige un mayor "respeto a la capacidad normativa" de los gobiernos autonómicos. Una cuestión que la dirección popular ve necesaria incluir en el próximo modelo para evitar que el Gobierno central pueda reducir el margen que tienen las autonomías para bajar impuestos. 

Partiendo de esta base, Feijóo busca acercar posturas entre sus barones para salir de la reunión del 6 de septiembre con una propuesta lo suficientemente atractiva como para que la respalden los barones socialistas que han elevado su voz contra el cupo catalán: Emiliano García-Page y Adrián Barbón. 

El PP, con esta estrategia, quiere obligar a Sánchez a convocar una Conferencia de presidentes para abordar la reforma de la financiación. Y, después, un Consejo de Política Fiscal y Financiera. El fin último es que el Ejecutivo renuncie a lo rubricado entre el PSC y ERC, que contempla una negociación bilateral con Cataluña para constituir el polémico concierto económico.