Canarias recibe 200 nuevos 'sin papeles' al día en el final del verano y Ceuta ya triplica la crisis de 2023

El documento, actualizado a fecha del 31 de agosto, refleja que el acumulado de entradas a la ciudad autónoma en el norte de África por vía terrestre en el año 2023 a estas alturas del verano era de 650 personas. En el mismo periodo del ejercicio 2024, Ceuta se ha visto desbordada con un total de 1.917 llegadas de inmigrantes.

La gravedad de la "emergencia humanitaria" ha llevado este lunes a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, a proponer en su Consejo de Gobierno llevar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a los tribunales "por dejación de funciones". Sus continuas llamadas de auxilio provocaron que el presidente lo recibiera en La Palma, hace ahora 10 días, al acabar sus vacaciones en Lanzarote. Pero la crisis sólo se ha recrudecido.

De esos más de 25.500 migrantes sin papeles llegados a las costas de las islas, más de 5.300 son menores no acompañados (menas), cuya atención es competencia de la Comunidad Autónoma. Por eso, y ante la "sobreocupación" de los centros (que han pasado de 33 a 81 en este último año), el pasado mes de julio, estalló una crisis política.

El Gobierno canario logró, junto al de Ceuta, que el de España aceptara impulsar una reunión de la Conferencia Sectorial para que el resto de CCAA aceptaran un nuevo reparto de estos menores. Finalmente, todas las regiones votaron a favor, salvo Cataluña (aún gobernada por ERC), que se abstuvo.

Sin embargo, las derivaciones a la Península resultaron muy poco alentadoras: 347 menores de Canarias y 87 de Ceuta serían trasladados al resto de autonomías.

No se aceptó más reparto por parte de las CCAA ante la negativa del Gobierno a poner más financiación, a pesar de que los centros receptores ya estaban saturados. Las regiones receptoras están a más de 140% de su capacidad, en centros pensados para tutelar menores españoles abandonados por sus familias, no extranjeros a los que además de alojar, escolarizar y tutelar, hay que enseñar español.

Las regiones del Partido Popular aceptaron la llegada de nuevos menores sin papeles, incluso a pesar de la amenaza de los líderes de Vox de romper las coaliciones de gobierno en seis de estas CCAA. Finalmente, el partido de derecha extrema cumplió su amenaza en Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares y Aragón.

Ante la crisis, los dos ejecutivos más afectados, el insular y el de la plaza española en el norte de África, reclamaron que el Gobierno aprobara un Real Decreto que impusiera cuotas de solidaridad a las demás CCAA. "Éste es un problema de Estado, no de Canarias o de Ceuta", explican fuentes del entorno de Clavijo y de Vivas, en conversación con este diario.

Pero el Gobierno de Sánchez optó por la vía de la reforma de la Ley de Extranjería, por la vía urgente en el Congreso. La iniciativa la llevó el PSOE a la última sesión antes del receso de agosto, y decayó por los votos en contra de Junts, Vox y PP.

Los populares habían ofrecido sus votos para apoyar la ley si el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aceptaba alguna de sus peticiones: convocar la Conferencia de Presidentes, la declaración de 'emergencia migratoria' para que las CCAA puedan contratar servicios de urgencia, financiación para las autonomías y que el Estado se hiciera cargo con sus propios medios y recursos en situaciones como ésta, en la que todas las CCAA están "sobreocupadas".

Pero Torres sólo había contactado con el PP vía WhatsApp la tarde noche anterior a la votación, y negándose a negociación alguna hasta el periodo de enmiendas.

"No respetan al PP, niegan la emergencia, y sólo buscan a quién culpar de su irresponsabilidad", clamaba este domingo el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista con EL ESPAÑOL. Las peticiones del PP se reducían, esencialmente, a que el Gobierno diera financiación a las regiones receptoras, ya saturadas e incapaces de "atender dignamente" a los chicos y chicas.