Sánchez desenfoca el debate sobre el concierto catalán: ofrecerá más dinero a cada barón del PP

Durante los más de 25 minutos que duró su alocución, celebrada en el Instituto Cervantes, no nombró el pacto acordado entre el PSC y ERC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa.

Dentro de las prioridades que se fija el Gobierno, Sánchez prometió un nuevo sistema de financiación autonómico "más justo" para reducir las diferencias territoriales y que, de esta forma, todas las comunidades reciban más recursos. Ese modelo atenderá también, según garantizó el presidente, a las singularidades de cada comunidad autónoma.

[Sánchez anuncia más dinero para todas las autonomías y más impuestos "a los ricos"]

"La descentralización es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios y también con garantizar la suficiencia de recursos", afirmó.

Para abordar esta cuestión, el jefe del Ejecutivo anunció que convocará en Moncloa a todos y cada uno de los presidentes autonómicos durante las próximas semanas.

En concreto, Sánchez se comprometió a que "todas y cada una de las comunidades autónomas recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular" y para ello se duplicarán los recursos del fondo de compensación interterritorial.

Desde el PP tacharon el anuncio de Sánchez de "engaño", en palabras de Cuca Gamarra, secretaria general del partido. "La credibilidad de la palabra de Pedro Sánchez no vale absolutamente nada", aseguró, y exigió que el modelo de financiación se negocie "multilateralmente" y a través de una Conferencia de Presidentes como marca la ley, que lleva sin convocarse desde marzo de 2022.

Contra Ayuso

El otro gran anuncio, y para financiar todo lo anterior, se resume en esta frase: "Más impuestos para quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas". Sánchez se comprometió en avanzar una fiscalidad más progresiva, una de las banderas sociales del Gobierno de coalición.

"España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis".

Durante gran parte de su discurso, Sánchez se dedicó a arremeter contra la gestión de los gobiernos autonómicos del PP. El presidente del Gobierno sacó pecho de sus políticas sociales frente al modelo "caduco neoliberal" que representan los barones de Alberto Núñez Feijóo y que sólo conduce, a su juicio, a una "agenda contraria al interés de la minoría" porque prioriza "mercancías" frente a "derechos".

Las críticas de Sánchez, en un discurso arropado por todos sus ministros, se dirigieron especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de bajar los impuestos "a los más ricos", beneficiar "a los de arriba" y recortar en sanidad y educación. "Los líderes autonómicos de la oposición", —así se refirió a los presidentes autonómicos del PP—, "culpan de todo al Gobierno central y dicen que no les damos recursos públicos. Es mentira", dijo Sánchez.

Negociar con el PP

Y mientras Sánchez daba arranque al curso político, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecía en el pleno del Senado a petición del PP para dar explicaciones sobre el concierto catalán.

La número dos del Gobierno lanzó al PP una propuesta para abordar la reforma de la financiación autonómica: negociar "sin luz ni taquígrafos". Para la vicepresidenta primera, una negociación discreta es el camino correcto para evitar tensiones territoriales que puedan dificultar un acuerdo, como ha ocurrido hasta la fecha.

La también ministra de Hacienda criticó la estrategia de "confrontación territorial" de los populares. Montero aseguró que su departamento ha mantenido conversaciones con los territorios para "intentar impulsar la reforma", pero los intereses "que se aúnan en una parte del territorio tienen dificultades para conciliarse en otro".

"Si nos instalamos en una posición de máximos, no podemos llegar a un punto de encuentro", lamentó la vicepresidenta, que señaló que, además, el clima actual fomenta que si un territorio parece dispuesto a "aproximar posiciones" significa la "traición a los parlamentos regionales". De ahí su voluntad de llevar la negociación al seno de los partidos.

Es decir, que la propuesta de Montero y, por tanto, del Gobierno, es la de abstenerse de contar con la opinión de los ejecutivos territoriales a la hora de abordar la financiación de esos mismos territorios.

"Un grupo de trabajo para hablar de financiación autonómica que pueda avanzar sin que permanentemente tengamos la presión de aquello que en cada territorio se puede vivir como realmente una aspiración, pero que imposibilita que haya un modelo común que satisfaga de forma medianamente satisfactoria al conjunto del territorio", resumió la ministra de Hacienda.