Gobierno y Generalitat sólo podrán traspasar el IRPF esta legislatura por las dificultades técnicas del "concierto catalán"

Por eso se establece en el propio acuerdo un largo periodo para desarrollarlo en todos sus términos. El primer paso será la cesión de todo el IRPF que se paga en Cataluña, tal y como explicó este viernes la vicepresidenta y responsable de Hacienda, María Jesús Montero.

Hasta el momento, el Gobierno ha eludido explicar todos estos detalles, tanto en declaraciones públicas de sus miembros como en las comparecencias en el Congreso y el Senado. 

Europa Press

María Jesús Montero dice que sólo se cederá ahora el IRPF a Cataluña, sin dar plazos para el resto de impuestos

La Generalitat explica que la Agencia Tributaria de Cataluña tiene en este momento poco más de 900 funcionarios, lo que hace imposible que pueda asumir a medio plazo todos los impuestos que se recaudan en la comunidad, especialmente, el IVA. Necesita, por eso, un complejo proceso de adaptación técnica y de incremento notable de su plantilla, lo que llevará aún varios años para poder extenderse a todos los tributos.

El acuerdo de investidura de Salvador Illa señala que "la asunción de estas competencias requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos" desde la Agencia Tributaria estatal a la catalana. Las competencias a las que se refiere son la "recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos", según repite en varias ocasiones el citado acuerdo.

Hay precedentes de pactos de cesión de competencias que se han extendido durante años, como el relativo a Cercanías (Rodalíes), que se negocia con dificultades desde hace casi un año, o el de despliegue integral de las Policías autonómicas, que requirió varios años.

El calendario establecido en el "concierto catalán" prevé que se negocie durante 2025 para que en 2026 sea ya la Generalitat la que asuma la gestión del IRPF. Fuentes de ambas administraciones consideran excesivamente optimista ese plazo.

En concreto, se señala que "con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, será necesario formalizar el presente acuerdo durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado en relación al modelo de financiación. En 2025 será necesario impulsar los acuerdos a los que se llegue en la comisión mencionada anteriormente, a través de las modificaciones legislativas necesarias y, cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat a fin de que se puedan aprobar".

Es decir, antes de verano se concretaría el acuerdo y se fijaría el calendario, y durante el resto del año se pactaría el desarrollo.

Calendario de varios años

Todo está sujeto, por tanto, a la marcha de la legislatura en España y en Cataluña, donde hay dos gobiernos en minoría con acuerdos complejos. La única ventaja es que ambos son del mismo signo político, aunque dependan de los votos de partidos independentistas.

La previsión es que todo ese primer paso sirva sólo para el IRPF, siendo impensable el traspaso de la gestión de otros impuestos incluso antes del final legal de la legislatura, que sería en julio de 2027 si no hay adelanto electoral.

El pacto señala que "el primer tributo en el que se adelantará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF. Las comisiones mencionadas anteriormente tomarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución a lo largo del año 2026".

Desde ese momento, será necesario llevar a la negociación en esas comisiones otros tributos como el IVA, que tiene una mayor complejidad y requiere muchos más medios.

Todo ese calendario se refiere a la cesión material, la logística y la infraestructura para desarrollar el acuerdo. Queda la legal, que el propio pacto fija como reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación Autonómica) y otra específica de cesión de impuestos a Cataluña.

En ese paso está una de las dificultades mayores, porque requiere mayoría absoluta y un respaldo parlamentario dudoso en este momento. Gobierno y Generalitat esperan negociar estas reformas también durante 2025, en una negociación a varias bandas que requiere el acuerdo al tiempo con Junts y ERC y que debe discurrir por la misma vía que un hipotético acuerdo de financiación autonómica con todas las demás comunidades del régimen común, es decir, todas salvo País Vasco y Navarra.