La Eurocámara no sancionará a Alvise porque la financiación ilegal se produjo en campaña, cuando aún no era diputado

"No comentamos casos individuales ni posibles procedimientos judiciales". Esta es la única reacción oficial de los portavoces del Parlamento Europeo sobre el caso de Alvise Pérez, el líder de la formación ultra Se Acabó la Fiesta investigado por la Fiscalía por los 100.000 euros en metálico que le dio un empresario de criptomonedas. 

Según las informaciones preliminares que se conocen de esta investigación, Alvise Pérez podría haber vulnerado el Código de Conducta de los Diputados al Parlamento Europeo en materia de integridad y transparencia. En las grabaciones que han trascendido, el ahora eurodiputado ofrece al empresario su capacidad de influir en una futura "legislación relativa a Bitcoin".

En su artículo 2 apartado b, el Código establece que los parlamentarios "no solicitarán, aceptarán ni recibirán beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni cualquier otra recompensa a cambio de ejercer influencia o votar sobre actos legislativos, propuestas de resolución, declaraciones escritas o preguntas formuladas en el Parlamento o sus comisiones, y se esforzarán conscientemente por evitar cualquier situación que pueda dar pie a sospechas de soborno".

Alvise justifica el cobro de los 100.000€ como "servicios que presté sin factura" porque "Hacienda es una mafia"

Para los que se saltan esta regla, la sanción más grave es la pérdida del derecho a las dietas para gastos de estancia (350 euros al día) durante un periodo de hasta sesenta días, es decir, un total de 21.000 euros. Esta cantidad se puede duplicar (hasta un máximo de 42.000 euros) en caso de "incumplimientos repetidos". A los eurodiputados sancionados también se les pueden retirar sus cargos en la Eurocámara. Cualquier sanción penal más grave, incluida la retirada del escaño, deben adoptarla los jueces nacionales.

Sin embargo, las sanciones de la Eurocámara tienen una salvedad importante: se aplican únicamente a los eurodiputados que hayan cometido estas irregulares "en el marco de sus funciones" en el Parlamento Europeo. La iniciativa debe partir de la presidenta, Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo (PPE), tras conocer una presunta infracción, con la asistencia del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados (integrado por 8 eurodiputados de los diferentes grupos).

Un asunto nacional

No obstante, la presunta entrega de 100.000 euros a Alvise Pérez por parte del criptoempresario ocurrió durante la campaña electoral para las elecciones europeas del 9 de junio, antes de que el líder de Se Acabó La Fiesta tomara posesión de su escaño. Por lo tanto, la Eurocámara considera que se trata de un asunto puramente nacional que debe resolver la justicia española. Los grandes partidos españoles tampoco se han movilizado de momento en el Parlamento Europeo porque no quieren dar más notoriedad a Pérez.

Para proceder contra el líder de Se Acabó La Fiesta, el Supremo tendrá que enviar un suplicatorio a Bruselas. Desde la proclamación de los resultados de las elecciones del 9-J, Alvise Pérez goza de inmunidad como eurodiputado, un escudo protector cuyo objetivo último es garantizar la independencia e integridad del Parlamento como institución. La inmunidad de los diputados es doble: en España, es similar a la tienen congresistas y senadores; mientras que en el territorio de cualquier otro Estado miembro, no pueden ser detenidos ni procesados.

Como se vio en el caso de Carles Puigdemont, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es un procedimiento largo y tortuoso. En primer lugar, Metsola debe comunicar al pleno que ha recibido el suplicatorio y remitirlo al comité de Asuntos Jurídicos, que es el competente. Sus miembros pueden pedir toda la información que estimen oportuna. Asimismo, el afectado tiene derecho a ser oído y presentar todos los documentos o elementos de prueba escrita que considere oportuno.

A puerta cerrada, el comité de Asuntos Jurídicos aprobará un dictamen recomendando que se apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que la Eurocámara suspenda o mantenga su inmunidad. La decisión final es del pleno del Parlamento Europeo, y se aprueba por mayoría simple. El plazo medio de tramitación de los suplicatorios es de seis meses, aunque en el caso de Puigdemont se alargó más de un año.

El Parlamento Europeo da luz verde a casi todas las peticiones que le llegan para levantar la inmunidad de eurodiputados inmersos en procedimientos penales. Sobre todo en los casos que se refieren a posibles delitos cometidos antes de su llegada a la Eurocámara y que no tienen nada que ver con su trabajo de eurodiputados.