Yolanda Díaz asegura que las excarcelaciones de etarras son "derechos fundamentales" que la "extrema derecha" apoyó

Díaz ha asegurado que la reforma de la Ley Orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE "tiene que ver con los derechos fundamentales" que el Gobierno defiende. Según ha valorado ante los medios en Arteixo (A Coruña), todo el arco parlamentario de Bruselas dio su visto bueno.

"Es una Directiva y, por tanto, fuente de derecho europeo y español. La hemos transpuesto y fue aprobada en Europa por unanimidad", ha insistido Díaz, que ha dicho que, aunque no suele ser frecuente, la norma fue también apoyada por la "extrema derecha".

El Senado, a punto de aprobar una transposición europea que reducirá la pena de presos como Txapote y 43 etarras más

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha advertido de que tanto PP como Vox apoyaron la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y ha destacado que su tramitación parlamentaria ha sido "absolutamente pacífica".

La reforma recibió el aval unánime del Congreso el pasado 18 de septiembre, pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido este lunes de que el cambio legal incluye la supresión de un artículo y de la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

Se trata de una transposición de la normativa europea, que beneficiará, entre otros, a presos como Txapote. El asesino de Miguel Ángel Blanco verá reducida su pena en seis años, por lo que podría ser excarcelado en pocos meses. Su condena finalizaba en 2031. El PP ya ha anunciado que vetará esta reforma "indecente". 

En un comunicado, la AVT denuncia que esta es la consecuencia de la supresión en el Congreso de un artículo y de la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El pleno del Congreso avaló el pasado 18 de septiembre por unanimidad la modificación de esta norma que supone la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE y busca adecuar la normativa española a la europea, al sistema europeo de información de antecedentes penales (Ecris).

"Una discriminación"

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido la enmienda situándola como una "corrección" de la "discriminación" que sufren los ciudadanos españoles en la UE con las condenas penitenciarias y cree que la polémica se enmarca en la ofensiva de PP y Vox contra la reforma de la ley Mordaza.

Según ha explicado, la ley buscaba "corregir una discriminación" para que los españoles tengan un tratamiento igualitario en la aplicación del derecho comunitario europeo. El motivo es que, actualmente, cualquier ciudadano europeo condenado en nuestro país puede disfrutar de unos beneficios de ejecución de condena en su país de origen, mientras que los españoles no.

Santiago cree que lo único que sucede alrededor de este asunto es que PP y Vox "no saben qué hacer" para continuar su "ofensiva" contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por Bildu y el Gobierno y por ello tienen que recurrir al "fantasma del terrorismo en el País Vasco que hace más de una década que dejó de existir".

Por ello, ha instado a estas formaciones a aclarar si lo que están defendiendo es una "aplicación discriminatoria de la ley en función de la vecindad civil de la persona".