Varios viajeros se disponen a subir al autobús en el municipio de Roda de Berà (Tarragona).

Varios viajeros se disponen a subir al autobús en el municipio de Roda de Berà (Tarragona). Europa Press

Política

Más de 3M de españoles se pueden quedar sin autobús de línea con el plan que impone Transportes a las CCAA

M. R.
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Actualizada

El PP ha denunciado que el nuevo mapa concesional del transporte por carretera elaborado por el Ministerio que dirige Óscar Puente eliminará 456 rutas en toda España y dejará sin servicio a 3,2 millones de usuarios, principalmente en la España rural.

El Ministerio de Transportes pretende que estas rutas, que tienen un coste de más de 110 millones de euros, sean asumidas por las comunidades autónomas. Sin embargo, sólo está dispuesto a aportar a los gobiernos regionales 40 millones de euros en dos años, de forma transitoria, para financiar este servicio.

Los consejeros del ramo de las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP han remitido una carta al ministro Óscar Puente en la que califican de "inaceptable" e "inasumible" esta propuesta, y le piden que convoque la Conferencia Sectorial de Transporte para consensuarla.

Según su reglamento, la Conferencia Sectorial (en la que participan todas las CCAA) debería reunirse cada seis meses. Sin embargo, el Ministerio no la ha convocado desde julio de 2022, hace dos años y tres meses.

De acuerdo con el análisis que ha realizado el PP, el plan que quiere reactivar Óscar Puente (aunque fue elaborado en 2022 por su antecesora, Raquel Sánchez) supondrá la eliminación del 47% de las concesiones estatales de servicio de autobús que están activas en la actualidad.

También se eliminarán 9.305 paradas en 1.317 municipios, casi todos en la España rural. Como consecuencia de ello, el 74,11% de los municipios españoles que hoy tienen líneas de autobús de concesión estatal perderán este servicio.

Los consejeros del PP denuncian que las comunidades autónomas no pueden asumir estas líneas como concesiones propias, debido a que el Ministerio sólo está dispuesto a aportar 40 años durante un período transitorio de dos años para financiarlas.

Castilla y León es una de las regiones que más sufrirá el impacto de este plan, dada la dispersión de su población.

En el caso de la comunidad que preside Alfonso Fernández Mañueco, el plan del Ministerio de Transportes elimina 474 paradas (el 71% de las que existen en la actualidad) y deja sin servicio a 213.436 usuarios en 346 municipios. 

En concreto, uno de cada cuatro municipios que se quedarán sin línea de autobús de concesión estatal se encuentra en Castilla y Léon.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la región, José Luis Sanz Merino, indica en su carta dirigida a Óscar Puente que la propuesta del Ministerio "tiene una incidencia inasumible en nuestra comunidad por su gran impacto social, territorial y económico".

El nuevo mapa de concesiones estatales, indica, "elimina rutas, elimina paradas, elimina servicios e incrementa transbordos", sin tener en cuenta "la diversidad territorial de todo el país".

Por todo ello, añade, se trata de un plan "conllevará una menor conectividad y más dificultades para la movilidad de las personas que viven en zonas menos despobladas". En consecuencia, recalca, será especialmente "lesivo para el medio rural".

Los consejeros del PP reclaman al ministro Óscar Puente que convoque de forma urgente la Conferencia Sectorial de Transportes, para que "las comunidades autónomas podamos trasladar nuestras preocupaciones, inquietudes, incertezas y propuestas, siempre planteadas desde el ánimo constructivo, con el objetivo de poder paliar los efectos negativos que este nuevo mapa concesional traerá a nuestro territorio".

Los consejeros de los 11 gobiernos regionales del PP también aprovechan su misiva para mostrar su preocupación ante las "incidencias recurrentes de determinados servicios ferroviarios, sin que se haya producido una explicación rigurosa y sin que se adopten medidas para dar una solución definitiva" por parte del Ministerio.