Suben a 52 los etarras que se beneficiarán de la ley que rebaja sus penas: 7 saldrán de la cárcel antes de 2025

La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha calculado que al menos 52 presos de ETA podrán beneficiarse de la reforma legal que va a permitir que computen su tiempo en prisión en Francia, de los cuales siete podrían salir de prisión antes de que acabe el año.

Así, se eleva el número de etarras que se aprovecharán de la reducción de penas, que estaba previsto en 44 en un primer momento.

El portavoz de la red de apoyo a los presos de ETA, Joseba Azkarraga, ha explicado este jueves que actualmente hay 140 etarras en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros cuatro en Francia.

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Según sus cálculos, serán 52, 48 en cárceles del País Vasco y Navarra y los cuatro en Francia, los que podrán acogerse a la nueva norma, aunque para ello cada preso tendrá, a través de su abogado, que solicitar ante la sala condenatoria -la Audiencia Nacional- que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.

En este sentido, desde Sare piden que no haya "maniobras torticeras" de los jueces para dilatar la salida de la cárcel. 

Choque entre Congreso y Senado 

Sin embargo, la ley de antecedentes penales que permitirá la salida anticipada de algunos etarras de prisión sigue en stand by por un choque entre las dos cámaras. Este martes el Congreso dio por aprobada esta ley y anunciaba que no la volverá a votar como había pedido el Senado, que consideraba que el rechazo por mayoría absoluta de la Cámara Alta al texto equivalía a un veto.

La Mesa del Congreso obvió el "veto" a la norma, que fue remitida de vuelta desde el Senado, por su presidente. El popular Pedro Rollán se amparó en el informe de 12 páginas entregado por la Secretaría General de la Cámara el viernes pasado.

Fernando Villar Efe

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En el dictamen se argumenta que el "rechazo global y frontal" por la mayoría absoluta del pleno "debe entenderse equivalente a un veto" a la ley, a pesar de no haber cumplido el requisito formal de presentarlo por escrito y argumentarlo. El plazo para haberlo hecho se había cumplido una semana antes, el lunes 30 de septiembre.

Esta decisión de la Mesa del Congreso llegó sin un informe por escrito de los letrados. Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, un portavoz de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, aseguró que la decisión del órgano de gobierno del Congreso, con una mayoría conformada por el PSOE y sus socios parlamentarios, se ha basado en unas "recomendaciones" orales y que el documento del PP llegó fuera de plazo y que, por tanto, enviarían el texto al BOE. Por ahora no está publicado. 

Tras esto, el Senado y sus miembros han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso.