Moncloa teme que el malestar por la vivienda derive en otro 15-M mientras Podemos alza la voz contra la corrupción

El presidente no pudo evitar dejar traslucir un notable disgusto porque quien le preguntaba por la corrupción era una portavoz de un partido de izquierdas y, además, de los que necesita imperiosamente para aprobar los Presupuestos y mantener viva la legislatura.

Sánchez ya tiene cogida la medida a la oposición del PP y va tirando con referencias a la corrupción de la derecha y la dura crítica a la ultraderecha, pero le cuesta más cuando se le cuestiona desde la izquierda, como amagó el miércoles Belarra. 

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Al presidente le sigue valiendo el rechazo que provoca la unión del PP y Vox en el resto de partidos para mantener el apoyo imprescindible para seguir o, al menos, para evitar que por el momento sus socios de investidura se revuelvan en su contra. 

Es lo que Gabriel Rufián (ERC) ha llamado en algún debate el "malmenorismo", es decir, la seguridad con que los socialistas dan por hecho que no hay vías para sacarles del Gobierno, en una especie de "empate infinito" por falta de mayorías alternativas.

El problema para Sánchez es que, según explican varios portavoces de partidos de investidura, todo lo que va pasando va debilitando enormemente al presidente y a su Gobierno. Por el momento, no tienen intención de sumarse al PP contra Sánchez por la corrupción, pero empiezan a temer que la ola les arrastre si hay nuevas revelaciones.

Lo que plantean, por el momento, es la aplicación directa en su beneficio de uno de los lemas invocados por Sánchez para justificar sus decisiones: "Hacer de la necesidad virtud". Es decir, aprovechar la situación de debilidad política creciente del presidente para las negociaciones en marcha, especialmente, la de Presupuestos.

Ha quedado muy claro que Sánchez necesita casi con desesperación sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025 a principios de este año, ya fuera de plazo, para estar en condiciones de mantener la legislatura casi hasta el final.

Elevar el precio

Esas votaciones de los Presupuestos son casi como una cuestión de confianza para Sánchez. Si no los aprueba puede teóricamente seguir adelante, pero quedará aún más debilitado por un calvario político y judicial. Sin embargo, si los aprueba tendrá oxígeno para mucho tiempo, como admitió el dirigente del PP Elías Bendodo en una reunión a puerta cerrada con cargos de su partido.

El presidente y su equipo intentaron durante meses restar importancia a esos Presupuestos, insistiendo en que puede gobernar prorrogando los vigentes de 2023, pero apenas lo ha conseguido. Entre otras cosas porque mostró ansiedad al retirar in extremis la senda de gasto para negociar con Junts y saltarse el calendario que prevé la Constitución para retrasar los Presupuestos a la espera de los congresos del partido de Carles Puigdemont y de ERC.

Y cuando se enfila una negociación con cierta ansiedad y desesperación, la otra parte siempre tiene opciones de elevar el precio, según explica un veterano diputado socialista.

María Jesús Montero ya negocia con Junts ese techo de gasto y las competencias de migración; Bildu va sacando partido con asuntos como la "ley mordaza" y espera nuevos gestos del Gobierno; ERC necesita avances sobre el concierto pactado con el PSC para investir a Salvador Illa, gane quien gane en su congreso; PNV negocia asuntos sobre política empresarial y competencias y Podemos se estrena en una negociación de Presupuestos con todo el carril de la izquierda libre.

Todos ellos ven debilidad, huelen las heridas políticas de Sánchez y quieren aprovecharlas, según explican.

Lo más difícil, según admiten los socialistas, sigue siendo convencer a Junts, pero al menos no tienen sensaciones de ruptura en los diferentes contactos con los independentistas, incluyendo el del pasado fin de semana entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán, cumpliendo el rito mensual del viaje del responsable de Organización del PSOE.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, recalcó este sábado que su partido retirará el apoyo al Gobierno si Sánchez no rompe relaciones con Israel y acepta regular por ley el precio de los alquileres. Medidas que pueden chocar con las posiciones políticas de Junts.

En la Moncloa hay mucha preocupación porque el asunto de la vivienda empieza a caer sobre el Gobierno y perciben un movimiento en la calle que en algunas cosas recuerda al embrión del 15-M. Y, además, la pésima gestión de la "unidad del espacio a la izquierda del PSOE" ha dejado a una parte de ese electorado fuera del alcance de socialistas y Sumar. Ese sector social desafecto y descontento está huérfano, para quien lo quiera y pueda.

Gestos y trucos

Sánchez, especialista en gestos y trucos para sostener su mítica resiliencia, tendrá que cuadrar a martillazos estas piezas y, sobre todo, las reacciones que provocarán aceptar esas peticiones.

Su extrema necesidad le obliga a convertir en virtud la aceptación de un alto precio. Cuanta más necesidad, más precio.

Además, Sánchez necesita a esos socios para tener una vida política más llevadera, para mantener un paraguas parlamentario que detenga el chaparrón de los escándalos. Por ejemplo, para frenar plenos monográficos sobre corrupción o para no tener que responder sobre esos escándalos a partidos que no sean el PP y Vox. Por ejemplo, Podemos.

Los socialistas están inquietos por lo que pueda salir en los sumarios de los casos de corrupción, especialmente, el que mantiene en prisión al comisionista Víctor de Aldama por presunto fraude en comercio de hidrocarburos, por si de ahí se desprenden implicaciones de más ministerios, a sumar al de Transportes y al de Interior por el caso Koldo.

Por eso, fuentes de Moncloa explican que no están en condiciones de entregar la cabeza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Están convencidos de que no hay nada punible, pero admiten que si Sánchez estuviera más fuerte podría aceptar como gesto político de limpieza forzar su dimisión hasta que se resuelva la investigación. Pero así no se lo puede permitir. Que Álvaro García siga no es un gesto de fortaleza, sino de debilidad, como explica un socio parlamentario de Sánchez.

Álvaro García es su línea roja de resistencia, también para lanzar un mensaje al Tribunal Supremo, con el que ya mantiene el pulso de la ley de amnistía, y con el que podría abrirse nuevos enfrentamientos en el futuro.

Este mismo miércoles, en la sesión de control del Congreso, Sánchez vivió lo que se conoce como punto de inflexión en su trayectoria al pedir disculpas por la corrupción, después de años de jactarse de no tener escándalos en su trayectoria y de tener un Gobierno limpio. Algo se rompió el miércoles en su biografía y desde ahora las noticias se van a referir, por ejemplo, a la imputación de quien era su mano derecha, José Luis Ábalos.

Tendrá que acostumbrarse a que, como le pasó el viernes pasado, su visita al Papa para lucir su gestión para frenar la guerra en Oriente Medio se empañe con preguntas y titulares sobre la corrupción. A que The Economist, Bloomberg y otros medios internacionales hablen de eso. Y a que en el PSOE empiecen a hacerse preguntas sobre algunas cosas que han ocurrido en los últimos seis años.