La vicepresidenta María Jesús Montero, este jueves durante el pleno del Congreso de los Diputados.
María Jesús Montero enfada a los socios del PSOE por intentar una reforma fiscal de tapadillo y con acuerdos contradictorios
- Junts, PNV, ERC y Bildu son escépticos sobre la posibilidad de llegar ya a un acuerdo por el poco margen de maniobra que tiene el PSOE.
- Más información: El Gobierno pospone la votación de los 'impuestazos' para evitar una nueva derrota parlamentaria de Sánchez.
"Cuando negocio no hablo", repitió María Jesús Montero cada vez que cruzaba a toda velocidad la nube de periodistas en el pasillo del Congreso, mientras se celebraba este jueves el Pleno de la Cámara.
La número dos del Gobierno no paró de hablar por el móvil en el hemiciclo y fuera de él durante toda la mañana para intentar deshacer el complicado embrollo político que vive el Ejecutivo. El objetivo: intentar aprobar cambios en los impuestos para asegurar ingresos suficientes de cara a los Presupuestos para 2025.
Su cara de preocupación anticipaba lo que puede ser la negociación de esos Presupuestos. Y ni hablar de lo que sería si el Gobierno se atreviera a tramitar una nueva financiación autonómica o un concierto o financiación singular para Cataluña.
Porque el Gobierno se ha chocado estos días con la dura realidad: no tiene mayoría suficiente para sacar adelante iniciativas que tengan que ver con políticas ideológicas, especialmente las referidas a fiscalidad o política económica, las que diferencian entre la derecha y la izquierda.
En esa realidad, en la que Pedro Sánchez fue investido presidente hace un año, no hay ya una mayoría progresista. Eso impide al Gobierno tener un proyecto claro que pueda materializarse en leyes aprobadas en las Cortes y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Estos días, el Gobierno se ha dado de bruces contra esa realidad, porque ha intentado aprobar lo que ha llamado "reforma fiscal" y lo ha pretendido hacer a través de enmiendas a un proyecto de ley que traspone una directiva europea que busca armonizar impuestos a multinacionales en toda la Unión Europea.
Todo porque el Gobierno se comprometió con Bruselas a hacer una reforma fiscal para poder recibir 7.000 millones de euros de los Next Generation, el quinto pago de esos fondos europeos.
Por el momento, ese intento ha sido frenado por falta de apoyo parlamentario, y el PSOE se ha visto obligado a desconvocar dos veces la reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso ante el riesgo cierto de sufrir una sonora derrota.
El lunes por la tarde será el tercer intento y el Gobierno insistirá para intentar lograr cuadrar las diferentes posiciones de sus socios.
La negociación la ha llevado esta vez la vicepresienta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y no el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Y, por el momento, la número dos del Gobierno ha enfadado a todos sus socios parlamentarios, a falta de lo que pueda ocurrir el lunes.
Hay acuerdo entre todos en que no se ha elegido bien la manera de introducir algo tan trascendente para todos como una "reforma fiscal". Que ha sido un error utilizar como "contenedor" un proyecto de ley sobre una imposición de Europa, que debía estar en vigor el 1 de enero de 2023 y que, si no se aprueba antes del próximo 1 de enero, habrá sanciones para España.
Impuestos ideológicos
El malestar nada oculto de los socios tiene que ver también con la forma en que los socialistas han negociado con los grupos, cerrando acuerdos imposibles de encajar entre ellos por contradictorios. Primero se cerró un pacto con Junts y PNV, que están en contra de prorrogar desde el 1 de enero los impuestos a la banca y las empresas energéticas. El primero se matizaba y el segundo se eliminaba en ese acuerdo.
Luego, el PSOE pactó con Sumar, que cedió su posición inicial de mantener ambos impuestos a cambio de introducir otros nuevos como el de la sanidad privada, el de los vapeadores.
PNV y Junts están enfadados porque una vez que Montero cerró y anunció un pacto con ellos, lo rectificó de hecho al acordar algo distinto con Sumar, sin preguntarles antes de anunciarlo.
Además, los socios de izquierda, es decir, Bildu, ERC y Podemos, están también molestos porque no se bajan de su posición de hacer permanentes los impuestos a las energéticas y los bancos. Es decir, rechazan el acuerdo de Montero con PNV y Junts, y también el cerrado por la vicepresidenta con Sumar.
Y está latente la rivalidad política entre PNV y Bildu en el País Vasco y, sobre todo, entre ERC y Junts. Entienden los socios, que Montero no ha sido sensible a esa rivalidad que hace que, por ejemplo, Bildu y ERC no puedan ir a sus respectivas comunidades habiendo renunciado a esos dos impuestos tan ideológicos.
Por todo ello, los socios han hecho saber a Montero que, por distintos motivos, no están dispuestos a apoyar las enmiendas, y que si se celebraba este jueves la comisión, todas ellas decaerían por las posiciones cruzadas de cada uno, hasta el momento inamovibles.
Llegado a ese punto, el Gobierno intentó dar por perdidas las enmiendas, es decir, renunciar a su "reforma fiscal" y, al menos, salvar el proyecto de ley y trasponer la directiva europea.
El problema es que Junts sostiene que su acuerdo con Montero es integral, es decir, que si no se introducen sus enmiendas no votarán a favor del proyecto de ley. Y eso que la falta de acuerdo sobre las enmiendas favorece a PNV y Junts, porque harían caer los impuestos a energéticas y banca el próximo día 1 de enero.
Así estaba la situación hasta que, de pronto, el PP hizo saber que ellos estaría dispuesto a salvar el proyecto de ley, no las enmiendas, porque está "en contra de cualquier subida impositiva", y que solo apoyará "las que vengan impuestas por el marco comunitario, como es el caso de la transposición de la directiva sobre el mínimo complementario de sociedades pactado en Bruselas".
Para el PP era una buena oportunidad de mostrarse como el partido de Estado que salva a España de pagar una multa y traspone la directiva europea, precisamente en el momento en el que el Gobierno llama "antipatriota" a Alberto Núñez Feijóo por estar a punto de hacer volar por los aires la nueva Comisión Europea, por su veto a Teresa Ribera.
Como el Gobierno no tiene garantías de que el PP cumpla su palabra, decidió a dos horas de la reunión de la Comisión de Hacienda aplazarla hasta el lunes. La versión oficial es que hasta ese día va a volver a hacer un intento por pactar con sus socios, aunque todos ellos son escépticos del margen de maniobra que queda, tras la forma en la que Montero ha conducido la negociación.
Hasta el lunes a las 17:00 horas el Gobierno respira y gana tiempo. Se celebrará (o no) en ese momento la reunión de la Comisión de Hacienda. Lo que salga de allí irá al Pleno del Congreso y luego al Senado.