Teresa Ribera adjudicó la vigilancia del barranco del Poyo a la empresa privada que hizo una oferta un 21% a la baja

El contrato, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, fue formalizado ese día entre el departamento de Teresa Ribera y la licitadora que presentó una oferta con una baja del 21% sobre el valor estimado del contrato.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Matinsa-Ofiteco se hizo con la gestión de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) por un periodo de tres años, hasta 2026.

El Ministerio de Ribera había previsto un presupuesto para la licitación de 10.732.351,29 euros.

Sin embargo, según el anuncio de formalización de contrato del 9 de noviembre del año pasado, eligió esta oferta de apenas 8,063 millones "en base a la mejor relación calidad-precio".

Contrato de externalización del SAIH de la Confederacón del Júcar.

La ministra se mostró, el pasado miércoles en el Congreso, "defensora del sector público" y de los profesionales de la CHJ en su labor durante el día de la riada. Calificó de "injusto y peligroso" poner en duda la labor de sus trabajadores y agradeció a los "servidores públicos" su trabajo en las tareas de comunicación de la información relevante el día de la DANA causante de más de 220 muertes.

Sin embargo, según fuentes de la Generalitat, la política de recursos humanos de la CHJ ha sido "nefasta" en los últimos años. Las jubilaciones "no han recibido relevo" y en las oposiciones, la CHJ siempre ha sido "la Confederación que ha recibido menos plazas".  

Además, la privatización de este servicio esencial, alegan estas fuentes, se activó por la "falta de personal especializado y experimentado en la CHJ" en este tipo de funciones. Y todo ello, pese a que la CHJ cuenta con un presupuesto anual de algo más de 58 millones de euros, de los que 15,8 millones (el 30%) van destinados a gastos de personal.

La privatización de estos servicios, con una baja tan sustancial, contrasta con el objetivo primordial de los SAIH, que es "la gestión de recursos hídricos" y, sobre todo, "la previsión y control de avenidas en coordinación con los organismos de protección civil de las diferentes Comunidades Autónomas y del Estado".

Contradicciones

Pero esta externalización a la baja de tampoco encaja con lo defendido por la propia Ribera en sus comparecencias ante las Cortes del pasado miércoles. Sus discursos en el Congreso y en el Senado, más allá de dejar sin responder las preguntas clave, giraron en torno la defensa de "los servicios públicos de calidad, que son esenciales para cuando necesitamos protección".

En todo el recorrido del barranco del Poyo hay un sólo medidor de caudal, ubicado en el municipio de Ribarroja, pasada ya la mitad de su curso desde su nacimiento en Chiva. Es decir, cuando sus metros sobre el nivel del mar, 1.023 metros sobre el nivel del mar ya son sólo 100.

Es decir, que si una crecida es detectada en ese único dispositivo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), "hay muy poco tiempo para la reacción".

Ésas también son, precisamente, palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno, el miércoles pasado, en el Congreso.

"No vivimos en un estado fallido, sino en un Estado de derecho, con servicios públicos que funcionan para proteger a la población", añadió. "Debemos respetarlos, valorarlos y fortalecerlos, ya que el conocimiento, la ciencia y la confianza en las instituciones son nuestros mejores aliados frente al riesgo".

Tres razones

Pero lo cierto es que el medidor del barranco del Poyo no funcionó. Primero, porque la torrentera de agua literalmente se lo llevó por delante antes de las 21:00 horas, cuando el agua ya alcanzaba Ribarroja a casi 2.000 m3/s, cuatro veces el caudal del Ebro.

Pantallazo de la tabla de datos que se podía ver en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta el domingo.

Segundo, porque la ubicación del único dispositivo, ya en el inicio de la ladera de inundación previa a la zona llana de su desembocadura en la Albufera, es la verdadera causa de que Ribera pudiera justificar el "apagón informativo" entre las 16:13 y las 18:43 horas. En esas dos horas y media, la crecida multiplicó casi por 100 el volumen de agua que bajaba por el Poyo, pero la CHJ no emitió un sólo correo sobre el caudal. 

De ahí que la vicepresidenta pudiera argumentar que, en situaciones como éstas "la capacidad de reacción es muy poca". Y que, por eso, las alertas deben atenderse son las de lluvia torrencial que emite la AEMET, que sí mandó nueve emails... aunque ni su representante en el CECOPI ni el presidente de la CHJ, presente también en la reunión de emergencia, atendieron tampoco esos avisos.

La tercera razón para afirmar que el único SAIH del barranco del Poyo no cumplió con el servicio para el que se contrató hace un año, es el incumplimiento contumaz de los técnicos 'privatizados' de la CHJ. La Confederación omitió 15 veces la alerta por escrito que exige su protocolo en esos largos minutos clave de incomunicación.

"De nada sirve contar con toda la información si quien debe responder no sabe cómo hacerlo", insistió la ministra responsable de la CHJ y de AEMET.

Pero no se entregó esa información. Había un solo medidor. La ubicación geográfica de este sistema automático no era la adecuada para prevenir una gran avenida (y menos una "con periodos de retorno de entre 5.000 y 10.000 años", como admitió la todavía vicepresidenta del Gobierno). Y finalmente, el SAIH, además, se rompió.

Teresa Ribera acudió obligada a las Cortes, como condición imprescindible para que el PP Europeo le levantara el veto en el Parlamento Europeo a su candidatura a la Comisión. Debía dar cuenta de las responsabilidades de su Ministerio de Transición Ecológica en la catastrófica riada sobre los pueblos de la ribera del Poyo provocada por la DANA del 29 de octubre. 

Alerta temprana

Sin embargo, en su intervención ante la Cámara Baja, ella misma admitió que hay posibles causas del desastre señalables en la última privatización a la baja de la vigilancia de caudales en la Confederación del Júcar. 

Ribera reconoció que ella había firmado la Declaración de Impacto Ambiental de la "obra prioritaria" para la "adecuación y drenaje" del barranco del Poyo en 2011, actuación que desechó en 2021, ya como vicepresidenta. Y defendió sus políticas de "mínima intervención" en los cauces.

Pero sobre todo, proclamó que "lo más importante" ante el riesgo de grandes inundaciones es contar con "un Sistema de Alerta Temprana [SAT], que es lo único que salva vidas".

Pero ni el pliego del Ministerio ni, por supuesto, la oferta a la baja del 21% elegida en el contrato de explotación, operación y mantenimiento de los SAIH de la CHJ contemplaban dotar del SAT a ninguna de las demarcaciones del Júcar. 

Este periódico se ha puesto en contacto con la Confederación para conocer los motivos de que estos sistemas, mucho más modernos que las estaciones del SAIH, que datan de 1989, no fueran recogidos en el pliego de la última renovación del contrato. Según un portavoz, la CHJ "trabaja desde hace tiempo" en ello, sabedora de que "permitiría mejorar el conocimiento hidrológico en diferentes episodios, tanto de fuertes lluvias como de sequía".

De hecho, el pasado martes el Ministerio lanzó una convocatoria de 22,5 millones de euros para incluir el SAT en las "obras de emergencia para la reparación de daños en el SAIH ocasionados por la DANA del 29 de octubre". El documento, al que también ha accedido este periódico fue aprobado mediante una resolución del presidente de la CHJ, Miguel Polo.

Convocatoria de la CHJ para un SAT en lel barranco del Poyo.

Según las fuentes consultadas, en las cuencas mediterráneas "resulta de gran complejidad" la instalación del SAT, "dada la rapidez de respuesta hidrológica de sus cauces y barrancos". 

Otras confederaciones, como la del Ebro, sí disponen de un Sistema de Alerta Temprana. Fuentes de la Generalitat se preguntan ahora por qué la CHJ no disponía de este SAT y lamentan que haya sido sólo después de la tragedia que el Ministerio ha dedicado presupuesto a esta tecnología, lo que habría permitido, según la argumentación de Ribera, anticiparse y "salvar vidas" en Valencia.