El Senado aprueba el informe de expertos que declara el concierto catalán "fuera del marco constitucional"

Los representantes del PSOE y de todos los socios que lo sostienen en el Gobierno han votado en contra (PNV, Junts, ERC, Bildu) de un dictamen que considera "fuera del marco constitucional" el llamado concierto catalán, pero el dictamen ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los senadores del Partido Popular.

El acuerdo firmado entre el PSC y ERC para que los independentistas republicanos apoyaran la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, fue analizado por una docena de expertos hasta el pasado 25 de noviembre.

El informe de 18 páginas, al que ha tenido acceso este diario, es muy crítico con la iniciativa: aparte de calificarla como inconstitucional, pone en duda su eficiencia. Además, considera que "quiebra la multilateralidad" con un modelo que "ni es el régimen general ni el foral", los dos sistemas contemplados en la Constitución.

Y sobre todo, concluye que "incluso en la situación menos lesiva para la Administración Central, habría una mejora de la financiación que recibiría Cataluña en detrimento del resto de Comunidades Autónomas".

Fuentes del PP destacan que "después de un fin de semana" en el que el congreso del PSOE aprobó "soplar y sorber al mismo tiempo en materia de financiación autonómica", ha quedado claro que los socialistas se quedan con un pacto de "privilegios para unos frente a todos". Según Gerardo Camps: "El PSOE apuesta por la bilateralidad y por poner en jaque la Constitución".

"Agrava desigualdades"

Según el informe aprobado este lunes en el Senado, el acuerdo entre los socialistas y el independentismo "detrae del sistema una importante parte de los recursos, que automáticamente suponen una reducción de los recursos disponibles para el resto".

Ante esto, el dictamen incide en que "las consecuencias que puede producir esta determinación podrían agravar las desigualdades entre regiones si no se establecen salvaguardas claras", algo que el acuerdo no establece.

El documento admite que "es difícil cuantificar los recursos que quedan detraídos, puesto que el acuerdo es político y no detalla las consideraciones técnicas". Pero añade que una mayoría de los expertos aprecian "con claridad los efectos de las estructuras que establece".

Y que éstas provocan una "preocupación importante sobre cómo el acuerdo debilita la solidaridad entre territorios, que es un pilar del sistema de financiación autonómica establecido por la Constitución".

Sobre el "principio de ordinalidad", señalan que su aplicación es compartida por la mayoría de los expertos "como un indicador de la capacidad fiscal de cada territorio, pero no entendiendo la posición relativa de cada comunidad", en relación a las demás, "como una posición absoluta e inmutable".

Finalmente, el dictamen destaca que los comparecientes coinciden en que el diseño del sistema de financiación autonómica "se debe hacer entre todos, aunque luego se pueda particularizar su aplicación a detalles concretos fruto de las singularidades de cada territorio, pero sin variar la estructura fundamental".

"Estrategia del engaño"

Fuentes del Partido Popular en el Senado se mostraban satisfechas con la claridad que aportaron los expertos "de todo signo" que fueron convocados por la Comisión de Comunidades Autónomas.

A pocos días de la Conferencia de Presidentes, convocada el próximo 13 de diciembre en Cantabria por Pedro Sánchez, y que tratará (entre otros temas) sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, en el PP destacan que la "estrategia del engaño" del PSOE, que "en el mismo texto que aprobaron" de ponencia del congreso, "defendieron la multilateralidad y aceptaron la bilateralidad; dos conceptos totalmente incompatibles".

Según el PP, el documento aprobado demuestra que "las mentiras tienen poco recorrido" y que el avance de "esta mentira del cupo searatista acaba hoy en el Senado", por las "demostradas" consecuencias "perniciosas" en las cuentas públicas.

En contra del informe se pronunció explícitamente Esquerra Republicana, que en un voto particular defendió el acuerdo con el PSC porque "busca hacer justicia con Cataluña después de años de infrafinanciación".

En la misma línea, Junts calificó el dictamen de "informe de parte" y de "excusa para organizar un aquelarre" en el Senado y "negar lo que es evidente: que hoy Cataluña es un país infrafinanciado", según el senador Eduard Pujol.

Por su parte, la socialista María del Carmen Silva acusó al PP de "mentir" al atribuir esas conclusiones a la mayoría de expertos y reivindicó que en la historia de la financiación autonómica "la bilateralidad ha jugado un papel imprescindible y Cataluña siempre ha jugado un gran papel, pero también otras Comunidades Autónomas, donde se hicieron negociaciones bilaterales para finalmente aprobarlo de forma multilateral".

Otras conclusiones

Los populares indican que el dictamen deja claro que "el principio de suficiencia financiera también se vería afectado". Según la mayoría de comparecientes, destaca el texto, la reducción de lo que aporta Cataluña a la nivelación interterritorial podría dejar "insuficientemente financiadas a otras comunidades, estimando que podría impactar negativamente en los territorios con menos capacidad recaudatoria, exacerbando desigualdades".

El informe concluye, de hecho, que "si este sistema se extiende a todas las Comunidades, los recursos disponibles por la Administración Central no alcanzarían ni para pagar los intereses de la deuda del Estado", avisan.

En el informe, además, se recoge que los expertos que comparecieron se posicionaron de manera firme contra la ruptura de la Agencia Tributaria estatal para potenciar una catalana propia.

Según el documento, esto sería "un error con graves consecuencias" porque "aumentaría el fraude fiscal, incrementaría los costos para los ciudadanos y debilitaría la eficacia en la recaudación" al "vaciar al Estado de su capacidad recaudatoria". Avisa, en este sentido, que la creación de un sistema tributario singular para Cataluña "puede incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal".

Por último, el dictamen subraya que los expertos coinciden en que es necesaria una reforma "urgente" del sistema de financiación autonómica para garantizar un reparto de recursos "más justo y eficiente".

"No se debe olvidar que el Gobierno ha justificado este acuerdo como un primer paso hacia la necesaria reforma del sistema, obviando que ese es un proceso que se inició formalmente en 2017 y cuyas primeras fases desembocaron en la publicación de un informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo que no ha sido tenido en cuenta en absoluto para este acuerdo", critica el texto.