La Comisión Europea desmiente al Gobierno: el 'tasazo' de basuras no lo impone ninguna directiva de la UE

La nota es una respuesta escrita a una pregunta remitida por Dolors Montserrat. La líder de la delegación del Partido Popular español en el Parlamento Europeo lleva batallando contra este "bulo del Gobierno de Pedro Sánchez" desde la campaña electoral del pasado 9-J, que la enfrentó a la hoy vicepresidenta primera de la Comisión, entonces cabeza de lista del PSOE.

En este documento, Sefcovic desmiente al Ejecutivo español en cuanto a que es la legislación europea quien obliga a aplicar en 2025 un tasazo de basuras que elevará el recibo medio a 178 euros.

Es cierto que la Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos indica que se deben repercutir el 100% de los costes de la recogida, transporte y reciclaje de desechos. Pero en la respuesta parlamentaria al PP, la Comisión Europea indica que "son los Estados miembros" quienes pueden elegir "de manera discrecional los instrumentos concretos" para aplicar la norma sobre los residuos con el fin de cubrir los costes de la gestión de residuos.

Se trata de una pequeña victoria para el PP, más testimonial que real, ya que el tributo entra en vigor en la primavera del año que viene. Pero es, sobre todo, "una derrota" para la vicepresidenta de Transición Climática del Ejecutivo comunitario, Teresa Ribera, según fuentes de los populares europeos.

El Ministerio de Ribera "se había escudado en la directiva de la UE para defender el tasazo", explican, y aprobaron una ley por la cual a partir del 10 de abril del 2025 será obligatoria para todos los municipios españoles la implantación de la "tasa de basuras", también llamada "prestación patrimonial de carácter público no tributaria" por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Algunos consistorios, como el de Madrid capital, han anunciado "rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles", el conocido como IBI, para "compensar la imposición sanchista". Pero no todas las corporaciones locales tienen ese músculo financiero, y mucho menos las más pequeñas que, actualmente, ya trabajan en mancomunidad con otras. 

Los detalles

El PP estaca que Bruselas es muy clara: la tasa incorporada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, "es una elección política", pues la directiva europea incorpora una "lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas".

Así lo detalla Sefcovic en su texto, "para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembros pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos".

Los Estados miembros y, en particular, sus autoridades locales, añade, "pueden también adoptar otras medidas que no figuren" en esa lista. Y "esas medidas pueden además variar en función de los agentes a los que se impongan", porque la directiva no impone que el pagador sea el ciudadano. Según el texto legal comunitario, lo único obligado es que los gastos sean sufragados; pero pueden ser repercutidos también "a las empresas, los productores o los hogares", tal como advierte la respuesta del comisario.

"En su primer día de trabajo, Ribera recibe la primera recriminación de su compañero de la Comisión, que la desmiente", destaca satisfecha Montserrat, en declaraciones a este diario.

"Se demuestra que el Partido Popular y sus alcaldes teníamos razón. No era necesario sangrar a los ciudadanos a través de este tasazo para transponer correctamente la directiva", concluye la también vicepresidenta del Grupo PPE en la Eurocámara.

"La Directiva no impone ninguna tasa de basuras. Queda claro el radicalismo verde de Teresa Ribera que quiere obligar a los ciudadanos a pagar de su bolsillo íntegramente el reciclado, y por el cual tendrá que dar explicaciones", sentencia la dirigente popular.