Pedro Sánchez, con casco, durante la visita a unas instalaciones de Acciona, en una imagen de archivo.
El Tribunal de Cuentas sobre el 1º plan de vivienda de Sánchez: "Ni se cifran los objetivos, ni hay coordinación ni supervisión"
- Según el organismo fiscalizador, la falta de homogeneidad de criterios en el plan incrementa el "riesgo de desigualdades entre territorios".
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Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas al primer plan de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, el del periodo 2018-2021. El organismo fiscalizador, en su informe presentado este martes en el Parlamento, realiza un balance demoledor.
En sus conclusiones, sostiene que los objetivos definidos en el plan "no estaban cuantificados, ni incluían una tabla de indicadores para su seguimiento". Añade que el plan "careció de una coordinación real" a causa de la "insuficiente participación de otros actores implicados en la aplicación de las políticas de vivienda como las comunidades autónomas y las entidades locales" y que eso incrementó "el riesgo de que se produzcan solapamientos, fraccionamientos, vacíos de financiación e ineficiencias".
Incluso señala que el Ministerio de Vivienda no se aseguró "el cumplimiento eficaz de los programas", por lo que recomienda al Ejecutivo reforzar "la cooperación y coordinación" en esta materia.
El gran anuncio del 41º Congreso Federal del PSOE fue, precisamente, la creación de una empresa de vivienda pública como forma de paliar los problemas que se arrastran en esta materia. El anuncio fue lanzado el domingo en Sevilla a los cuatro vientos por el propio Pedro Sánchez.
Este martes, sólo 48 horas después, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentó a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) las principales conclusiones del informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Y quedó claro que la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente.
El tribunal apunta en su informe que las deficiencias en la redacción del plan impiden "conocer el impacto de las ayudas" y "el grado de avance", y todo ello "dificulta la posibilidad de adoptar medidas para corregir eventuales desviaciones y afecta al diseño de planes y estrategias de vivienda que respondan eficazmente a las necesidades existentes".
Asimismo, el tribunal sostiene que había diversas debilidades en la planificación y diseño, derivadas especialmente de su "desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el tercer sector".
Por otro lado, todas estas "debilidades" propician la "falta de homogeneidad de criterios" en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando "el riesgo de que se produzcan desigualdades entre los territorios".
Recomendaciones
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez que coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados.
En el informe, el organismo fiscalizador detectó que el Plan Estatal en esos años dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 millones a la cofinanciación por las comunidades (el 21,30%).
Durante su comparecencia en el Parlamento, la portavoz del PP, Pilar Alía, preguntó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, acerca de los 618 millones de euros que están pendientes de justificar. "¿No hay justificación tres años después de finalizado el plan en 2021? ¿Han sido invertidos esos 618 millones o dónde han ido a parar esos importes?".
Chicano negó que haya sin justificar 600 millones de euros, aclaró que son 559 millones, pero porque hasta el momento "solo nueve comunidades autónomas han hecho la liquidación". "El resto de comunidades no han hecho todavía la liquidación y están en plazo para justificar", explicó.
