La Comisión reprende a España por el 'gran hermano' turístico: "Hay que aligerar la recogida de datos, no añadir burocracia"

La Comisión Europea pide a España un política contraria a la del gran hermano turístico implantado a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, que establece "las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor".

El comisario de Turismo europeo, Apostolos Tzitzikostas, advirtió contra la medida que aumenta de 13 a 42 los datos personales que debe entregar el usuario: "Hay que evitar la burocracia y el papeleo".

Tzitzikostas atendía en el pleno del Parlamento Europeo, en nombre de Bruselas, las reivindicaciones del sector frente a la política implantada por decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asociaciones y patronales hosteleras están preocupadas por su competitividad, el servicio a los clientes y los riesgos frente a la ciberdelincuencia por ser "depositarios de manera obligada, durante tres años, de datos sensibles de nuestros clientes".

Así se lo expresaron mediante una carta al comisario, remitida a través del eurodiputado Borja Giménez Larraz, que denunció en Estrasburgo "una invasión en la privacidad de las personas, que puede vulnerar la regulación europea en materia de protección de datos. Una imposición más propia de un Estado policial que de una democracia".

El PP exige al Gobierno que suspenda la recopilación de datos de viajeros por ser un "Gran hermano turístico"

Este es un tema, dijo, que no sólo preocupa en nuestro país. "Las asociaciones turísticas de ámbito europeo se han puesto de acuerdo para mostrar su frontal oposición a la legislación de uno de los países de la Unión", por lo que pidió que la Comisión intervenga.

En el pleno del Parlamento Europeo, el comisario de Transporte Sostenible y Turismo coincidía advirtiendo de que "es necesario trabajar para evitar la burocracia y el papeleo cuando recogemos datos", en clara referencia al escándalo generado por el registro de viajeros creado por el Ministerio del Interior en España, que ha sublevado al sector turístico.

El informe enviado al comisario, al que ha tenido acceso este periódico, enumera las quejas de 10 asociaciones diferentes de la hostelería y el sector servicios.

En este documento, el europarlamentario del PP Giménez Larraz denuncia "el abusivo y burocrático registro de viajeros impuesto por Marlaska" y pide a la Comisión que intervenga ante "una carga administrativa incomprensible, inadmisible e imposible" y una "invasión en la privacidad de las personas".

Tzitzikostas, alertado de la situación en España, señaló que trabajará sobre la necesidad de "aligerar los procedimientos mucho", tal como dijo ante la Eurocámara. Durante su intervención, después insistió en que los Estados miembros deberán legislar para "utilizar de manera adecuada datos e indicadores, sin añadir una carga administrativa suplementaria a los actores principales, a las pymes" del sector.

Un decálogo de quejas

Cuatro de estas asociaciones mantuvieron reuniones presenciales con el eurodiputado español. Se trata de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Mesa del Turismo de España, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

Sus reivindicaciones se resumen en 10 puntos, tal como recoge el informe enviado al comisario Tzitzikostas:

1. Las autoridades europeas no han exigido la aplicación de estas amplias medidas de recopilación de datos introducidas por el Real Decreto (RD) 933/2021 de España, lo que genera incertidumbre sobre su adecuación a los marcos políticos de la UE.
2. La carga administrativa obstaculiza la competitividad del sector frente a la competencia de otros países que no están sujetos a estas medidas, como el considerable aumento de los tiempos de registro en los alojamientos.
3. El RD 933/2021 obliga a conservar los datos de registro durante tres años, lo que amplía significativamente el número de tipologías de datos y da lugar a un aumento oneroso en el almacenamiento de registros.
4. El sector hostelero, incluidos los alquileres de corta duración, y las agencias de viajes están ahora obligados a recopilar información personal muy sensible, lo que los expone a mayores riesgos de ciberseguridad y a posibles infracciones de la normativa de protección de datos.
5. Los afectados expresan su preocupación por el hecho de que este RD se haya elaborado sin una consulta adecuada, lo que ha dado lugar a obligaciones poco prácticas, como lo demuestran las dificultades para organizar tanto pequeñas reuniones corporativas como conferencias a gran escala con arreglo a estos requisitos.
6. Los representantes de la industria turística española destacan el carácter excesivamente intrusivo de estos requisitos, señalando que ningún otro Estado miembro de la UE impone un modelo comparable.
7. El sector teme que el principal riesgo resida en posibles sanciones en materia de protección de datos, ya que se ven obligados a gestionar y almacenar datos personales y financieros sensibles que no se habían recopilado previamente.
8. El marco jurídico actual no tiene en cuenta a un actor concreto de la cadena de valor del turismo, las agencias de viajes que gestionan reservas a largo plazo sujetas a cambios frecuentes, lo que complica la precisión y la puntualidad de los datos.
9. Pese a los esfuerzos de divulgación, no ha habido una orientación por parte de las autoridades europeas ni de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), lo que ha dejado al sector sin un apoyo o una dirección claros.
10. La introducción de un régimen sancionador, sin medidas prácticas que faciliten el cumplimiento, puede dar lugar a acciones judiciales que, en última instancia, podrían socavar la aplicabilidad del RD.

El propio eurodiputado Giménez Larraz intervino en la sesión del plenario de la Eurocámara de este miércoles, tras su ronda de contactos con el sector desde la aprobación del "Decreto Gran Hermano", como se conoce en el sector. Y denunció que en vez de ayudar a este sector fundamental para la economía española, "el Gobierno español ha decidido añadir obstáculos adicionales".

Desde la entrada en vigor de la normativa, el 2 de diciembre, "todos los turistas que utilicen alojamientos turísticos o vehículos de alquiler deben registrar hasta 42 datos personales, cuando antes eran 13. Algunos de ellos de carácter muy íntimo", advirtió.

Además, el eurodiputado popular recalcó que la medida impone "una carga administrativa incomprensible, inadmisible e imposible" para muchas pequeñas y medianas empresas del sector, provocando una pérdida de competitividad para una industria estratégica en España.

Giménez denunció también que hoy en día existen "voces que pretenden la demonización del turismo, alentadas por motivaciones ideológicas que se traducen en piedras contra nuestro propio tejado". Y explicó que si queremos un turismo sostenible, "no sólo puede serlo desde un punto de vista medioambiental, también económico y social".

En este sentido, insistió en que Bruselas debe trabajar en la construcción de un sello y una marca común, para lo cual la Comisión debe implicarse directamente en esta tarea. "Necesitamos una Estrategia de Turismo Sostenible", agregó.