Gobierno y PP, ante la necesidad de un pacto migratorio: 5.812 menores esperan en los centros de Canarias como "rehenes"

El goteo de migrantes llegados de forma irregular a las costas españolas ha terminado por marcar un récord histórico en 2024. Según los datos del Ministerio del Interior hasta el pasado 31 de diciembre, 63.970 personas habían llegado por mar a nuestro país, de las cuales cerca de 46.843 lo hicieron a Canarias. Nunca antes arribaron tantas personas de esta manera a nuestro país. 

Detrás de estas cifras hay miles de historias y cientos de muertos. Según un reciente informe de la ONG Caminando Fronteras, 9.757 personas fallecieron en 2024 al intentar llegar a Canarias, la ruta más mortífera del mundo en su año más letal. Ampliando el foco al resto de costas españolas, fueron 10.457 los desparecidos.

De entre sus biografías, muchos no han alcanzado aún la mayoría de edad. Según las cifras que el Gobierno canario facilita a EL ESPAÑOL, actualmente hay en su territorio unos 5.812 menores no acompañados, acogidos en 80 centros de las islas. 

Borja Suárez Reuters

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"Esta cifra se ha mantenido más o menos estable desde finales del año pasado, ya que aunque siguen llegando menores no acompañados prácticamente todos los días, otros van cumpliendo la mayoría de edad o salen del sistema de acogida una vez se comprueba su edad", señalan estas mismas fuentes.

Sólo en noviembre se contabilizaron un menor de menores a los muelles canarios. En el conjunto del año, representan cerca de un 13% de los migrantes llegados a las islas.

El número de menores acogidos supone casi el doble de la capacidad total que deberían tener los centros. "Estamos hablando de un sistema sobredimensionado, por lo que es imposible que funcione bien", señala al teléfono Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó en julio con el Ejecutivo insular la reforma de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores de Canarias al resto de comunidades pase de ser voluntario -como ocurre en la actualidad- a obligatorio. Pero a finales de ese mes se votó en el Congreso la reforma de la ley y el PP, Vox y Junts, que no aceptaba más migrantes en Cataluña, se opusieron. 

Desde entonces, Gobierno y PP -que controla la mayor parte de las autonomías- buscan una fórmula para aliviar la situación de Canarias, sin haber llegado a ningún acuerdo. El clima entre ambos es de desconfianza mutua, mientras las autoridades canarias han expresado en público y en privado su indignación ante el bloqueo.

Reunión estéril

El último encuentro, de principios de diciembre, reunió a los ministros Ángel Víctor Torres -Política Territorial- y Sira Rego -Juventud e Infancia- con la delegación del PP, liderada por el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y el presidente canario, Fernando Clavijo. Tras varias citas infructuosas, ésta se saldó de nuevo con un fracaso.

Clavijo respiró dos veces antes de hacer declaraciones. Señaló a la televisión canaria que estaba "tremendamente disgustado". Dejó pasar unos días y reunió a todos los grupos parlamentarios -menos Vox-, las ONG, los Cabildos y los municipios para adoptar una posición común ante "la soledad y el desamparo" que denuncian. 

El malestar del dirigente de Coalición Canaria con los dos principales partidos es evidente, pese a que gobiernen en las islas con el PP y en Madrid apoyaran a Pedro Sánchez en su investidura. 

Clavijo apuesta por una "reforma de la Ley de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores", como defiende el Gobierno. Aunque también reclama "una hoja de ruta que contemple todas las dimensiones de la crisis migratoria con una política de Estado que implique a todas las administraciones", dando cabida a los argumentos del PP.

Según Juan Carlos Lorenzo, de CEAR, "no se trata de una cuestión moral, sino que existe una responsabilidad legal de defender los derechos de estos menores. Es un deber ético y moral", sentencia. Y esa será una de las grandes asignaturas pendientes para este 2025.

Ilustración: Tomás Serrano

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Cronología

Tras las negociaciones de julio, Vox rompió todos sus gobiernos autonómicos con el PP, con el argumento de que los populares se habían plegado a la política migratoria de Sánchez. Sin embargo, esas conversaciones abrían la puerta a un reparto voluntario de un número muy reducido de menores, pero no tuvieron ningún efecto.

En agosto, el PP empezó a hablar de nuevas condiciones, como el control de fronteras o la solicitud de ayuda en caso de emergencia a la UE, a través de los agentes de Frontex o la petición de reubicar a los menores en otros países de la Unión. 

El Gobierno se negó y en septiembre el PP firmó un pacto bilateral con el Ejecutivo canario que incluía estos requisitos. 

Otro de los aspectos fundamentales es la financiación, ya que en el caso de los migrantes adultos el Estado se hace responsable mientras que los menores quedan en manos de las comunidades.

El documento conjunto del PP y el Gobierno canario también detalla qué administraciones deben hacerse cargo de los costes de la reubicación: cuando la capacidad de acogida se sitúe entre el 100% y el 150% la gestión sería de las comunidades pero la financiación del Estado, mientras que a partir del 150% el Estado asumiría toda la responsabilidad. Pero la negociación sigue encallada. 

Desde septiembre, el PP sólo ha querido que las condiciones de su acuerdo sean asumidas por el Gobierno, a quien le exige una política migratoria más dura, en línea con el actual discurso en Bruselas. En octubre, incluso, los populares se negaron a acudir a una reunión con el Ejecutivo, argumentando que Sánchez no había pedido ayuda a la Comisión Europea ante la emergencia. 

Fernando Sánchez Europa Press

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Modelo migratorio

Desde Moncloa se niegan en rotundo a cambiar su política en esta materia, intentando presentarse como uno de los gobiernos más tolerantes con la inmigración de la UE ante el auge de los partidos de extrema derecha, a quienes el Gobierno atribuye el endurecimiento de estas políticas.

Así, el PP quiere que el PSOE acepte sus condiciones, mientras que el PSOE se limita a pedir que el PP apoye su reforma de la Ley de Extranjería, ya que Junts, uno de sus socios, tampoco está dispuesto a votar a favor. 

Tras la última cumbre entre socialistas y populares, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo afirmó que Sánchez "utiliza a los menores migrantes como rehenes para imponer su política migratoria".

La última oportunidad para limar asperezas fue la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre en Santander, donde hubo un cierto deshielo con los barones regionales del PP, pero lejos de alcanzar un acuerdo. 

Clavijo había querido llegar a esta cumbre con el máximo respaldo interno para pedir una solución inmediata, aunque era consciente de que tampoco en esta cita habría ningún compromiso. Cerca de 5.812 menores siguen esperando en sus centros mientras los partidos no se ponen de acuerdo para su reparto.