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. Tomás Serrano

Política GOBIERNO DE ESPAÑA

Moncloa reformará el Código Penal para proteger la sátira religiosa de Lalachus mientras persigue las burlas a Begoña

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Dos reacciones del Gobierno en los últimos días permiten vislumbrar la estrategia judicial de Pedro Sánchez este 2025. La primera, el jueves de la semana pasada, exigiendo un expediente al juez Manuel Ruiz de Lara por "exceder los límites de la decencia" contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. Y la segunda, este lunes, resucitando la inminente reforma del delito de ofensas religiosas para evitar que estas lleguen a los tribunales.

Mediante este movimiento, Moncloa pretende blindar casos como el de Laura Yustres, más conocida como Lalachus, recientemente denunciada por Hazte Oír y Abogados Cristianos por exhibir una estampa de la vaquilla de Grand Prix imitando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Las asociaciones le atribuyen posibles delitos de odio y contra los sentimientos religiosos.

El Gobierno inició el pasado mes de julio la supresión de estas ofensas en el Código Penal, recogida en el llamado Plan de Acción por la Democracia pactado con Sumar. De una u otra forma, 21 estados de los 27 que conforman la Unión Europea sancionan todavía los escarnios a los sentimientos religiosos.

La voluntad de Moncloa es modificar el siguiente texto: "Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".

La reforma de la ley, que reclaman todos los socios del bloque de investidura, lleva desde hace más de un año congelada en el Congreso de los Diputados, pero la idea es desencallarla este 2025. En el paquete, todavía pendiente de negociar con el PSOE, se incluyen también las ofensas a España y a sus símbolos, el delito de injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Gobierno y sus instituciones.

No obstante, el Gobierno no aplicará el mismo criterio a otras ofensas. En especial, contra las que ciertos sectores dedican a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, especialmente en las redes sociales. 

El pasado 28 de diciembre, en concreto, el PSOE exigió que se iniciara un expediente sancionador contra el titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, el juez Manuel Ruiz de Lara, por "exceder los límites de la decencia al insultar" al llamarla "barbigoña", en referencia a una broma contra la empresaria imputada. El mensaje se publicó en la red social X.

En el mismo tuit, el juez Ruiz de Lara arremetía contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (al que calificó como "borrador oficial de mensajes") y contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, del que dijo que debería dirigir "dirigir una cátedra de inconstitucionalidad y amnistía".

"Este tipo de comportamientos no solo son irrespetuosos, sino que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales", justificaban entonces fuentes socialistas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le terminó abriendo una diligencia informativa a petición de los socialistas, paso previo para dirimir si ha incurrido en alguna infracción disciplinaria.

Esta decisión del órgano de gobierno de los jueces supone, por tanto, la apertura de la segunda investigación interna contra Ruiz de Lara. La primera de ellas, que finalizó sin sanciones, se inició después de que el juez llamara (también en redes sociales) "psicópata sin límites éticos" y "mentiroso patológico" a Pedro Sánchez.