La piñata con la cara de Sánchez apaleada en Ferraz.
De la piñata con la cara de Sánchez a las condenas por el 'caso ERE': las 5 veces que el PSOE tuvo la piel fina en 2024
- Bolaños ha apoyado a la humorista Lalachus y ha vuelto a insistir en que impulsará la reforma de ofensa a los sentimientos religiosos.
- Más información: El Gobierno respalda a Lalachus y anuncia tras la polémica que reformará el delito de ofensa a los sentimientos religiosos
Año Nuevo, pero viejas polémicas. El Gobierno de España ha defendido a la cómica Lalachus, que mostró una estampita de la mascota del Grand Prix —la cabeza del furry con forma de vaca sobreimpresa sobre un Sagrado Corazón de Jesús— durante la retransmisión de Las Campanadas en TVE.
La presentadora ha sido denunciada por las asociaciones Hazte Oír y Abogados Cristianos, por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Pero el ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió en su apoyo y rechazó lo que califica como "otro intento de los ultras por amedrentar".
El político también aprovechó para, de nuevo, anunciar una reforma del Código Penal en este aspecto, "para garantizar la libertad de expresión y creación". El PSOE no ha tardado en retuitear este mensaje desde su cuenta oficial.
Ahora bien, más allá de la polémica, esta actitud del Partido Socialista y del propio Gobierno contrasta con algunos de sus comportamientos a lo largo de 2024 —y de años previos— en lo referido a los límites de la libertad de expresión y su choque con otros derechos, en los que se aprecia un doble rasero, una doble vara de medir.
La piñata de Ferraz
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado mes de febrero, la magistrada Concepción Jerez García archivaba la investigación sobre la piñata con la cara de Pedro Sánchez que fue apaleada durante las protestas celebradas ante la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.
La juez acordó el sobreseimiento libre "por no ser los hechos [investigados] constitutivos de infracción penal".
Descartó, por tanto, que el suceso, ocurrido en la Nochevieja de 2023, constituya un delito de odio, como sí sostenía el PSOE, que había denunciado los hechos ante la Fiscalía.
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, por contra, subrayó que el apaleamiento de la piñata con la cara del presidente del Gobierno supone un ejercicio de "crítica política".
"Con estos actos no se busca injuriar al presidente del Gobierno, ni se busca injuriar a su partido político, sino expresar descontento y protesta, de manera simbólica", indició la magistrada, que admitió que hechos como éste "quizás no estén bien vistos, desde un punto de vista cívico", pero "un lenguaje vulgar o soez" o la "falta de educación" no son delitos.
De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que acciones como ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión. "Y forman parte del juego democrático de crítica política", recalcó la jueza. Aun así, el PSOE, que había denunciado inicialmente estos hechos ante la Fiscalía, presentó un recurso en contra del archivo de esta causa.
Recientemente, la Audiencia Provincial madrileña, tras atender parcialmente la petición del partido, ha ordenado revisar el archivo de la causa. Sin embargo, tal y como constató una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el 69% de los españoles no consideraban delictiva la piñata; incluido un 58% de los votantes socialistas.
El honor de Begoña Gómez
Tras la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, el PSOE presentó una demanda de conciliación, como paso previo a interponer una querella, contra el empresario, considerado el comisionista y "nexo corruptor", según la Guardia Civil, del caso Koldo.
EL ESPAÑOL tuvo acceso al documento, que achacaba "finalidad política" a las palabras pronunciadas por Aldama ante la Audiencia Nacional, donde relató supuestos cobros de comisiones por parte de varios dirigentes socialistas y narró cómo se inició su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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La demanda indicaba que la declaración de Aldama atentó, "de manera absolutamente grave", contra el honor de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. También, contra "todos aquellos ciudadanos que confían en éste [el PSOE] como opción política", además de sus afiliados y simpatizantes.
Sin embargo, la única vez que Aldama mencionó a Gómez fue para decir que la esposa de Sánchez estuvo presente en una reunión sobre un proyecto para la España vaciada. No le atribuyó delito alguno. Sin embargo, el PSOE consideró estas palabras como "difamatorias, injuriosas y calumniosas".
Por otro lado, el PSOE pidió sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, debido a la publicación en su cuenta de Twitter de varios mensajes en los que se menciona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez.
Uno de esos tuits, publicados el pasado Día de los Inocentes (28 de diciembre) alude a Gómez con el apelativo de "Barbigoña".
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El magistrado Ruiz de Lara ya quedó sin sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras llamar "psicópata" a Pedro Sánchez en otro mensaje anterior en sus redes sociales.
Por el momento, el CGPJ ya ha incoado una diligencia informativa, que es el paso habitual tras la recepción de una queja. Este proceso está destinado a analizar si la conducta denunciada es susceptible o no de reproche disciplinario. Por tanto, puede desembocar en su archivo o, por contra, en la apertura de un expediente disciplinario.
Los condenados por los ERE
También a finales de 2024, el PSOE optó por pasar al contraataque y anunció querellas y demandas contra los líderes del PP y de Vox que acusaran a los socialistas condenados por el caso ERE de haber "robado".
Esta decisión del Partido Socialista se produjo después de que un Tribunal Constitucional (TC) dividido concediese el amparo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y anulase sus respectivas condenas por el delito de malversación.
De esta forma, el TC concluía que ninguno de los dos había cometido este ilícito, que conlleva pena de cárcel. Y, en cuanto al delito de prevaricación, ambos están pendientes de una nueva sentencia, para la que ya hay cinco magistrados designados.
Esta sentencia del Constitucional favoreció que ambos expresidentes volvieran a la vida pública y fueran reivindicados abiertamente por el PSOE. Tanto a nivel autonómico como nacional. Chaves ya ha participado en algún acto. No así Griñán, quien se encuentra gravemente enfermo, aquejado de un cáncer.
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El contraataque del PSOE ya ha tenido los primeros efectos. Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, fue citado ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla para un acto de conciliación previo a la querella que pretende interponer en su contra el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y el propio partido.
Gavira, en su perfil de Twitter, publicó el siguiente tuit el pasado 1 de julio: "A ver, socialistas, si no queréis que os llamemos ladrones, no robéis ni os gastéis el dinero de los andaluces en coca y prostitutas".
Lo hizo en respuesta a unas declaraciones de Espadas, con las que el dirigente socialista reprochó al PP y a Vox que se refirieran, con el término "robo", a los delitos cometidos por los exdirigentes de la Junta andaluza que fueron enjuiciados en el llamado caso ERE.
En aquel mismo tuit, Gavira criticó a Espadas: "A la marioneta de Pedro Sánchez le molesta que desde Vox Andalucía recordemos que el PSOE defraudó 680 millones de euros".
El honor del novio de Ayuso
El doble rasero del PSOE respecto al choque libertad de expresión/derecho al honor también se apreció en las palabras de varios ministros sobre la investigación por dos delitos de fraude fiscal contra Alberto González Amador.
Este empresario es el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico. El abogado de González Amador en este procedimiento planteó por e-mail a la Fiscalía la posibilidad de que su cliente reconociese ambos ilícitos, pagara una sanción y evitase la cárcel. Pero la oferta no prosperó; no se ha convertido en un acuerdo en firme.
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Desde que este correo electrónico se hizo público —y ahora existe una investigación penal paralela para aclarar cómo llegó este e-mail a un medio afín al Gobierno—, varios miembros del Gobierno y del PSOE han cargado contra González Amador.
Incluso, el propio presidente Sánchez, que ha sido citado a un acto de conciliación por llamar "delincuente confeso" al novio de Ayuso.
Ahora bien, la posibilidad de un abogado de explorar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en el que su defendido reconozca los hechos, no convierte a un investigado en delincuente confeso. Estrictamente, lo sería si, en efecto, firma dicho pacto, lo que no ha sucedido aún. Pese a ello, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también denominó a González Amador como "delincuente confeso".
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