Koldo García, José Luis Ábalos y Jésica Rodríguez.
La receta para que España no sea una 'democracia defectuosa': regular los conflictos de interés y dar más recursos a los jueces
Los expertos sostienen que la falta de medidas preventivas contra la corrupción facilita que proliferen los escándalos.
La ley sigue sin proteger a los informantes, las personas que colaboran con la Justicia denunciando casos de corrupción.
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Nunca antes en las últimas tres décadas España había sido tan vulnerable a la corrupción. Esta semana la organización Transparencia Internacional publicó que en 2024 nuestro país bajó diez puestos en su clasificación global con respecto al año anterior. Desde 1996 España no tenía unos registros tan negativos.
El informe sobre percepción de la corrupción que esta institución elabora anualmente le otorga a España 56 puntos sobre 100, según una serie de parámetros objetivos. Una puntuación que nos coloca por detrás de Ruanda o Botsuana, aunque otros índices como el Democracy Index de la revista The Economist todavía nos califican como "democracia plena".
Si atendemos sólo a los baremos sobre la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, estaríamos en la media de las "democracias defectuosas" que establece ese índice del semanario The Economist.
Perdemos calidad democrática, aunque no se trata de medir si había más corrupción con el PP o con el PSOE, si la Gürtel es más o menos grave que el caso Koldo o si sale peor parado Bárcenas o Ábalos.
El informe de Transparencia Internacional se encarga de recoger una serie de datos, de instituciones internacionales o fuentes oficiales independientes, que señalan la falta de mecanismos preventivos.
En eso inciden los expertos. "Por supuesto que los casos actuales de corrupción afectan a la percepción de la ciudadanía e incluso de quienes hacen los informes", sostiene Manuel Villoria, director del Observatorio de Buena Gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los pioneros en España en este tipo de estudios.
Pero, lo realmente importante, insiste Villoria, es "crear el engranaje adecuado para que la corrupción no se convierta en sistémica". "Esto es como un cáncer y, si no se toma ninguna medida preventiva, después resulta muy difícil frenarlo", ilustra.
David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional, coincide en que falta "una estrategia nacional que aborde la corrupción de forma integral". Y en eso se basan la mayor parte de las deficiencias que esta organización ha detectado en nuestro país.
Estrategia anticorrupción
El Gobierno aprobó en su anterior legislatura la Ley 2/2023 que debería adoptar una estrategia nacional contra la corrupción. El propio texto ponía como plazo un "máximo de 18 meses" y mencionaba que debería abordarse en colaboración con las comunidades autónomas y la sociedad civil. Pero, pasado ese tiempo, no ha habido ninguna novedad.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ya ha advertido a España en diferentes ocasiones acerca de este tema. Una cuestión que los expertos colocan en el primer lugar de la lista de prioridades.
"La mayor parte de países de nuestro entorno tienen una estrategia anticorrupción de este tipo. Estados Unidos, Reino Unido o Italia han centrado sus esfuerzos a través de esta regulación con avances importantes. Aquí sólo se estableció un mecanismo antifraude para controlar el reparto de los fondos de recuperación europeos, pero es algo que debería ampliarse a todas las políticas públicas", sostiene Manuel Villoria.
La ley también debería proteger a los informantes, es decir, a las personas que colaboran con la Justicia denunciando casos de corrupción. Pero, por el momento, lo único que se ha creado es un Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que ni siquiera se ha puesto en marcha.
Serie histórica sobre la percepción de la corrupción en España, según Transparencia Internacional.
Esta es otra de las patas fundamentales en las que otros países han basado sus planes contra la corrupción, con la protección de estas personas para que no pierdan su trabajo ni sufran represalias, o incluso concediéndoles ayudas económicas.
En 2003, España aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, que ya amparaba a los denunciantes, pero desde entonces apenas ha habido avances. Un caso significativo es el de Victoria Álvarez, la mujer que sacó a la luz la corrupción de los Pujol, y que diez años después se marchó de Cataluña lamentando que no había recibido ningún tipo de apoyo por parte del Estado.
Falta de oficinas antifraude
En ocasiones, las oficinas autonómicas especializadas en esta materia sí que han cumplido con esta labor. En concreto, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) protegía el año pasado a 35 personas que habían denunciado casos de corrupción.
La Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña o Navarra cuentan con agencias de este tipo. Pero ahora, el informe de Transparencia Internacional denuncia que hay comunidades, como Baleares, donde se han cerrado las oficinas antifraude y que en otras, como Valencia, han visto reducidas sus funciones.
Joan Llinares puso en marcha en 2017 la AVAF y fue su director hasta el año pasado. "Los resultados de nuestra oficina son evidentes, en menos de una década hemos pasado de ser una de las peores comunidades de España en este sentido a estar en sexto lugar, según el índice de calidad democrática que realiza la Universidad de Gotemburgo", defiende.
Éste y otros organismos análogos se dedican a la prevención e investigación de los diferentes casos de corrupción en su ámbito de influencia.
El funcionario mantiene que "por la estructura territorial española, tiene sentido que haya oficinas antifraude en las comunidades". "Si bien, el Estado tenía que haber creado un plan y una estructura nacional, como ocurre en Francia o Italia, pero no han tenido interés", añade.
El cierre de la oficina antifraude de Baleares fue una de las exigencias de Vox al PP antes de romper sus gobiernos autonómicos.
Transparencia Internacional alerta del desequilibrio territorial, debido a que únicamente cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, mientras que once comunidades han establecido consejos de transparencia.
Conflictos de interés y 'lobbies'
Otro de los aspectos que destaca el informe de Transparencia Internacional es la ausencia de una ley que regule los conflictos de interés. Se trata de una cuestión crucial para el estado de salud de la democracia española, ya que podría haber evitado escándalos como el de la mujer o el hermano del presidente Pedro Sánchez.
España cuenta con una ley de 2006 que regula los conflictos para miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado, pero no entra a valorar los límites de sus familiares directos.
Esa norma también creó la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Un organismo que ha recibido críticas de la Comisión Europea en numerosas ocasiones por su falta de independencia.
La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, es una de las mayores defensoras de esta normativa. Hace unos meses explicó en una entrevista en EL ESPAÑOL que su organización defiende "un código ministerial con un sistema de control, como existe en otros países o como el que funciona incluso en la Comisión Europea".
El Código Ético del Gobierno, que España Mejor presentó el pasado verano, recoge una serie de puntos ante los que, tanto los altos cargos de la Administración como sus personas allegadas, deberían rendir cuentas: en la contratación de asesores y nombramientos, las relaciones entre la Administración y organismos independientes, el uso de recursos públicos como residencias oficiales, los viajes y coches oficiales, su relación con los medios de comunicación y el uso de las redes sociales o los regalos que pueden recibir.
En cuanto a los conflictos de interés, son los propios cargos públicos quienes deberían evitar que se produjesen, pero ante la duda deberían acudir a una entidad independiente para que pueda dilucidar qué debería ocurrir en cada una de estas eventualidades. Los conflictos de interés pueden ser reales, potenciales o aparentes, aunque en cualquier caso habría que consultar, según la propuesta de España Mejor.
Ese ente sería "una oficina ética y un asesor independiente -o una combinación de ambos sistemas-", que a la postre determinarían cuáles son los trabajos que puede asumir un cargo público cuando deja su puesto o un familiar. Ella misma pasó por esa experiencia en Reino Unido cuando su martido, Nick Clegg, asumió el cargo de viceprimer ministro.
Miriam González ha reiterado de forma explítica que la aplicación de este Código Ético, que el Gobierno no ha tenido en cuenta, habría evitado que el caso de Begoña Gómez terminara en los tribunales.
La OCDE también ha insistido en la necesidad de estos mecanismos de autorregulación que España, por el momento, no ha aplicado.
Otro de los aspectos sobre los que alerta Transparencia Internacional es la regulación de los grupos de interés. El Gobierno acaba de aprobar un anteproyecto de ley para regular la actividad de los lobbies, por el que prevé que pueden quedar registradas unas 28.000 organizaciones dedicadas a influir en los políticos.
Sin embargo, Manuel Villoria matiza que "no es más que un anteproyecto de ley, que tiene que ser aprobado en las Cortes y que puede sufrir muchas modificaciones". "Ya hubo un intento y no prosperó, así que estamos igual: no tenemos nada. Además, se ha hecho a la carrera porque lo exigía la UE para percibir fondos europeos", apunta.
Europa Press
Recursos judiciales
España está bastante por debajo de la media europea en cuanto al número de jueces por habitante. Y otra de las advertencias del órgano GRECO, del Consejo de Europa, es que la investigación judicial sobre los casos de corrupción en nuestro país se alarga demasiado.
"La Fiscalía Anticorrupción hace un buen trabajo, pero si los jueces no tienen recursos, los procesos se alargarán todavía más. Así que, hay que dotar de más herramientas a la Justicia. Además, el bloqueo político que hubo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco ha ayudado", asevera David Martínez, de Transparencia Internacional.
La parálisis en el CGPJ provocó que hasta hace unos meses hubiera cerca de un centenar de plazas sin cubrir en órganos clave de la Judicatura española, con vacantes en la Audiencia Nacional o la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se encarga de los delitos de corrupción de los políticos.
Hace unas semanas hubo 32 nombramientos, aunque aún quedan decenas de puestos a la espera de ser ocupados.
Joan Llinares lamenta que, ante la falta de medidas preventivas, "sólo queda el recurso penal una vez que la corrupción ya se ha producido". Además, continúa, "la investigación es muy compleja, ya que hay pocos recursos y se suele tratar de temas que ocurrieron hace unos cuantos años, lo que complica aún más los procesos".
Transparencia institucional
En 2020 el Gobierno aprobó el IV Plan de Gobierno Abierto y el Consejo de Transparencia, que debía finalizar en 2024.
El programa establecía una serie de disposiciones para hacer la Administración más accesible a la gente y para ello recogía compromisos en materia de participación ciudadana, seguimiento de las leyes o la reforma de todo el marco regulatorio en cuestión de transparencia.
Manuel Villoria también ha participado en estos debates, a los que se invitaba a la sociedad civil y en los que se incluían algunas de las medidas que ya han sido mencionadas y que no se han llegado a aplicar.
El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos enumera esos compromisos adquiridos en el Plan de Gobierno Abierto que siguen sin ver la luz: ley de conflictos de interés, ley de lobbies, ley de transparencia, ley de protección de los informantes y el sistema de integridad de la Administración General del Estado.
El director ejecutivo de Transparencia Internacional añade que en algunos de estos debates, en los que ellos también han participado, ha habido "confusión y la falta de coordinación". "No se trata de tener muchos planes, sino de cumplirlos", agrega.
Entretanto, el Ejecutivo ha lanzado su Plan de Regeneración Democrática, que incorpora muchos aspectos del Plan de Gobierno Abierto, y ha lanzado un nuevo proyecto sin haber colmado los objetivos del anterior.
También hace unas semanas, lanzó el I Plan de Parlamento Abierto en el Congreso, una iniciativa para que los ciudadanos enviaran sus propuestas para mejorar la transparencia parlamentaria, pero que se cerró sin apenas debates en un plazo de 15 días.
Antes, el Grupo Parlamentario Socialista sí que había formulado sus recomendaciones para este mismo proyecto.
Opacidad en los partidos
El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno evaluó en 2023 la publicidad activa de los partidos políticos, la información pública que ellos mismos comunican, y estableció que el grado de cumplimiento no llegaba al 55%, según el informe de Transparencia Internacional.
Si bien, un informe de noviembre de 2024 del Tribunal de Cuentas concluye que "más de la mitad de los partidos políticos analizados han obtenido una calificación media o alta en relación con el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa". Los partidos nacionales obtienen mejor nota, mientras que los regionales y locales son los más incumplidores.
Donde existe poca información, sobre todo, es en la propia obligación de esta publicidad activa o en informar sobre la retribución de sus responsables o de su organigrama.
Además, este Gobierno ha recibido más reclamaciones ciudadanas en marteria de acceso a la información que el de Mariano Rajoy, cuando se puso en marcha este sistema. El año pasado recibieron 1.396 peticiones, una cifra que ha ido aumentando exponencialmente desde las 517 de 2015, el año en el que se puso en vigor, según las cifras del Portal de Transparencia.
Es cierto que el volumen aumenta conforme la gente conoce el procedimiento, pero también ahora se ignoran más reclamaciones. Si durante los primeros años se daba cumplimiento a más del 90% de las peticiones admitidas, ahora ese porcentaje baja hasta el 84% del año pasado.
También el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado que ni el presidente, Pedro Sánchez, ni algunos de sus ministros como Félix Bolaños (Presidencia) o José Manuel Albares (Exteriores) suelen ofrecer información sobre sus viajes, así como de los gastos incurridos, pese a que este organismo lo recomienda.
Directivas europeas
El informe de Transparencia Internacional alerta de que España todavía tiene 87 directivas europeas pendientes de transponer, 30 de ellas ya fuera de plazo. Aunque los propios responsables de la organización señalan que éste quizás sea el último de los problemas.
Sobre todo porque estas directivas abarcan todo tipo de temáticas y muy pocas de ellas están relacionadas directamente con la corrupción.
Por ejemplo, falta por transponer una normativa que regula el intercambio de datos financieros entre países de la UE y otra que establece normas armonizadas para recabar pruebas electrónicas en procesos penales.
Por todo esto, Joan Llinares cree que "nos enfrentamos a una corrupción de hechos consumados".
Hechos consumados
Los déficits del sistema que quedan reflejados en el índice de Transparencia Internacional no se refieren a casos concretos, sobre los que además la organización no se pronuncia -más, teniendo en cuenta que muchos de ellos están judicializados-, pero es posible que una cosa explique la otra.
Es decir, todos los expertos advierten de que faltan mecanismos de control. Y eso facilita que afloren determinados casos de corrupción, que quizás podrían haberse evitado. Los más claros son los escándalos de los familiares del presidente, pendientes de dilucidar por la Justicia, relacionados con los conflictos de interés.
"Claro que el problema de la corrupción sigue ahí, a veces de forma desvergonzada. Y cuando no se toman las medidas necesarias, esto produce una percepción de impunidad y corrupción sistémica", concluye Joan Llinares.
Habla de una especie de efecto imitación. Ante un caso de corrupción que no es castigado, se produce otro y como las herramientas no son suficientemente útiles para prevenirlos, surge otro y otro… Según el último Eurobarómetro, un 90% de los ciudadanos piensan que la corrupción está generalizada en nuestro país.
Esta sí que es una percepción subjetiva, que tiende a ampliar todavía más el problema. Si quienes manejan las políticas no consiguen reducir la percepción objetiva del fenómeno, es muy probable que esa sensación ciudadana continúe aumentando.
