Cuando Sánchez defendía que el pacto migratorio con Europa impedía el acuerdo que ahora ha firmado con Junts

Ahora lo ha vuelto a hacer con la delegación de competencias de inmigración a Cataluña que ha pactado con Junts para poder mantener la legislatura viva.

No es que acepte algo que nunca había contemplado, sino que acepta y defiende con idéntico énfasis exigencias que él mismo ha tachado antes de inconstitucionales, de contrarias a la legislación europea o sencillamente imposibles.

Sánchez logra su continuidad cediendo la inmigración a la Generalitat en plena crisis del control de fronteras en Europa

Lo hizo con la amnistía sobre la que un acuerdo del Consejo de Ministros que él preside aseguraba sin lugar a dudas que era contraria a la Constitución. "Claramente inconstitucional", aseguraban tajantes sobre la amnistía los informes de indultos a los condenados por el procés independentista que salieron del Consejo de Ministros de Sánchez.

Esa línea roja la cruzó luego con soltura cuando necesitó los votos de Junts para su investidura en noviembre de 2023. La amnistía pasó a ser constitucional para el presidente y para todos los ministros que secundaron una y otra versión.

En 2024 ocurrió algo parecido con el llamado "concierto fiscal" para Cataluña, que fue desdeñado por Sánchez y por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por entender que no cabía en la Constitución. Pero poco después lo defendieron con ilusión cuando lo pactaron con ERC para que Salvador Illa fuera president de la Generalitat y ahora negocian su puesta en marcha.

Hace poco más de un año, el Gobierno firmó un acuerdo ambiguo (otra de las características de la liturgia habitual de los pactos de Sánchez) sobre las competencias de inmigración para Cataluña. Entonces Sánchez y sus ministros dijeron que no se saldrían del texto del Estatut de Cataluña, es decir, sin afectar a las competencias exclusivas del Estado.

Incluso, el propio presidente del Gobierno negó en una entrevista en El País el 14 de enero de 2024 que el acuerdo pudiera afectar a la competencia estatal para expulsar inmigrantes. Incluso, se escudaba en el contenido del pacto de inmigración firmado entonces con Europa y en la tendencia a coordinar estas políticas con la UE, contraria a la cesión a comunidades.

"Tenemos un pacto de migración y asilo firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es a una centrifugación, sino a una mayor coordinación de las políticas de migración. Pero, insisto, esto no es que lo diga yo, lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de autonomía de Cataluña y lo dice el pacto de migración y asilo que acabamos de firmar hace dos meses", aseguraba.

Se le preguntaba varias veces sobre ello y Sánchez siempre lo rechazaba en la entrevista.

"¿Está diciendo que Cataluña va a poder expulsar inmigrantes para regular los flujos?", le preguntaban.

Y él respondía claramente: "Yo no estoy diciendo eso, al contrario. El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea es bastante claro. Vamos hacia una política comunitaria".

Además, en Radio Nacional, el presidente del Gobierno señaló que "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y con las políticas de inmigración que tiene que ver con el tráfico de seres humanos está residenciado en la administración del Estado, el artículo 149 es bastante claro, es taxativo. Eso no se puede transferir”. Es decir, "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras".

Efe

Así descartaba Marlaska "delegar" las competencias de inmigración a Cataluña que ahora el Gobierno "delega"

Un año después firma el acuerdo con Junts y presenta una proposición de ley orgánica que va en sentido contrario a lo que dijo entonces y que afecta a la capacidad de expulsar inmigrantes, entre otras competencias. Pero permite avanzar en la legislatura y abordar con Junts la negociación de los Presupuestos.

El Gobierno insiste en que es una delegación de competencias estatales, porque eso es lo que prevé el artículo 150.2 de la Constitución. Antes, Sánchez y sus ministros ni siquiera contemplaban esa posibilidad que, en la práctica, no es diferente a la cesión o la ejecución compartida, según los puntos a los que se refiera.

Al frente de los ministros enfáticos en la imposibilidad de tal delegación ha estado estos meses el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aún no ha tenido tiempo ni oportunidad de rectificar, pero lo hará. 

Y eso que, según fuentes del Gobierno y de Junts, era el titular de Interior el que bloqueaba el acuerdo por sus reticencias ante las exigencias de Carles Puigdemont.

En abril de 2024, Marlaska aseguró que "todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado" que "corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional". Y añadía: “No puede haber ningún traslado de competencias". 

En septiembre insistió en que el control de fronteras y la migración "son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, con lo cual no son susceptibles de ser transferidas. No son traspasables”.

Por si hay dudas, posteriormente, Grande-Marlaska aseguró solemnemente en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que las competencias sobre inmigración "no susceptibles de ser transferidas o delegadas". Esto último es lo que sí hace ahora el Gobierno, incluido el ministro del Interior.

Además, los socialistas han rechazado siempre el discurso de la extrema derecha catalana, que formalmente personifica la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, según el cual la inmigración es un problema porque amenaza la identidad catalana. Un especie de teoría del gran reemplazo según la cual el crecimiento de la inmigración acabará con la identidad del país receptor.

Sin embargo, el preámbulo de la proposición de ley pactada por PSOE y Junts recoge esta idea de que los inmigrantes (incluyendo los del resto de España) amenazan la identidad catalana. Es decir, su cultura y su lengua. Los socialistas hacen suya la teoría de la inmigración como amenaza.