Los ministros-candidatos utilizan el Congreso para hacer oposición y campaña en sus respectivas comunidades

Es a lo que lleva la situación insólita en democracia de que haya cinco ministros —María Jesús Montero, Óscar López, Diana Morant, Pilar Alegría y Ángel Víctor Torres— que, al tiempo, son líderes autonómicos y deben ejercer de jefes de la oposición en sus respectivas comunidades. Para eso tratan de aprovechar sin disimulo el escaparate del Parlamento y sus propias agendas ministeriales.

El último caso, y, probablemente, el más evidente, ha sido este miércoles el de la vicepresidenta primera, vicesecretaria del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

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Preguntada por el PP sobre el Tribunal Constitucional, Montero se lanzó a reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dé explicaciones sobre el caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investiga la Justicia.

Montero ha desarrollado el asunto, refiriéndose a un escrito de la Junta de Andalucía personándose en el caso y, según dijo, admitiendo "un posible menoscabo de fondos públicos". Y en esa labor de líder de la oposición del presidente andaluz, interpeló directamente al diputado del PP que le preguntaba, Elías Bendodo, que fue consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Dos días antes, Montero participó en Sevilla en un acto con pocos precedentes en el que ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregaban llaves de pisos de protección oficial a familias andaluzas. Estaba presente también Juanma Moreno y, por eso, estaba también la vicepresidenta y líder de la oposición en Andalucía.

Hay que tener en cuenta que los cinco ministros-candidatos no son parlamentarios autonómicos y, por tanto, tienen que aprovechar la visibilidad que les da el Parlamento, el Congreso y el Senado.

Otro caso llamativo es el de Diana Morant, ministra de Ciencia y Tecnología, porque las circunstancias políticas en la Comunidad Valenciana tras la dana de octubre han puesto en el centro de la agenda a Carlos Mazón, presidente autonómico. 

Hace una semana Morant fue preguntada por el PP en el Senado por las responsabilidades por la crisis del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) y su respuesta fue reprochar al partido de la oposición que pida responsabilidades políticas "al día siguiente" de que la jueza que investiga lo ocurrido durante la dana haya emitido un auto en el que, entre otras cosas, "invita" al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a declarar por voluntad propia.

La ministra ejerció también de líder de la oposición en su comunidad y, pese a actuar como ministra sometida a control parlamentario, cuestionó al PP sobre "qué responsabilidad va a asumir el Partido Popular en esta crisis que hay en la Comunidad Valenciana".

En su caso es tan intensa esa condición de líder autonómica que compareció ante la prensa en el Congreso para anunciar una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre la dana, en la que llamarán a Alberto Núñez Feijóo a comparecer; y este fin de semana anunció medidas de refuerzo del juzgado de Valencia que instruye el caso, pese a que es competencia del Consejo General del Poder Judicial, tal y como le afeó luego esta institución.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, suma a su función en las ruedas de prensa posteriores a los Consejo de Ministros, algunas frases incluidas de manera forzada en sus intervenciones en el Parlamento. 

"No me pregunte a mí quién va a votar a la señora Pilar Alegría, pregúntele al presidente de Aragón, que nos presentamos los dos conjuntamente a unas elecciones municipales en el 2019 y le gané. Pregúnteselo al señor Azcón", le dijo hace unas semanas en el Senado al parlamentario del PP que le interpelaba.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, centra sus declaraciones públicas en la crítica a Isabel Díaz Ayuso y en el Senado habló de cómo "el novio de la señora Ayuso supuestamente ha defraudado 350.000 euros a Hacienda" y de las actividades de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Canarias

El caso más extremo es el de Ángel Víctor Torres, que es ministro de Política Territorial y Memoria democrática, pero ha asumido las funciones sobre inmigración, a pesar de que hay ya un Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saíz.

Nunca se ha explicado oficialmente esa trasferencia de competencias entre ministerios, pero se encuentra una explicación en el hecho de Torres es líder de los socialistas de Canarias, expresidente de esa comunidad y aspirante a competir por ese cargo y, casualmente, esa es la comunidad más afectada por la llegada de migrantes y, por tanto, la que sería más beneficiada si se soluciona.

En el Congreso y el Senado, Torres ha hablado habitualmente del asunto, con referencias, por ejemplo, a las inversiones del Gobierno en Canarias y, como líder de la oposición al actual Ejecutivo autonómico, ha arremetido contra el PP de las islas, que gobierna con Coalición Canaria.

En unas semanas, Torres defenderá en la tribuna del Congreso el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que él mismo presentó en la rueda de prensa posterior. Desde el Pleno del Congreso hará política autonómica.

A los cinco ministros socialistas hay que sumar a Mónica García, ministra de Sanidad que aspira volver a ser candidata en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en una sesión reciente de control al Gobierno en el Senado, fue preguntada por el PNV y ella respondió que la Comunidad de Madrid está a cola en inversión pública en sanidad por habitante y en profesionales sanitarios, así como a la cabeza de "todos los rankings" de trabajo precario. 

Y se refirió a Díaz Ayuso para asegurar que su único interés en materia de sanidad sea "cómo sacar tajada para sus familiares y para su piso de lujo".