La Sala Penal del Supremo ha archivado una nueva denuncia contra Pablo Iglesias por los supuestos pagos recibidos del Gobierno de Venezuela por tareas de asesoramiento por las que habría cobrado 272.325 euros. El pago se habría producido en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos.

La denuncia, interpuesta por Luis Martínez Vázquez, se basa en una información periodística que, según recuerda el Supremo, no puede justificar por sí sola la apertura de un proceso penal.

En este caso la denuncia "no aporta ningún dato objetivo adicional", destaca la Sala en su resolución.

Pero, además, el Supremo descarta que pueda haber financiación ilegal de Podemos porque ese delito se incluyó en el Código Penal en 2015 y no puede ser aplicado de forma retroactiva.

El Supremo también descarta supuestos delitos fiscales o de blanqueo porque "tendría que constar el origen delictivo" de los cobros" y "no pueden presumirse ilegítimos y procedentes de delito los bienes recibidos del Gobierno de un país en contraprestación por servicios de asesoramiento".

Tampoco consta, añade, que se haya eludido el pago de tributos en cuantía superior a 120.000 euros, límite del delito fiscal.

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