Málaga

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga, Valentín Fernández, a penas que suman diez años y medio de prisión y a multas por valor de 3.153.000 euros por varios delitos contra la salud pública y falsedad, en el marco del conocido como caso EDOA.

El caso sentó en el banquillo el pasado mes de octubre a 35 personas, entre ellos cinco guardias civiles, presuntos narcotraficantes, supuestos confidentes de la Guardia Civil e incluso una abogada. Todos ellos estaban acusados de participar en una trama coordinada desde el propio Equipo Antidroga de la Guardia Civil, y en la que agentes y traficantes intercambiaban información sobre operativos de vigilancia y alijos en marcha para beneficiarse mutuamente.

El objetivo era, para los traficantes, lograr que los agentes hicieran la vista gorda ante determinadas operaciones a cambio de información, e incluso que les permitieran quedarse con parte de los alijos intervenidos a otros narcotraficantes para revenderlos.

La sentencia, de 300 páginas, condena a un total de 27 personas a penas que suman 102 años de cárcel por delitos contra la salud pública, falsedad documental, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Los condenados tendrán que abonar, además, multas por valor de 53,4 millones de euros.

Entre los absueltos se encuentran finalmente todos los agentes de la Guardia Civil que se sentaron en el banquillo, exceptuando al ex mando del EDOA y a un sargento para el que la acusación pública solicitaba 55 años de cárcel y que no pudo ser juzgado al darse a la fuga días antes del juicio oral. Este sargento fue finalmente arrestado y puesto a disposición de la Justicia el pasado mes de septiembre en el aeropuerto de Madrid, tras aterrizar procedente de México.

Junto a la colaboración con traficantes a los que permitían quedarse con parte de la droga intervenida en las operaciones antidroga de la Guardia Civil, los ex mandos del EDOA fueron acusados por quedarse con algunas cantidades de dinero procedentes de registros y por emplear dispositivos de vigilancia de la propia Benemérita para informar a los narcotraficantes.

SIGNOS DE VIOLENCIA

Entre los condenados por la Audiencia se encuentra Manuel Alonso, el propietario de la finca Los Naranjos, de la localidad de Alhaurín de la Torre, donde aparecieron acribillados a balazos dos sicarios colombianos que habían penetrado en la propiedad y a los que el propio Alonso disparó, según dijo en defensa propia.

En la piscina de la finca fue encontrado además, meses antes, el cadáver de la ex mujer de Manuel Alonso, Lucía Garrido, con signos de violencia. Ambos sucesos dieron lugar a sendos procedimientos judiciales que inicialmente quedaron archivados gracias al testimonio exculpatorio de agentes de la Guardia Civil. Uno de los guardias civiles que declaró en las diligencias sobre la muerte de Lucía Garrido logrando que se archivasen fue, precisamente, el ex jefe del EDOA Valentín Fernández, ahora condenado junto a Manuel Alonso por narcotráfico.

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