Comienza la cuenta atrás para el juicio por la pieza principal del 'caso Gürtel', que arranca el próximo día 4 de octubre en la Audiencia Nacional. A diez días vista para el inicio de las sesiones con 40 acusados en el banquillo, ninguno de ellos ha dado un paso al frente y ha cerrado acuerdo alguno con la Fiscalía Anticorrupción.

Por ahora, ninguno de los principales acusados, es decir, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, o el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, han cerrado acuerdos para reconocer los hechos y devolver el dinero sustraído. Aunque ellos aseguran que todo su patrimonio está bloqueado, la Fiscalía sospecha que todavía no se han encontrado todos los fondos supuestamente desviados. 

Fuentes jurídicas reconocen que han existido acercamientos de algunos de los acusados para lograr una condena más benévola. Sin embargo, la Fiscalía tiene claro que primero tiene que haber una devolución del dinero ocultado a Hacienda y obtenido ilícitamente de contratos públicos, y por otro lado dar datos fehacientes sobre personas de mayor rango que supieran que desde el PP se estaba favoreciendo a la trama Gürtel. Si estuvieran dispuestos a ceder en ambos aspectos, el Ministerio Público rebajaría la pena solicitada contra ellos.

Aproximaciones sin éxito

El problema es que algunos de los acusados que han hecho esas aproximaciones a lo largo de la instrucción, como es el caso de Correa, buscan penas muy inferiores a lo estaría dispuesta la Fiscalía a aceptar. El cabecilla de la trama Gürtel tiene varios puntos en su contra. Primero, que tiene varias causas abiertas y por cada una de ellas le piden altas penas de cárcel. Si asume ya una condena se le van a ir acumulando, lo que provocaría el aseguramiento de una larga temporada entre rejas.

Después, a Correa no le ayuda que al tener todo su dinero bloqueado, no pudo pagar a su abogado de confianza y finalmente tuvo que acudir a abogados de oficio. El letrado que ahora se encarga de su caso ha tenido que asumir su defensa, con la complejidad que requiere no sólo esta causa sino la multitud de piezas por las que está acusado. Pero además, Correa se enfrenta en este único asunto a 109 años y 10 meses de prisión.

Si a estos años se añade todas las otras causas que tiene abiertas, la negociación que Correa tiene que llevar a cabo debe ser muy favorable a él para que no se pase décadas en la cárcel. Anticorrupción sostiene que Correa "desplegó" entre 1999 y 2009 una "continua actividad" dirigida a la "ocultación" a Hacienda de más de 40 millones de euros procedentes de operaciones ilícitas. Así, el considerado como cabecilla de la trama creó, según las fiscales, un entramado societario al que denomina "grupo Correa", para lo que contó con la "esencial colaboración" de cargos públicos a los que "compensaba con pagos y regalos en especie".

Para ello, Correa y el supuesto número dos de la trama, Pablo Crespo, según recoge el escrito de acusación, se sirvieron de una "trama de facturas ficticias" y de una "caja B" con la que sufragaban los "sobornos" a las autoridades públicas.

El trasfondo del 'caso Gürtel' es la connivencia de gobernantes del PP con la trama. Correa había conseguido entrar en el círculo cercano del que fuera presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar. Hay testigos que aseguran que durante una temporada, el empresario acudía con total normalidad a la sede principal del partido en la calle Génova. Es más, se puso de mano derecha a Pablo Crespo, que había sido secretario de Organización del PP gallego.

Apuntar a la cúpula del PP

La clave es si los acusados van a apuntar en el juicio hacia arriba y que harán siempre y cuando les beneficie. Sin embargo, para que el Ministerio Público esté dispuesto a negociar con ellos tiene que haber dinero por medio. Los acusados sostienen que todo su dinero ya está embargado por la Justicia pero las fiscales del caso, así como el juez que instruyó la causa, Pablo Ruz, siempre han mantenido que no se ha podido localizar todo el dinero.

Por el ejemplo, el en caso de Bárcenas, que se enfrenta a 42 años de cárcel, el magistrado siempre mantuvo que tiene una importante infraestructura patrimonial de difícil y compleja incautación y control judicial. Fuentes próximas a la defensa tanto de Bárcenas como de Crespo aseguran que no va a haber ningún acuerdo con la Fiscalía. De todas maneras, todavía quedan diez días y en la medida que se vaya acercando el juicio sus planteamientos pueden cambiar.

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