La Fiscalía Anticorrupción ha cambiado su estrategia procesal del 'caso Gürtel' en el último momento, lo que podría provocar una cascada de confesiones, entre ellas la del propio Francisco Correa. Las dos fiscales, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, han adelantado el interrogatorio de los tres acusados con los que han llegado a un pacto para que reconozcan los hechos a cambio de rebajar la petición de pena en la fase de conclusiones definitivas, y que pondrían en jaque al líder de la trama, Francisco Correa, y todo su grupo.

El paso imprescindible para que los tres acusados obtengan una reducción en la petición de pena es que confiesen todos sus delitos y señalen no sólo a Correa y su grupo sino a los alcaldes que recibieron comisiones ilegales a cambio de favorecer a la trama. Los ediles salpicados son el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y el de Majadahonda, Guillermo Ortega, alias 'Willy El Rata'.

Si reconocen íntegramente todos los hechos -porque sólo así se les aplicará una atenuante-, Correa se va a ver atrapado porque habrá tres acusados que le señalen directamente de pagar comisiones ilegales y regalos a los exalcaldes a cambio de adjudicaciones, además de reconocer que habría cometido blanqueo de capitales a través de la sociedad REEP. El movimiento de la Fiscalía ha provocado tensión entre los acusados, hasta tal punto que el viernes pasado alguno de ellos, acompañado por su defensa, acudió a la sede del Ministerio Público para intentar averiguar hasta dónde llegaba el pacto con los tres acusados.

Correa, el siguiente

Por tanto, el empresario que en su día fue persona próxima al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se vería en la obligación de reconocer también los hechos y buscar una atenuante, tal y como ya ha manifestado que pretende hacer. Lo que sucede, que en su caso la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Correa todavía tiene dinero escondido en el extranjero y dada la ingente cantidad de prueba contra él, el principal acusado tendría que aflorar el dinero como muestra de reparación del daño, extremo 'a priori' no contemplado por el cabecilla de la trama de corrupción.

Así lo ha hecho el primer arrepentido, el dueño de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo. Ha pagado ya todo lo fijado por el juez que instruyó la causa, Pablo Ruz, en concepto de multa, además de haber devuelto todo el dinero obtenido irregularmente. En total, entre la causa y sus deudas con Hacienda ha pagado 20 millones de euros.

Además, asume los delitos de cohecho y prevaricación por haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones cuando el entonces marido de la exministra de Sanidad, Ana Mato, Jesús Sepúlveda, ostentaba el cargo de alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Al reconocer que son ciertas las acusaciones contra él, reconoce las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción de que Sepúlveda favoreció, en connivencia con el entonces concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Roberto Fernández, fundamentalmente a las empresas de Francisco Correa y a Constructora Hispánica.

El exmarido de Mato, en el disparadero

“Jesús Sepúlveda, prevaliéndose de la autoridad de su cargo y de su superioridad orgánica, impartió instrucciones a distintos funcionarios del Ayuntamiento que presidía de contratar con las sociedades presuntamente vinculadas a Francisco Correa, de modo que éstas comenzaron a recibir adjudicaciones del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a raíz del nombramiento de Sepúlveda como alcalde, dejando de recibirlas prácticamente al mismo tiempo en que cesaron los regalos y contraprestaciones a aquél”, apunta el Ministerio Público en su escrito.

García Pozuelo va a reconocer, por tanto, la intervención del exmarido de Mato en las contrataciones otorgadas por el Ayuntamiento que presidía. Según Anticorrupción, en cumplimiento de lo convenido con Correa y con su número dos, Pablo Crespo, Constructora Hispánica resultó adjudicataria en marzo de 2004 del 'Proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de Las Huertas' y beneficiada con una subcontratación relacionada con la adjudicación, tres meses después, del 'Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004'.

Para conseguir tales beneficios, la Fiscalía tiene indicios de que se procedió a la formal tramitación de expedientes de contratación“prescindiendo total y absolutamente” de la normativa administrativa con la finalidad de dar una forma jurídica aparentemente lícita a la previa decisión de favorecer a esa empresa. En pago de esos servicios, García Pozuelo entregó a Correa al menos 65.941 euros.

A cambio de asumir y reconocer todos estos hechos, el dueño de Hispánica ha acordado con la Fiscalía que su pena quede en dos años de prisión, y que ésta sea sustituida por una multa económica de 432.000 euros, además de que la inhabilitación quede reducida a dos años y medio.

Arrastra al concejal de Hacienda

Una vez que García Pozuelo dio el paso a devolver el dinero y reconocer los hechos, su movimiento ha arrastrado al que fuera concejal de Hacienda de Pozuelo, y mano derecha de Sepúlveda, Roberto Fernández. Precisamente, este lunes la Audiencia Nacional tuvo que acordar una orden de búsqueda y detención contra él porque no se presentó en el juicio. Este exconcejal fue detenido en 2014 y enviado a prisión a causa de presuntos malos tratos.

Se trata del segundo acusado que está dispuesto a reconocer los hechos. En su caso se enfrenta a tres años y tres meses de prisión, así como a 9 años de inhabilitación, por los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, que podía ser reducida a dos años de cárcel si finalmente reconoce los hechos ante el tribunal. Este acusado adjudicó, según la Fiscalía, varios contratos públicos a las empresas de Correa así como a otras, como a Constructora Hispánica -por petición de Correa-, por orden de Sepúlveda. Además, troceó varios contratos para que no superaran el límite establecido para tener que ir a concurso, además de entregar contratos a diversas empresas a sabiendas que en realidad eran todas de un mismo dueño, Francisco Correa.

Además de las dos adjudicaciones a García Pozuelo, Fernández autorizó la división artificial de otros contratos, como el de la Oficina de Atención al Ciudadano, “con el fin de evitar la tramitación correspondiente y poder seleccionar directamente a la empresa adjudicataria”.

Así, Fernández, “por delegación del alcalde y con su conocimiento y aquiescencia”, para ocultar el fraccionamiento del contrato concedió distintos servicios a obras diferentes, pero en realidad todas ellas vinculadas a Correa, como Boomerang Drive SL, Down Town, Travelling Escenografía y Producciones Escenográficas Montenegro. Tanto Sepúlveda como Fernández sabían -según la Fiscalía- que las dos últimas sociedades eran utilizadas como “simples pantallas” de Down Town.

Lo mismo se hizo con la adjudicación de XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos (Parjap) celebrado en 2004, por lo que Sepúlveda recibió en regalos, como contraprestación a la adjudicación del contrato, 216.836 euros.

“El expediente se adjudicó a Francisco Correa vulnerando los principios y procedimientos de contratación a través de una empresa pantalla que cobró por ello una comisión cuyo importe fue repercutido al Ayuntamiento con el conocimiento y consentimiento de sus responsables”, recoge Anticorrupción en su escrito de acusación. Y para poder concederle el contrato, Roberto Fernández aprobó el fraccionamiento artificial en varios contratos.

El exsocio de Agag no quiere prisión

El tercero que reclama la Fiscalía Anticorrupción para que confiese es Jacobo Gordon, exsocio del yerno de Aznar, Alejandro Agag, para quien solicita dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, en su caso, tiene una petición de 10 años y dos meses de cárcel en otra de las piezas del 'caso Gürtel' pendiente de enjuiciamiento sobre la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Su pacto con la Fiscalía pasaría por reconocer los hechos en las dos piezas y así conseguir una sustancial rebaja de la pena. Gordon tejió una red empresarial de catorce sociedades administradas o de su propiedad (Proyecto Twain Jones, Proyecto Elfo, Proyectos Inmobiliarios Residenciales, Proyectos Inmobiliarios Altamira, Avitante Proyectos Empresariales, Proyectos Financieros Hayden, Proyectos Inmobiliarios Provitante, Consultoría y Gestión de Inversiones, Napa Corporate, Espacios Avitante, Gestión Inmobiliaria Habitabile, Castaño Corporate, Carlow Internacional 06 y Parque Logístico de Montalbo), creadas para facilitar operaciones urbanísticas y conseguir comisiones.

En este juicio, sólo está acusado por administrar la sociedad Proyecto Twain Jones SL (PTJ), a través de la cual se construyó una urbanización de lujo de 16 viviendas en Majadahonda. Gordon intervino para que el entonces alcalde de esa localidad, Guillermo Ortega, invirtiera en esa promoción a través de la sociedad Sundry.

Según la Fiscalía, en escritura pública de enero de 2004, otro de los acusados, Luis de Miguel -presunto arquitecto financiero de la trama- adquirió en representación de Sundry 42 participaciones de PJT por un precio de 252 euros. Sin embargo, la verdadera inversión fue de 150.000 euros, que se entregaron en dinero en efectivo no declarado a Hacienda y procedente de los ilícitos cobros del alcalde a Jacobo Gordon, “quien los recibió en nombre de la sociedad que administraba a sabiendas de su origen y titularidad”.

Estos fondos, junto a otros que sumaban un total de 750.000 euros -entregados en parte por el propio Correa en efectivo- se destinaron por Gordon a la compra del suelo donde se iba a construir la urbanización.

Un año después, en febrero de 2005, y coincidiendo con el cese de Ortega como alcalde, Sundry vendió a Real Estate Equity Portfolio SL (REEP) su participación en PJT, reflejando recibir 252 euros cuando en realidad lo percibido fue 150.000 euros. “La devolución de esta aportación la realizó, en efectivo y de modo opaco para la Hacienda Pública, Correa con el conocimiento y consentimiento de Jacobo Gordon, gestor de REEP, con la finalidad de ocultar la cuantía y el beneficiario de la entrega”.

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