La 'confesión' de Correa no convence a la Fiscalía

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, se sentó el pasado jueves dispuesto a decir toda la verdad. En varias ocasiones durante sus tres días de declaración aseguró al tribunal que su intención era reconocer los hechos, pero no todos aquellos que describe la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación porque, a su juicio, no todo lo descrito es verdad. Pues bien, ahí está la 'trampa', que la Fiscalía no piensa aceptar.

Correa ha soltado varios titulares bomba pero que a la hora de la verdad poco sirven para la investigación y según fuentes jurídicas inservibles a la hora de obtener una atenuante en la petición de pena tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Abogacía del Estado.

En la parte de su papel como intermediario entre empresarios y el PP, señaló a grandes empresas como comisionistas del partido, como OHL o ACS, para, a cambio, financiar irregularmente el partido. Pero no da nombres, ni contratos concretos, ni adjudicaciones, ni fechas, ni ningún detalle sobre cómo se amañaron contratos públicos en la administración central. El único episodio del que dio más detalles fue su intermediación para la adjudicación de diversos contratos para el empresario Alfonso García Pozuelo, una vez que éste ha reconocido los hechos previamente, ha devuelto el dinero y ha pagado la multa correspondiente.

Un claro ejemplo es cuando este lunes la defensa del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha solicitado la declaración como testigos de los exministros que habrían favorecido a ciertos empresarios, así como a los presuntos comisionistas señalados por Correa, Florentino Pérez y Juan Manuel Villar Mir. “Estas declaraciones no son necesarias ni relevantes. El acusado Francisco Correa ha hecho manifestaciones genéricas sobre las gestiones. No ha señalado ninguna gestión concreta sobre lo que poderles preguntar. De otro caso se hubiese investigado", aseveró la fiscal Concepción Sabadell para negarse a estas citaciones, postura avalada por el tribunal.

Nada sobre Aznar

Respecto del Partido Popular, el mayor damnificado de las 'confesiones' de Correa es el exgerente y extesorero del partido, Luis Bárcenas. Sin embargo, exonera a quien fuera presidente del Gobierno y del partido en esas fechas, José María Aznar, así como al secretario general, Francisco Álvarez-Cascos. Según la versión de Correa, no mantenía relación alguna con ellos. Con Aznar sólo se cruzaban la mirada. Menos aún con el sucesor de Aznar, Mariano Rajoy. En la fechas en las que hizo de 'lobista', el actual presidente de Gobierno en funciones era vicepresidente del Ejecutivo.

Sobre los alcaldes implicados en la causa, Correa tampoco ha confesado. Aunque ha reconocido la entrega de regalos, ha insistido que no era a cambio de amañar contratos y favorecerle en las alcaldías, contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Es el claro ejemplo del exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda. Correa reconoció haberle pagado todo tipo de regalos, como tres coches, viajes a toda su familia, comidas con angulas, pero sin asumir que recibió nada a cambio, con lo que evita señalarle por los delitos de cohecho y prevaricación por parte del también exsenador.

En el caso del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, Correa ha dado una versión algo rocambolesca, según fuentes jurídicas. Por un lado, ha asumido que el empresario Rafael Naranjo pagó a López Viejo en su época de concejal de Limpieza en torno a los 700.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato de basuras, dinero que le ingresó en una cuenta en Suiza a nombre de Correa, hecho, por otro lado, ya corroborado por el propio Naranjo.

Sin embargo, el jefe de la trama le exonera del amaño de casi 40 actos en su época de la Comunidad de Madrid. No es que López Viejo favoreciera a Correa en su etapa en el Gobierno regional sino que él le iba devolviendo el dinero guardado en Suiza con un porcentaje de cada contrato que se concedía a alguna de las empresas del grupo Correa.

También libra a sus estrechos colaboradores de cualquier irregularidad, de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones o pago en metálico de dinero a cargos públicos. Ni Pablo Crespo ni Álvaro Pérez estaban al tanto de ninguna irregularidad. Es más, según Correa, su papel como comisionista o como intermediario entre otros empresarios y políticos lo hizo al margen del funcionamiento de sus empresas. Crespo y Pérez se dedicaban a dirigir las empresas del grupo, y toda esa actividad era perfectamente legal. Lo mismo ocurre con su administrativo, su contable y los trabajadores de las empresas que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados.

Más que colaborar, perjudica

El problema para Correa es que la ingente documentación incautada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en poder de la Fiscalía Anticorrupción señalan lo contrario. Se empeñó en insistir que los apuntes de la contabilidad B bajo las siglas J.S. en los que aparecían vinculados a dinero entregado por Pérez o por Crespo no se trataba de Jesús Sepúlveda sino de un asesor de Pérez, 'El Bigotes', que le llevaba una cuenta embargada y al que le pagaba mensualmente. Sin embargo, los apuntes bajo la siglas J.S. con dinero entregado por Correa sí se trataba del exalcalde de Pozuelo. Mismas siglas, diferentes personas.

Fuentes jurídicas señalan que estas afirmaciones no ayudan al esclarecimiento de los hechos sino todo lo contrario. Puede perjudicar a la hora de poder mantener ciertas acusaciones a sus más estrechos colaboradores.

Para la Fiscalía Anticorrupción, la supuesta “confesión” de Correa no la puede utilizar para esperar la aplicación de una atenuante en la rebaja de pena, dado que los hechos que ha reconocido ya han sido asumidos por otros acusados, además de existir una fuerte prueba al respecto. No obstante, se valorará en la fase de conclusiones definitivas si se modifica alguno de sus apartados.

Por otro lado, aunque la Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y acusaciones no consideren que deba aplicarse una reducción de la pena, el tribunal sí puede estimar que se le aplique en una horquilla inferior la pena en alguno de los delitos, dado que ha reconocido algunos hechos, aunque haya negado otros, no haya aportado nuevos, y haya intentado exculpar a otros de los principales acusados.

Correa buscaba un pacto con la Fiscalía para intentar conseguir una fuerte rebaja de la pena, dado que se enfrenta a 125 años de prisión. Sin embargo, fuentes fiscales insisten que no hay ningún pacto con el líder de la trama y ahora tras su declaración tiene complicado conseguir las atenuantes deseadas por el principal acusado del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.