Marzo de 2015: la organización dedicada a la explotación de clubes de alterne, liderada por Ángel Crispín Gilaranz -detenido en junio de ese año-, tenía un problema. Acababa de entrar un nuevo comisario de Policía en el aeropuerto de Barajas y eso les dificultaba sus movimientos allí. “He estado en el aeropuerto y, ¿sabes lo que pasa? Que como ha entrado el comisario nuevo pues nadie pone el cascabel al gato. ¿Sabes lo que te quiero decir?”.
La conversación, grabada por la UDEF por orden del juez Fernando Andreu, se produjo el 4 de marzo de 2015, tres meses después de que el comisario Carlos Salamanca fuera trasladado desde su puesto en el Aeropuerto de Madrid a un cargo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Este cambio, anunciado como un ascenso, se produjo después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le citara en calidad de imputado por sus posibles relaciones con la organización criminal china liderada por Gao Ping -aunque archivada la causa respecto de él por orden de la Sala de lo Penal de órgano judicial y contra el criterio tanto del instructor como de Anticorrupción-.
La instrucción a la mafia china inicialmente la dirigía Andreu, el mismo juez que lleva ahora el 'caso Pompeya', pero por su relación de amistad con el comisario Salamanca y ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a éste, el magistrado se tuvo que abstener de la causa. Ahora se vuelve a encontrar en otro asunto con el mismo mando policial aunque, 'a priori', no existen indicios suficientes contra el comisario, dado que no se ha abierto ninguna investigación al respecto ni por parte de la Policía, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o del instructor.
Los interlocutores de la conversación, que consta en la causa y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, son el número dos de la organización, Miguel Ángel B., con otra persona de nombre Manolo. “Hemos estado hablando con el jefe de seguridad y con el de la privada, con el guarda de seguridad que hay en los controles... y ninguno tal, entonces, pues bueno, nadie me ha dicho que sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que muy buenas palabras, pero que no, claro, que tal. Me ha dicho el jefe de seguridad... mira, es que el problema es que está el comisario nuevo y nadie… Antes con el otro pues se lo decían directamente y no había ninguna pega”, explica Miguel Ángel.
En esa misma conversación, una de las manos derechas de Gilaranz insiste en que en su visita al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez (Barajas) había hablado con varias personas, entre ellas Nacho, un comandante que era el que llevaba todos los aeropuertos. “Pero me ha dicho que al nuevo no le conoce”, señala.
“En las conversaciones antes mencionadas se observa que anteriormente podrían tener un trato preferente con el antiguo comisario del Aeropuerto. Con el actual, al ser nuevo, todavía no se atreven”, explica uno de los informes policiales entregados al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional durante la investigación. Este documento consta en la causa del 'caso Pompeya', que acabó con la detención de más de 60 personas en junio de 2015 por el mayor fraude fiscal ligado a prostíbulos nunca antes descubierto, y que ha sacado a la luz las relaciones de futbolistas y políticos con estas redes de prostitución. Los principales cabecillas de las cinco organizaciones desmanteladas fueron enviados a prisión, aunque ya quedaron en libertad y con sus negocios en funcionamiento.
Salidas de dinero por el aeropuerto
Del análisis de las conversaciones, los investigadores alertaron de la posibilidad de que la organización de Gilaranz se dedicara a establecer unos lazos con funcionarios o empleados del aeropuerto de Barajas, "sin que haya sido hasta ahora posible averiguar con qué fin". "Si bien por el sentido de las conversaciones que varios de los implicados de este entramado mantienen, se tienen fundadas sospechas de que pudiera ser para facilitar la salida de dinero en metálico a través del aeropuerto”, recoge uno de los documentos recogidos en la causa instruida por Andreu bajo el apoyo tanto de la UDEF, como de la Brigada Central contra Trata de Seres Humanos, como de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Uno de los mecanismos que esta organización pudiera estar llevando a cabo para blanquear el dinero generado en sus clubes es a través de una sociedad brasileña en la que aparece Ángel Crispín Gilaranz como director general, llamada AG Velasco Empreendimiento e Participacoes LTDA. Esa empresa ha construido en Sorocoba (Brasil) cuatro complejos residenciales de viviendas de una calidad y unas instalaciones relativamente altas. “Por lo tanto, a día de hoy se desconoce la forma en la que Ángel Crispín ha podido sufragar la construcción de estos bloques de edificios, pero lo que sí se puede afirmar es que su economía se sustenta esencialmente en la gestión y explotación de los clubes”, sostiene la Policía.
Gestiones con “Pepe Hidalgo”
En el marco de esas mismas gestiones para arreglar lo del aeropuerto, ese mismo 4 de marzo de 2015, Miguel Ángel B. explica a su interlocutor, Manolo, que ha hablado “con otro contacto allí”, que le ha dicho que va a intentar por otra vía hablar con los de seguridad para ver cómo lo pueden hacer. Manolo le dice que también llame a “Jesús Hidalgo, el hermano de Pepe”.
De las llamadas se desprende cómo uno de los principales investigados de la trama de Gilaranz telefonea en varias ocasiones a Hidalgo, encontrándose con el móvil apagado. Al día siguiente descubren que el hermano de Pepe Hidalgo había cambiado de teléfono pero otro miembro de la organización ya le había localizado. “Quiero hablar con Jesús para ver si Pepe lo ha resuelto”, subraya Manolo.
Al final Manolo le asegura a Miguel Ángel B. que ha conseguido hablar con Pepe Hidalgo y que le había dicho “que lo resolvía”. “Miguel le dice a Manolo que ha llamado éste y que ha quedado con ellos a las seis en su local. Miguel le propone que vayan los dos juntos para hablarlo y coordinar todo. Manolo le dice que vale. Miguel le dice que Jesús ha estado hablando con varias personas y han buscado una solución”, recoge la transcripción de las conversaciones.
Un rato más tarde, la secretaria de Manolo le llamaba para advertirle que le ha telefoneado Jesús Hidalgo y que le ha dicho que está todo resuelto. Entre Miguel Ángel y Manolo comentan que otra persona llegó al mostrador 525, el de los VIP.
“El policía con más poder de España”
Los nexos entre las cinco organizaciones dedicadas a la explotación de clubes de alterne investigadas en el marco del 'caso Pompeya' con agentes de Policía eran frecuentes. El jefe de otra de las tramas, Santos Pérez Vargas, alias Tati -explota los clubes Frontera, L'Arroxa o Errota Berri, en Guipúzcoa-, había establecido “lazos” con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares, abogados y funcionarios de la Administración, además de “hacer gala de autoridad a través de malos tratos y reprendas públicas a las prostitutas y sus colaboradores”.
En el caso de la organización liderada por José Arsenio Pérez -del club El Castillo, en Alicante; o Topacio, en Murcia- se desprende cómo intentan buscar conexiones con policías para conseguir información. En una conversación fechada el 10 de mayo de 2015, Arsenio habla con otra persona para comentarle que había habido una operación contra varios clubes por un asunto de la Seguridad Social. “Como ahora hay que asegurar a las putitas de alterne, como metan esas denuncias ahora muchos tendrán que cerrar. Fueron con perros y todo y estuvieron hasta las 8 de la mañana”, comenta Arsenio.
De acuerdo a lo que relató, de esa operación se levantaron 25 actas. Según Arsenio, estuvo preguntando para ver si estaba involucrado en algo de eso pero no había nada. Su interlocutor le dice que “lo podían comentar con un policía que ahora mismo es el que más poder tiene de España, un tal Oliveras, que estuvo aquí de segundo y luego se colocó muy bien políticamente, y ahora está en la UDEF, pero puede que sea contraproducente comentárselo”.
Al frente de la UDEF, creada en 2005, estuvo durante sus primeros años el mando José Luis Olivera, actualmente responsable del Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Su nombre sonó con fuerza para ocupar el cargo de director adjunto de la Policía Nacional siendo el favorito del ya exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El escándalo de las grabaciones del antiguo titular de la cartera en su despacho con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña paralizó el nombramiento.
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