El actor y director de cine porno Ignacio Allende, alias 'Torbe', ya se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros hace unos días. Investigado por varios delitos, como trata de seres humanos, salió este lunes en varios medios de comunicación para desmentir todas las acusaciones vertidas contra él por varias testigos protegidas y desacreditando la investigación policial. Ahora, el juez que investiga el caso se encuentra con dos posturas encontradas: la de las chicas que sostiene que han sufrido amenazas y coacciones por parte de Torbe, versión avalada por la Policía en varios informes, o la del investigado, que sostiene que todas las acusaciones son fabulaciones de las chicas.
La causa llevada por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid consta de la versión de cuatro testigos protegidas pero además numerosas declaraciones de jóvenes -así como del padre de alguna de ellas- que denuncian a Torbe por obligarlas a grabar escenas pornográficas, o incumplir la promesa de que no se emitirían, además de exigir a alguna de ellas cuantiosas cantidades de dinero a cambio de retirar los vídeos colgados en la red.
Según un informe policial de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos fechado el pasado mes de septiembre, una de estas chicas que acudió a la Policía tras conocer que el director de cine porno había sido detenido explicó que “fue grabada forzada y lo recuerda como muy desagradable y asqueroso, que lo hizo obligada por la necesidad económica en la que le estaba metiendo Torbe”. Así, narró a los agentes que en una de las ocasiones “antes de empezar a grabar, Torbe le dio indicaciones de lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir, que le hizo vestirse como si fuera una niña pequeña, y durante la grabación la chica fue penetrada vaginalmente sin preservativo para terminar eyaculando sobre ella”.
Por ese vídeo, Torbe le pagó 150 euros. En su caso, cree que no era realmente un vídeo profesional, tal y como le dijo, sino que “simplemente quería echarme un polvo”. Esta chica, bajo las iniciales C.G., acudió a una comisaria en junio para denunciar su experiencia con Torbe. Según relató, se puso en contacto con su web, Puta Locura, para ofrecerse a grabar webcams. La primera vez que contactó era menor de edad, pero ya había cumplido los 18 años cuando una persona -que se presentó como secretaria de Torbe- le llamó.
Alojada en casa de Torbe
Inicialmente, Torbe le ofreció hacer una sesión de fotos para un calendario, aunque el director le anunció que únicamente le pagaría el viaje para llegar a Madrid y no el trabajo, a lo que ella se negó. Posteriormente le volvieron a llamar de la oficina para hacer trabajos de webcam. La joven podría alojarse en casa de Torbe desde donde podría trabajar.
Por vivir en una habitación de la casa del director tenía que pagar 250 euros además de grabar una escena pornográfica con él. Cuando Torbe le presentó las nuevas condiciones ella ya estaba en Madrid, donde había llegado desde un pueblo de Extremadura. Ella se negó a grabar escenas porno porque no era lo acordado, que era trabajar para la webcam y así conseguir algo de dinero para poder subsistir.
Además, la joven advirtió a Torbe de que no quería que sus padres se enterasen de lo que estaba haciendo, asegurándole éste que las escenas que grabara con él únicamente se podrían ver en países extranjeros como Estados Unidos, Ucrania, Rusia o Alemania. Al final, la joven accede a grabar por 150 euros porque “no tenía un duro en el bolsillo y no conocía a nadie en Madrid que le pudiera ayudar”.
“Cuando terminó de grabar la primera escena, la declarante se fue a duchar y empezó a llorar por la situación en la que se encontraba envuelta, sola, sin dinero y con miedo, momento en el que Torbe se acerca a la puerta del baño y le dice literalmente que salga de la ducha y deje de llorar, que está gastando mucha agua, todo en un tono despectivo”.
“Todo este mundillo toma cocaína”
Después de esa primera grabación, y sabiendo que la chica necesitaba dinero, le ofreció participar al día siguiente en una escena 'bukakke' por la que le pagaría 200 euros. Ella se negó y Torbe le dijo que podría hacer de "mamporrera", es decir que únicamente tendría que masturbar a los participantes del 'bukakke', y que además no se le vería la cara porque llevaría un antifaz puesto. Al final accedió porque tenía que pagarle el alquiler. Grabó la escena en la que había unos 20 hombres y otra chica, que tenía náuseas constantemente durante la grabación.
Después vino la tercera grabación, en la que le hizo vestirse de niña pequeña. Tras ese encuentro, la joven se fue a la cocina y Torbe se acercó. Le tiró una bolsa de cocaína y le dijo: “Toma, dale a esto, que todos los que trabajamos duro tenemos que tomarlo para echar más horas”. C.G. aseguró a la Policía que hasta ese momento nunca antes había tomado esa droga pero Torbe le insistió y le dijo que “todos toman cocaína en este 'mundillo' y no pasa nada”. Al final, la chica se la tomó junto a otra chica que estaba allí. Torbe les regaló la bolsa entera que era “del tamaño de una canica de las grandes”.
Tras el análisis de esta y otras declaraciones, los investigadores concluyen que una de las prácticas utilizadas por la organización para la consecución de sus fines “es el seleccionar a las mismas entre mujeres jóvenes acuciadas por diferentes necesidades económicas y sociales, provenientes de familias con problemas e incluso en algún caso diagnosticadas con graves trastornos mentales”.
Según la Policía, Ignacio Allende “aprovecha las circunstancias referidas, así como en muchos casos la candidez de sus víctimas y su desconocimiento en asuntos contractuales y laborales para imponer toda una serie de condiciones ya reiteradas en múltiples ocasiones bajo la promesa de cuantiosas ganancias mensuales a cambio de unas pocas horas de trabajo”.
Chicas amenazadas
Si por algo se ha caracterizado la actividad de Torbe con respecto a las mujeres que han trabajado para él como actrices o webcamers “ha sido en todo momento por el uso de la amenaza, la coacción y el chantaje”, insiste la Policía. Del análisis de todas las declaraciones tomadas a mujeres que han trabajado en su entorno queda patente un 'modus operandi' común al trato hacia todas ellas, “consistiendo el mismo en conseguir en un primer momento captar a dichas mujeres, y en todo caso con problemas económicos y familiares, a través de las redes sociales y/o sus páginas web, solicitando de las mismas el envío de fotografías en las que se las pueda ver desnudas”.
Una vez tenía esas fotos, las utilizaba -según se desprende de la investigación policial-como “instrumento de coacción, para obligarles a realizar las prácticas solicitadas, tanto de mantener relaciones sexuales con él mismo, que en ocasiones grababa, como para realizar películas pornográficas que después comercializaba a través de sus sitios web”.
La Policía tiene indicios de que a medida que la mujer implicada, iba grabando más vídeos, la presión sobre la misma aumentaba, “ya que así lo hacía también la cantidad de material, siendo este a su vez cada vez más comprometedor, con el que el investigado podía chantajear a su víctima, no solo con publicar dichos vídeos en su página web, sino con enviar dichas imágenes directamente a los conocidos y allegados de la víctima, consiguiendo de esta manera que las mismas se avinieran a sus deseos y requerimientos”.
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