Rita Barberá acudió 48 horas antes de morir con paso vacilante y movimientos poco coordinados a una cita judicial que llevaba meses eludiendo en Valencia pero que no tuvo más remedio que afrontar cuando el llamamiento procedió del Supremo, tribunal en el que estaba aforada por su cargo de senadora.
Si al juez de Valencia que investiga el ‘pitufeo’ (la supuesta financiación irregular del PP valenciano a través de pequeñas aportaciones de los militantes que les habrían sido devueltas con fondos opacos del propio partido) le mandó un escrito en vez de comparecer de forma voluntaria, ante el juez del Supremo Cándido Conde-Pumpido estuvo declarando durante más de una hora, sometiéndose al interrogatorio del fiscal y de su defensa.
La tensión con la que abordó la comparecencia como investigada se reflejó en un rostro extremadamente serio, un silencio sepulcral ante los medios y unas contestaciones dentro de la sala articuladas de forma pastosa y poco fluida, algo que llamó la atención.
Pero, pese a todo, la expectativa de que el proceso penal acabara de forma favorable para la ex alcaldesa de Valencia era alta. Su defensor, el prestigioso letrado y ex magistrado José Antonio Choclán, tenía una batería de argumentos del que no era el menos desdeñable la dificultad jurídica de construir un delito de blanqueo de capitales –el único que se atribuía a Barberá- sin tener probado el denominado ‘delito antecedente’, esto es, que los fondos a blanquear fueran de procedencia ilícita, fruto de cohechos.
Rita Barberá declara ante el Tribunal Supremo
Financiación ilegal
La sospecha del Juzgado de Valencia es que 50 cargos y militantes del PP ingresaron en marzo de 2015, para financiar la campaña electoral, 1.000 euros en las cuentas del partido. Ese dinero se les habría devuelto poco después en metálico por la gerente, María del Carmen García-Fuster, colaboradora de Rita Barberá. Pero en la causa no hay dato alguno que indique que esos fondos en metálico, de existir, fueran producto de cohechos. La tesis de que provinieron de comisiones ilegales entregadas por empresarios a cambio de la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura es inverosímil porque entre el ‘pitufeo’ y esas adjudicaciones mediaron muchos años, una distancia cronológica insuperable para poder relacionar el ‘pitufeo’ con la existencia de supuestos cohechos en los contratos de Cultura.
El propio instructor de Valencia que elevó al Tribunal Supremo la exposición razonada sobre Rita Barberá era consciente de esa debilidad probatoria, que no era la única. El juez Víctor Gómez dejó constancia en su escrito a la Sala Penal de que no hay indicios de una "participación concreta y personal" de la ex alcaldesa y señala que ninguna de las personas –investigados o testigos- a los que él ha tomado declaración la implican. ¿Por qué, entonces, la exposición al Supremo contra Barberá? Porque, según el juez valenciano, "sería incoherente" que los concejales de la ex alcaldesa tengan la condición de investigados por esos hechos y Barberá ni siquiera fuera interrogada.
El fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, el encargado de preguntar a Barberá este lunes, quería completar la investigación llamando a declarar a cuatro asesores del grupo municipal del PP que han afirmado que poco antes de las elecciones municipales de 2015 se les facilitó una cuenta corriente para realizar el ingreso de los 1.000 euros y se les aseguró que les sería reintegrado con dinero en metálico dado en mano.
A la defensa no le preocupaban estas declaraciones ya que ninguno de ellos aportó indicios objetivos contra Rita Barberá. A lo más llegaron fue a “suponer” que la ex alcaldesa estaría al tanto de esa mecánica de financiación, pero los cuatro admitieron que nunca hablaron con ella.
Tampoco incriminó a Barberá uno de los personajes centrales de esta investigación, María del Carmen García-Fuster, a la que el propio Choclán quería llamar a declarar en el Supremo.