El magistrado de la Sala Penal del Supremo Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general durante los dos mandatos del socialista Rodríguez-Zapatero (2004-2011), ha manifestado este miércoles que cuando examinó el caso Nóos como responsable del Ministerio Público llegó a la conclusión de que "no había base legal suficiente para ir en contra de la infanta" Cristina de Borbón, aunque sí contra su marido, Iñaki Urdangarín.
Durante un encuentro con periodistas convocado por la revista Vanity Fair, Conde-Pumpido ha subrayado que la posición sobre la ausencia de responsabilidad penal de la hermana del rey Felipe "la mantuvieron todos mis sucesores".
"Confío en ese criterio de la Fiscalía porque sé que es un criterio serio", ha dicho.
"Otra cosa", ha añadido, "es que vivimos en España tres grandes problemas sobre la Justicia: la judicializacion de la política, el mantenimiento del modelo inquisitivo y la privatización de la justicia penal".
"Somos el único país de Europa en el que la Justicia esta privatizada, cualquier persona o cualquier organización, a veces con finalidades de presión, pueden sentar en el banquillo a quien quieran", ha señalado el juez del Supremo. Ha recordado que ese modelo procesal no existe en ningún país de Europa "y posiblemente no sean los otros los que estén equivocados sino nosotros, que vamos al revés".
"No apreciamos responsabilidad en Trillo"
Preguntado por el caso del Yak-42, Conde-Pumpido ha indicado que "en ningún momento se apreciaron responsabilidades penales contra el ministro" Federico Trillo "y las que se presentaron en el Supremo fueron inadmitidas", ha recordado.
Como instructor del proceso contra la senadora Rita Barberá, el magistrado lamentó profundamente su fallecimiento y lo desvinculó de la investigación judicial y del tratamiento que hicieron los medios de comunicación.
"No considero que su fallecimiento estuviera vinculado al proceso ni a ningún tratamiento de los medios", ha afirmado. "Posiblemente la dificultad en que se encontraba, su carácter personal le hayan afectado".
De todos modos, Conde-Pumpido, que se mostró partidario de atribuir la investigación de los delitos a los fiscales, ha enfatizado que la comparecencia de una persona como investigada "no debería tener las graves consecuencias que algunos le quieren atribuir".