La supuesta realización de prácticas ilegales para conseguir información (datos fiscales de los ciudadanos, listados de jueces) necesaria para llevar a cabo el proceso independentista catalán, desveladas por el hasta ahora senador de Esquerra Republicana de Catalunya Santiago Vidal, supondría la comisión de delitos castigados con hasta seis años de prisión.
Es la sanción que establece el Código Penal para los delitos de revelación de secretos que va a investigar la Fiscalía de Cataluña por orden del fiscal general, José Manuel Maza.
Según informó El País, en una serie de conferencias pronunciadas en los últimos meses Vidal ha desvelado que la Generalitat está llevando a cabo actuaciones secretas, algunas ilegales, para preparar a Cataluña de cara a la independencia.
Vidal -que renunció este viernes al acta de senador a petición de ERC- ha afirmado que "la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal”.
También dijo que "el Gobierno catalán ha hecho un trabajo de campo. Hemos determinado de los 801 jueces españoles que hay en Cataluña cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar".
De acuerdo con el decreto de apertura de diligencias de investigación firmado este mismo viernes por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, las manifestaciones realizadas por Vidal sobre la recopilación de los datos fiscales de los ciudadanos que viven en Cataluña y la elaboración de dossieres sobre la ideología de los jueces que trabajan en esa comunidad autónoma constituirían, de ser ciertas, delitos tipificados en el artículo 197 párrafos 2 y 5 del Código Penal.
El artículo 197.2 castiga con prisión de uno a cuatro años y multa al que "sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero".
Datos sensibles
Según el artículo 197.5, la pena puede elevarse a seis años si la información que es objeto de apoderamiento ilícito afecta a datos de carácter personal que revelen, por ejemplo, la ideología. Aquí entrarían las afirmaciones de Vidal sobre la información que, según él, conoce la Generalitat sobre los jueces que compartirían o no el proyecto secesionista.
El decreto de Romero de Tejada indica a este respecto que es precisa una investigación "ante la hipótesis de que, en caso de existir tales dossieres, en los mismos se hayan empleado datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares, lo cual subsumiría la conducta en la modalidad agravada del delito de revelación de secretos".
La única diligencia que, de momento, contempla el decreto de apertura de la investigación es un requerimiento al autor de la información, Cristian Segura, para que aporte los documentos que posea sobre las conferencias de Vidal.
De otro lado, la renuncia de éste al acta de senador le hace perder el fuero ante el Tribunal Supremo aunque, por su condición de miembro del Poder Judicial (que no ha perdido pese a estar suspendido de funciones durante tres años por haber redactado un proyecto de 'constitución' catalana), mantiene el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Fuentes jurídicas señalaron que el hecho de que deje de tener el estatuto de senador facilita su citación por la Fiscalía para que aporte los datos que pueda tener sobre lo que ha afirmado.
No obstante, ERC ha hecho recular a Vidal, que en un comunicado difundido por el partido ha señalado que "he hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico en el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad".
La Generalitat ha desmentido "categóricamente" lo manifestado por Vidal en esas conferencias.