Santiago Vidal.

Santiago Vidal. Efe

Tribunales

El fiscal pide que se rechace la querella de Vox contra el juez Vidal por ser precipitada

Considera que "de momento" no hay pruebas de las "acciones clandestinas" para la secesión de Cataluña.

3 febrero, 2017 13:10

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido a la Sala que no admita a trámite la querella presentada por el partido Vox contra el juez y ex senador de ERC Santiago Vidal; el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el consejero de Justicia, Carles Mundó, por la supuesta realización de acciones ilegales en el marco del proceso soberanista.

La querella se basa en las conferencias pronunciadas por Vidal en las que ha asegurado que el Gobierno de Cataluña ha recopilado "todos los datos fiscales" de los catalanes y ha elaborado listados de jueces afectos o desafectos al proceso separatista, entre otras actuaciones.

En un informe firmado por el teniente fiscal, Francisco Bañeres, el Ministerio Público considera que por ahora "contamos únicamente con las manifestaciones de un destacado dirigente político [Santiago Vidal] en las que afirma que por parte de responsables del gobierno y/o de la administración de la Generalitat de Catalunya, se están llevando a cabo actuaciones clandestinas dirigidas a facilitar una eventual separación territorial y jurídica del territorio de Cataluña y, al mismo tiempo, tendentes a evitar los contratiempos que de tal separación, por la vía de hecho, pudieran derivarse para la nueva administración que surgiese tras consumar la secesión. Igualmente, admite que la ejecución de tales prácticas se está desarrollando mediante una vulneración consciente de actual legislación vigente".

Para el fiscal, "no se advierte, por el miomento" elementos o principios de prueba "que avalen razonablemente la realidad" de lo afirmado por Vidal. Pero "dada la trascedencia y gravedad" de sus manifestaciones, así como su "indiscutible relevancia penal", el Ministerio Público ha iniciado una investigación.

Para la Fiscalía, "no resultaría razonable someter a la sujeción del proceso penal a cualquier persona partiendo, por todo fundamento, de las manifestaciones más o menos verosímiles de un correligionario".

Es preciso "exigir cuando menos unas elementales dosis de concreción", las cuales "sólo podrán obtenerse a través de la correspondiente investigación preliminar".

"Hasta que dicha investigación no se ultime y a la vista de cuáles puedan ser sus resultados, no cabe plantearse el ejercicio de acciones penales", concluye.