Libertad para todos los detenidos por la operación del 3% catalán

Los 18 detenidos en el marco de la 'Operación Pika' han sido puestos en libertad tras ser interrogados por los agentes de la Guardia Civil que han desarrollado la investigación sobre el cobro de mordidas por parte del partido de Artur Mas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Tras prestar declaración parte de ellos -otros se han negado a declarar- los investigadores, tras consultar con la Fiscalía Anticorrupción, han considerado innecesario su puesta a disposición del juez para ser nuevamente interrogados.

De esta manera, los nuevos investigados como el exresponsable del Régimen interno del partido, Francesc Sánchez, el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives, el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, junto al resto, descartan la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción solicite para ellos algún tipo de medida cautelar contra ellos.

Sin embargo, fuentes de la investigación explican que serán citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell en los próximos días. Otro de los detenidos fue el tesorero de la formación, Andreu Viloca, aunque en su caso ya se encontraba investigado e incluso llegó a pasar unos días en prisión hasta que se le fijó una fianza de 250.000 euros que pagó para quedar libre.

Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se ha descubierto que Viloca podría tener más documentación de la encontrada en los anteriores registros y por lo que se ha visto necesario un nuevo registro así como su detención.

Confirman la estructura delictiva

Según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL la documentación incautada durante el jueves en varias sedes de empresas investigadas supone nuevas pruebas que acreditan la estructura investigada y que señala directamente a la cúpula del partido catalán. Tanto la documentación como algunas de las manifestaciones de los detenidos hace confirmar a los investigadores su línea de investigación.

De la investigación se desprende que CDC exigiría el pago de sobornos a aquellos empresarios que quisieran obtener obra pública en Cataluña, desde ayuntamientos hasta del propio gobierno regional. Esos sobornos se ocultarían como donaciones. Además, no todos los empresarios podían acceder a esa opción. Los investigadores hablan de un selectivo “club del 3%”, un listado de nombres y empresas que aparecieron en los ordenadores de Viloca, y que serían los elegidos para ser beneficiados con obra pública a cambio de ayuda económica para el partido.

La estructura investigada y que ha sido respalda, según los investigadores, con los nuevos datos encontrados ha sido sistemáticamente desarrollada durante años. En el caso de CDC, tienen detectado que estos empresarios habrían pagado donaciones a cambio de ciertas adjudicaciones concretas, lo que es obligatorio para que se de el tipo penal de cohecho.

Por ejemplo, en el caso conocido como 'Papeles de Bárcenas' sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular no pudo acreditarse que los empresarios investigados por donar dinero al partido de manera irregular lo hicieran a cambio de una obra concreta y por lo que se tuvo que archivar la causar contra todos ellos.

En el caso de CDC, lo que todavía está pendiente es si los investigadores descubren si la cúpula del partido, es decir su presidente, tenía conocimiento y habría participado de alguna manera en esta presunta financiación ilegal de su partido.