El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, no irá, por lo menos todavía, a prisión. La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido que la medida de prisión con fianza solicitada por la Fiscalía Anticorrupción no es proporcional. Para adoptar esta decisión se ha tenido en cuenta una serie de circunstancias, que varían dependiendo de cada acusado o investigado.
En su caso, ha primado que durante los seis años que lleva abierto el proceso por el 'caso Nóos' nunca se le ha impuesto ninguna medida cautelar, ni tan siquiera la retirada de pasaporte, que siempre ha acudido a la citas judiciales sin dar ninguna señal de intento de fuga, el arraigo familiar, y que no tiene más causas pendientes. "Ambos acusados disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional, especialmente, Iñaki Urdangarin, cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis", recoge el auto de medidas cautelares.
Hay otros acusados que no han tenido la misma suerte, aunque las circunstancias no son las mismas, y los tribunales tampoco son los mismos.
Correa, Crespo y Álvaro Pérez
Días antes de conocerse la sentencia por el 'caso Nóos', el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ordenaba el ingreso en prisión sin fianza para los tres cabecillas de la trama Gürtel para cumplir la condena que le había fijado este tribunal por la 'pieza Fitur' de la trama. A pesar de que es la misma situación que Urdangarin y Torres, las circunstancias son distintas.
Para empezar, los años de condena. Los tres han sido condenados a una pena de 13 años de prisión, más del doble de la impuesta a Urdangarin. Por otro lado, los tres tienen diversas causas pendientes. Actualmente están sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional por la primera pieza del 'caso Gürtel'. Correa se enfrenta sólo por este juicio a 110 años de cárcel y Crespo a 85 años. Pero una vez que acabe este juicio arranca otro, la financiación ilegal del PP valenciano, otra pieza de Gürtel. Y después tienen pendientes las piezas de Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Aena, Jerez, o la segunda fase del tronco principal, llamada Época II.
Luis Bárcenas
En su caso, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó su ingreso en prisión preventiva en la fase de instrucción tras descubrir que después de imputado estaba moviendo dinero y ocultando su patrimonio para evitar que la Justicia lo encontrase y se lo bloquease. Además, al tener mucho dinero en el extranjero oculto en su caso existía riesgo de fuga, además de destrucción de pruebas.
Luis Bárcenas, en el banquillo del juicio por el caso Gürtel. Delante, Correa.
Estuvo en la cárcel de Soto del Real (Madrid) un año y medio hasta que consiguió que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le modificara la prisión incondicional por una fianza asumible de 200.000 euros. Su encarcelamiento fue uno de los más sonados de los últimos años. Ruz ordenaba su ingreso en prisión por ocultar hasta 48 millones de euros en varias cuentas en Suiza en el marco del 'caso Gürtel'. El extesorero del Partido Popular llegó a convertirse en uno de los principales problemas de Mariano Rajoy. Ahora está sentado en el banquillo de los acusados y se enfrenta a 42 años de prisión, que le podría hacer volver a la cárcel en poco tiempo.
Jaume Matas
Uno de los hombres fuertes de José María Aznar también acabó entre rejas. Matas, que fue presidente de las Islas Baleares e incluso llegó a ser ministro, acabó ingresando en prisión en diciembre de 2014 para cumplir una condena de nueve meses por un delito de tráfico de influencias. Sin embargo, tiene varias causas pendientes, una de ellas el 'caso Nóos' por el que acaba de ser condenado a tres años y 8 meses de prisión y por lo que podría volver a acabar encarcelado.
La diferencia con Matas es que la Audiencia Provincial de Baleares ordenó su ingreso en prisión una vez que la sentencia fue firme por el Tribunal Supremo. Fue entonces cuando el tribunal estimó que debía ejecutar la sentencia, a pesar de que fuera inferior a dos años de cárcel. La línea que está siguiendo la Audiencia Provincial de Baleares es ejecutar todas las sentencias por corrupción una vez que son firmes aunque las penas sean inferiores a los dos años de prisión.
Francisco Granados
El exconsejero madrileño Francisco Granados lleva desde octubre de 2014 en prisión preventiva. En su caso, todavía no ha sido juzgado sino que la causa por la que está siendo investigado: Púnica todavía está en fase de instrucción. El exnúmero 3 de Esperanza Aguirre ha pedido en numerosas ocasiones ser puesto en libertad pero tanto el juez central de instrucción Eloy Velasco como la Fiscalía Anticorrupción se han opuesto de manera automática a que salga de prisión.
En su contra está que los investigadores estiman que puede estar ocultando hasta 20 millones de euros en el extranjero por 'mordidas' durante la década que ha estado ocupando diversos cargos públicos y que él niega. Creen que hay un fuerte riesgo de fuga además de su capacidad para coaccionar a testigos de la causa. En el caso de ser finalmente condenado, todo este tiempo entre rejas se le descontará del cumplimiento efectivo.
Isabel Pantoja
La tonadillera Isabel Pantoja también ha tenido que pasar una temporada en la sombra después de que la Audiencia Provincial de Málaga ordena que la cantante cumpliera la sentencia impuesta. En su caso, también se esperó a que el Tribunal Supremo dictara la firmeza de la sentencia. Una vez que el alto tribunal fijó los dos años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros.
Isabel Pantoja declarando ante el juez y Julián Muñoz (a la derecha de la imagen) sentado en el banquillo.
El tribunal recordó tras esta decisión que conceder la suspensión de la pena cuando la condena es de dos años de cárcel o inferior a personas sin antecedentes, como sucede con Isabel Pantoja, no es una obligación, sino una potestad del órgano enjuiciador. Y en este caso considera que existen "parámetros" que aconsejan ordenar el cumplimiento de la pena de prisión.
María Antonia Munar
La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antonia Munar, sí ingresó en prisión de manera preventiva tras ser condenada y antes de que resolviera el Tribunal Supremo. En su caso, la Audiencia Provincial de Baleares tuvo en cuenta que a Munar se le habían impuesto ya dos condenas por corrupción, que sumaban 11,5 años de cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso en julio de 2013 al entender que las dos condenas acumuladas de Munar, sobre la que ya pesaban otras medidas cautelares, debía de traducirse en su ingreso en prisión, aunque todavía estuviera pendiente del Supremo, que poco después vino a confirmar las condenas. En su caso, pesó mucho que tenía otras causas pendientes, con un panorama judicial “desolador”, y con la sospecha de que podría ocultar dinero en el extranjero.
Carlos Fabra
El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, también acabó entre rejas aunque pudo esperar a que el Tribunal Supremo confirmara la condena de la Audiencia Provincial de Castellón, de cuatro meses de prisión por varios delitos fiscales por haber defraudado a Hacienda cerca de 700.000 euros.
Carlos Fabra sale de prisión de Aranjuez en aplicación del tercer grado.
Seis meses después de que el alto tribunal fijara la sentencia, la Audiencia de Castellón ordenaba ejecutarla y que ingresara de manera inmediata en la cárcel para cumplir su pena. Dos años después, conseguía el tercer grado y podía abandonar el centro penitenciario, en contra del criterio de la Fiscalía.
Exdirectivos de Novacaixagalicia
Un hecho que sorprendió al mundo judicial fue la orden de la Audiencia Nacional de ingreso en prisión de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia Banco condenados a dos años de cárcel por la indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad bancaria.
La Audiencia denegó la suspensión de la condena, una vez que el Tribunal Supremo la confirmó el pasado mes de septiembre. En su caso, el tribunal valoró la gravedad de los hechos y que el propio Tribunal Supremo considerara benévola la pena de dos años impuesta a los exdirectivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, así como al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y al asesor jurídico, Ricardo Pradas.
Además, para acordar el ingreso en prisión la Audiencia Nacional tuvo en cuenta también que los condenados no han devuelto el dinero que se fijó en sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.