El partido de Artur Mas, CDC, no sólo ocultó como donaciones el cobro de “sobornos” a empresarios a cambio de recibir adjudicaciones de obra pública sino que también recibió ese 3% en dinero en efectivo. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, ciertos indicios existentes en la causa hacen sospechar que el partido tendría dinero en alguna cuenta bancaria, o en varias de ellas, a nombre de sus tesoreros o de otras personas, donde estarían escondidas esas 'mordidas'.
La recaudación del dinero no tiene otro objetivo que la financiación ilegal de Convergencia, según sospechan los investigadores. Estas mismas fuentes sostienen que aunque el dinero fuera recaudado por los tesoreros, Daniel Osácar primero y Andreu Viloca después, nada hace sospechar que el dinero conseguido de esos empresarios fuera a acabar en sus bolsillos particulares.
Según los datos que constan en la causa que investiga el juez del Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, Osácar guardaría hasta 500.000 euros en cuentas en el extranjero fruto de las actividades ilegales, mientras que hay constatación de que Viloca quedó con un empresario directamente en un banco para realizar una transacción económica de la que no hay rastro ni en las cuentas de CDC ni en las de las fundaciones vinculadas al partido.
En el caso de Osácar -también detenido aunque puesto en libertad por esta investigación- en la actualidad no tiene ningún cargo en Convergencia, lo que podría, a priori, desvincularle de las cuentas actuales del partido. Sin embargo, cuando la Guardia Civil acudió a registrar su domicilio en agosto de 2015, él mismo reconoció que seguía trabajando en la sede de CDC, en la calle Córcega. Mantenía un ordenador allí y utilizaba el despacho asignado oficialmente al exalcalde de Barcelona, Xavier Trías.
Osácar fue tesorero de la formación desde el año 2005, y el encargado de todas las finanzas en la 'era Mas'. Oficialmente tuvo que ser apartado en el 2010 de su puesto tras su implicación en el 'caso Palau', en la que se investiga la supuesta financiación ilegal de Convergencia a través del Palacio de la Música. Sin embargo, lo que hizo demostrar el 'caso del 3%' es que Osácar en realidad seguía trabajando para el partido.
Osácar no es Bárcenas ni Pujol
Según se desprende del sumario, Osácar hizo una operación financiera en Luxemburgo por valor de 55.000 euros en el año 2009, detectado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Tres años antes, en una cuenta bancaria vinculada a él hubo un ingreso en efectivo o cheque bancario de 30.000 euros.
Además, en el año 2008, realizó un movimiento de medios de pago, en otra entidad bancaria, de 522.776 euros. “En este sentido, cabría reseñar la relevancia que pudiera tener el hecho que, el que fuera tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en ese momento dispusiera que se sepa de al menos 500.000 euros en cuentas o depósitos en el extranjero, por lo que no se descarta que dicha persona pueda tener dinero en el extranjero en la actualidad, fruto de sus supuestas actividades ilícitas”.
Ese dinero, según diversas fuentes de la investigación, no serían realmente de él sino del partido presidido por Artur Mas. Se trataría de una situación distinta de la vivida por el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien llegó a ingresar en cuentas suizas a su nombre hasta 8 millones de euros, y todo hace indicar, según se desprende de la instrucción y juicio por el 'caso Gürtel', que ese dinero lo sustrajo él de pago de comisiones de empresarios para su propio beneficio.
También sería distinta a la de la familia Pujol. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al antecesor de Mas, Jordi Pujol, a su mujer, y a varios de sus hijos -principalmente al mayor, Jordi Pujol Ferrusola- por esconder dinero en el extranjero procedente de la corrupción política del 'ex molt honorable'. En su caso, el reparto de ese dinero entre los hijos del expresidente haría indicar que en su caso parte del dinero que fue destinado a Convergencia por empresarios acabó en manos de la familia Pujol.
En este caso, el fiscal que interrogó recientemente al hijo menor de Pujol, Oleguer, se lo dijo bien claro: “El único origen de los fondos de la familia Pujol-Ferrusola es la corrupción de Jordi Pujol i Soley”.
“Dinero flotante” de CDC
La investigación del 'caso del 3%' sobre la financiación ilegal de Convergencia deja en entredicho toda la gestión de Artur Mas como presidente del partido. Durante años, el partido ha recibido de manera sistemática el pago de 'mordidas' de empresarios a cambio de recibir obra pública.
Mas 'vende' públicamente que seta investigación es un ataque del Estado contra la independencia catalana. Sin embargo, la agenda de su tesorero con todos los pasos seguidos con empresarios minuciosamente apuntados, además de diversas declaraciones de testigos e investigados, así como el propio análisis de las adjudicaciones de obra pública, demuestra que el 'caso del 3%' no es una bomba de humo lanzada por el Estado, tal y como hace creer Mas, sino que es una investigación judicial llevada a cabo por un juez, la Fiscalía Anticorrupción, y la Brigada de Información de la Guardia Civil, que cada paso que dan acorralan más al presidente del partido y expresidente de la Generalitat.
En un informe elaborado por la Guardia Civil al juez instructor, señala ya la existencia de “dinero flotante” dentro de la operativa de cobro de “sobornos” a empresarios, con el tesorero Andreu Viloca como “mediador-conseguidor”. Los investigadores han conseguido cdertificar por lo menos siete casos en los que se aplica el mismo 'modus operandi' para el cobro de esas 'mordidas'.
Entre la fecha de publicación de un concurso público hasta la fecha de adjudicación oficial de éste, existen reuniones entre el empresario al que se le va a adjudicar y el tesorero del partido, cono un pago de una donación por parte de la empresa señalada entre medias.
El dinero, en otro sitio
Sin embargo, las sospechas abiertas es que no sólo se cobró a través de donaciones sino con dinero en efectivo. Un encuentro entre Viloca y el administrador de Oproler (una de las empresas contratistas en Cataluña), Sergio Lerma, dentro de una sucursal bancaria para proceder a una transacción económica ha levantado todas las alarmas de los investigadores. En la fecha de la cita, el 20 de marzo de 2012, no consta ninguna donación de esa empresa a ninguna de las fundaciones del partido, por lo que ese dinero acabó en otro sitio.
Lo que sí tienen los agentes encargados de la investigación demostrado es que seis días antes de ese encuentro, el 14 de febrero de ese año, a Oproler se le adjudicó, a través de una UTE, el concurso de la construcción del Centro de Atención Primaria (CAP) de Mataró (Barcelona). Esta obra tenía que ser adjudicada por la empresa pública GISA, cuyo director general entonces, Josep Antonio Rosell, se reunió en esas fechas con Viloca, supuestamente para que este último le dijera la empresa a la que debía adjudicar la obra.
Además, del supuesto pago que se hizo a Viloca directamente en aquella sucursal bancaria, las dos empresas que formaban la UTE pagaron en donaciones a la fundación CatDem -vinculada a CDC- un total de 95.000 euros, “cantidad ésta sumamente aproximada a los 96.933 euros que supondría el 3% del total de la obra (3,2 millones de euros)”, sostienen los informes policiales.
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