El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, se ha referido este lunes a posibles errores administrativos en el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad, pero en ningún caso considera que pudiera tratarse de corrupción.

Sánchez, quien ha comparecido en un hotel situado en las inmediaciones del Palacio de Justicia una vez concluida su declaración en sede judicial en calidad de investigado por el 'caso Auditorio', ha reiterado, igualmente, que dimitirá cuando haya imputación formal.

"Vamos a seguir cumpliendo el acuerdo, otra cosa es que otros quieran interpretarlo de otra forma"; ha afirmado Sánchez, quien advierte que ahora "la justicia es la que tiene que hablar y mientras nosotros a trabajar".

Por ello, ha pedido a Ciudadanos que interprete el pacto en Murcia "como se interpreta en el resto de España y en la propuesta que presentó en el Congreso".

Sánchez, que ha contestado en el interrogatorio a las preguntas que le ha efectuado el instructor de la causa, el magistrado Julián Pérez Templado, las del Ministerio Fiscal y su letrado, Francisco Martínez Escribano, ha recordado nuevamente que esta denuncia partió del PSOE lumbrerense; "demasiadas denuncias", ha lamentado.

Sólo era "impulsor político"

El presidente de Murcia ha declarado que él no conocía al arquitecto director del proyecto, Martín Lejárraga, y que no llevaba la parte técnica de la obra, sino que era el "impulsor político".

Sánchez, investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, ha declarado ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia instructor de la causa, Julián Pérez Templado.

Según fuentes cercanas al caso, el presidente ha dicho a preguntas del Ministerio Público que no manejaba información técnica del proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban llegando de los técnicos municipales.

El presidente, que ha llegado al Palacio de Justicia junto a su abogado, Francisco Martínez-Escribano, minutos después de las 9:00 horas, se enfrentó desde las diez de la mañana a un prolijo interrogatorio del fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, y del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que, tras un receso de quince minutos, continúó.

La toma de declaración, que tiene lugar en la sala del jurado del Palacio de Justicia, se inició con el interrogatorio del Ministerio Fiscal a cargo del recién nombrado fiscal superior y del fiscal especialista en delitos de corrupción.

Los dos representantes del ministerio público están desarrollando en turnos alternativos un detallado interrogatorio al presidente, que era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras los años en que se proyectó y construyó el auditorio municipal, que fue recepcionado por el ayuntamiento sin que estuvieran terminadas las obras.

Según fuentes cercanas al caso, en el que se han personado como acusación particular los partidos Podemos y Psoe de Puerto Lumbreras, el presidente ha contestado que no conocía al arquitecto director de la obra y que él era el impulsor político del proyecto.

"Los técnicos avalaron las decisiones", ha subrayado el presidente.

Al parecer, Pedro Antonio Sánchez ha explicado que él no manejaba la información sobre el proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban pasando los técnicos municipales.

Además, ha reiterado que los seis millones de euros que aportó la Comunidad Autónoma en forma de subvención están invertidos en la obra.

Otras fuentes consultadas destacan que el presidente no ha eludido ninguna pregunta del ministerio público y que solo se ha remitido a los técnicos cuando le han requerido información "muy concreta" sobre el proyecto constructivo, como por ejemplo el tipo de cemento empleado en la obra.

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