El fiscal Anticorrupción ordenó frenar dos días antes la Operación Lezo contra Ignacio González

La Operación Lezo saltó este miércoles con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y sus máximas personas de confianza tras años de sospechas de que el sucesor de Esperanza Aguirre habría utilizado su posición de cargo público para desviar fondos además de llevar un tren de vida muy superior al marcado por sus ingresos. Sin embargo, este operativo peligró durante las horas previas tras una orden del nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, de frenar parte del operativo que estaba ya montado junto a la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Según fuentes conocedoras del asunto, Moix ordenó este lunes a los fiscales encargados del caso Carmen García Cerdá y Carlos Yañez que frenaran parte del operativo que estaba previsto para el míercoles y que llevaban meses preparando. El fiscal jefe consideraba que se estaba haciendo una investigación prospectiva en una de las partes que afectaba a Ignacio González y otros antecesores suyos en la Comunidad de Madrid.

Esa orden fue transmitida primero verbalmente y al día siguiente por escrito. Los dos fiscales no aceptaron esa orden, en base a que toda la investigación había sido avalada por el anterior fiscal jefe Antonio Salinas y por Belén Suárez, que estuvo de jefa en funciones hasta que se nombró a Manuel Moix como fiscal jefe tras la llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía General del Estado. También había sido visada anteriormente por la fiscal general Consuelo Madrigal, además de que el propio Maza también la había revisado a su llegada.

Tras oponerse a esa orden, los fiscales plantearon el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal que permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción para que voten si la orden debe ser acatada, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras del caso.

El artículo 27 dice: “El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo prenamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala. Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera”.

Quiso evitar ciertos registros

La Operación Lezo se lanzó este miércoles después de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y judicializada en 2016. Tras la orden del fiscal jefe, se planteó una Junta de Fiscales que se celebró este martes. Moix expuso por qué parte del operativo e imputaciones debían quedar fuera de la causa, así como la calificación de ciertos delitos, como el aplicar organización criminal a Ignacio González y el resto de investigados.

Tras escuchar, los dos fiscales encargados del caso expusieron las razones por las que se debía registrar el Canal de Isabel II y requerir a la Comunidad de Madrid una serie de documentación necesaria para el futuro de la investigación y conseguir documentos que acrediten las irregularidades que sospechan se han cometido en las compras de sociedades extranjeras por parte del Canal de Isabel II pagando a un precio hasta cuatro veces por encima del real. Las sospechas es que ese dinero luego fue desviado en favor de diversos cargos y funcionarios públicos.

Tras ambas exposiciones, varios compañeros expusieron la necesidad de llevar a cabo la operación tal y como ya estaba planteada dado que hay indicios suficientes para sospechar que hay pagos de comisiones e irregularidades en el manejo del dinero público. Gran parte de los indicios provienen de las intervenciones telefónicas a Ignacio González y su hombre en el Canal, Edmundo Rodríguez, quienes reconocen el “robo” hecho en la empresa pública madrileña.

A la hora de la votación, todos los fiscales presentes en la Junta (22) votaron a favor de continuar con la 'Operación Lezo' salvo uno que lo hizo en contra, junto al fiscal jefe, y otro se abstuvo de votar. Según fuentes de la Fiscalía, no se había celebrado una Junta de Fiscales por una orden de su superior por lo menos desde hacía diez años. En todo el mandato de Antonio Salinas nunca hubo ninguna.

La Guardia Civil en vilo

Tras esta junta, Moix decidió retirar su orden y permitir que los fiscales del caso siguieran adelante con todo el operativo que estaba planeado para el día siguiente. El debate interno de los fiscales mantuvo en vilo a la Guardia Civil, con un extenso dispositivo ya preparado para actuar. La magnitud de la Operación Lezo ha obligado al Instituto Armado a destinar dos jornadas de trabajos ante la imposibilidad de condensar todos los registros en un solo día. La incertidumbre que generó la decisión del fiscal jefe Anticorrupción con sus reservas afectó a decenas de agentes a la espera de saber si tendrían o no que actuar.

Las fuentes consultadas por este periódico recuerdan que, aunque el operativo está dirigido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, son muchos los agentes movilizados de otras unidades para apoyar decenas de diligencias simultáneas. Junto a los investigadores principales, estos días en Madrid también se ha desplegado fuerza uniformada, incluyendo unidades caninas para los registros.

Este apoyo parte principalmente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha prestado también efectivos de la Policía Judicial para llevar a cabo reseñas sobre registros o trámites con los detenidos. Todo este dispositivo, empezando por los despachos de los máximos responsables de la UCO, vivieron 48 horas de suspense a la espera de acontecimientos sobre una operación que llevaban cerca de dos años trabajando.

“Yo intenté poner a Moix en su día”

Precisamente, en las grabaciones a Ignacio González, interceptadas por la UCO por orden del juez Velasco, aparece una conversación entre el ex presidente madrileño y el ex ministro Eduardo Zaplana, en el que hablan del nombramiento de Moix. González estaba muy preocupado con su investigación abierta por la compra de un ático en Marbella y comenta con Zaplana la necesidad de cambiar al fiscal de Anticorrupción que llevaba el asunto. Antes de eso, se debía nombre al fiscal jefe de esta Fiscalía especial.

Ignacio González: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno”.

Cs pedirá la comparecencia del ministro de Justicia y del FGE

Tras conocerse las informaciones relativas a las filtraciones del Gobierno a González sobre su detención y las presiones a la Fiscalía, Ciudadanos ha registrado la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del Fiscal General del Estado, para que den explicaciones. 

"Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha dicho Albert Rivera en declaraciones a los periodistas. Para el líder de Cs, "el ministro y el Gobierno tienen ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales" y de "chivatazos".

Rivera, que ha recordado que Cs tiene "obsesión" con la despolitización de la justicia y de la Fiscalía, quiere saber si el ministro "en vez de hacer y repartir justicia, está dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen". "Es extremadamente grave que quien tiene que investigar un delito dé instrucciones de no investigar delitos", ha añadido.