Ignacio González, brazo derecho de Esperanza Aguirre y su sucesor en el Gobierno de Madrid, además de exsecretario general del PP madrileño, duerme desde este viernes la prisión de Soto del Real con seis graves imputaciones delictivas a sus espaldas. Todas están vinculadas con actuaciones de corrupción que han causado graves perjuicios a los madrileños pero que se extienden, una vez más, a la posible financiación ilegal del PP.
Llegada del vehículo de la guardia civil con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la carcel de Soto del Real
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que fustiga también al PP como instructor de la trama Púnica, atribuye a González delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales, según una resolución dictada en la noche de este viernes a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El instructor escuchó durante dos horas y cuarenta y cinco minutos las explicaciones del ex presidente del Gobierno de Madrid y luego lo mandó a la cárcel, tal como habían pedido los fiscales anticorrupción Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez.
Qué se le imputa
Los investigadores sitúan a González en el epicentro de la operación Lezo, iniciada judicialmente en julio de 2016 y que estalló el pasado miércoles con 12 detenciones, entre ellas la del propio González.
Los hechos que se le atribuyen se estructuran en cinco apartados: la instrumentalización de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar al PP; la obtención de comisiones ilegales por adjudicaciones relacionadas con el Canal de Isabel II, organismo del que se hizo cargo González en 2003; el enriquecimiento a través de plusvalías ilícitas en inversiones realizadas por el Canal; el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a OHL del tren de Móstoles a Navalcarnero y la ocultación y 'lavado' del dinero conseguido.
Financiación del PP
De acuerdo con la investigación, en 2011, cuando González era vicepresidente del Gobierno de Aguirre y de él dependía el ICM, solicitó al consejero delegado de este último organismo la entrega de un millón de euros que serían destinados a sanear las cuentas del PP del ejercicio de 2012, lastradas por los gastos electorales de los comicios autonómicos de mayo de 2011.
El dinero se consiguió, supuestamente, 'inflando' el coste de contratos adjudicados por el ICM a Price Water House y a Indra. Posteriormente, a través de un entramado societario interpuesto, Price e Indra pagaron servicios de empresas proveedoras de recursos electorales al PP de Madrid.
El resto de las actividades imputadas se refieren a la adjudicación a Acs de la construcción de las instalaciones deportivas GolfCanal y la obtención de comisiones ilegales a través de empresas controladas por el hermano y el cuñado de González; la compra por el Canal de la empresa brasileña Emissao a un precio sobrevalorado y el supuesto pago por OHL de una comisión de 1,4 millones por la adjudicación del tren de Navalcarnero.
Rodríguez Sobrino, también a prisión
Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de La Razón y expresidente de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, también ha sido enviado a Soto del Real por su implicación en la compra de Emissao.
El instructor ha adoptado este viernes medidas cautelares menos gravosas para otros cuatro investigados. Pablo González y Juan José Caballero, hermano y cuñado de Ignacio González, podrán eludir la cárcel si prestan fianzas de cuatro millones y 100.000 euros, respectivamente.
Javier López Madrid, consejero del Grupo Villar Mir, defendido por el abogado Carlos Domínguez, ha quedado en libertad bajo fianza de 100.000 euros que deberá prestar antes del próximo día 28. La Fiscalía había pedido para él prisión eludible con una fianza de un millón de euros.
El consejero delegado de la Agencia Informática de Madrid, José Martínez Nicolás, asistido por Adolfo Prego, también ha quedado en libertad con fianza de 100.000 euros a consignar antes del día 28. La decisión del juez rebaja notablemente la petición de los fiscales, que reclamaron para él prisión incondicional.